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La auditoría interna 27/2019 de Petróleos Mexicanos (Pemex) revela fallos en una de las principales estrategias del gobierno federal en contra del crimen organizado: el combate al robo de combustibles, también conocido popularmente como huachicol. El tema sigue siendo preocupante, porque el Informe nacional de seguridad respecto de la desviación diaria de hidrocarburos señala que entre el 1 y el 7 de octubre de 2020 se sustrajeron ilegalmente 35 mil barriles de combustible de los ductos de la petrolera.

Es un hecho que se ha abatido el gran robo que padecía la industria en el sexenio de Enrique Peña Nieto –cuando el promedio en noviembre de 2018 alcanzó los 81 mil barriles robados diariamente–, pero de julio a septiembre se ha presentado un repunte, al pasar de un promedio de hurto de 3 mil barriles diarios en mayo y junio, a 4 mil barriles al día en julio y agosto, y a 6 mil barriles diarios en septiembre. Por ello es fundamental que el ingeniero Octavio Romero Oropeza ponga orden en esta materia.

Y es que en los hallazgos, el expediente de auditoría expone que hasta el ejercicio de 2019, la principal empresa del Estado mexicano presentó “falta de coordinación entre la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) para la presentación de denuncias y/o querellas” relativas a tomas clandestinas descubiertas en el país.

Agrega que de la revisión a la muestra solicitada al área auditada, se identificaron expedientes en los que la denuncia se presentó directamente por personal de la Subdirección de Salvaguardia, y no de la Dirección Jurídica, de la Subdirección Jurídica Contenciosa o de la Gerencia Jurídica Contenciosa Penal.

Ello, pese a que estas últimas áreas son las encargadas de determinar las estrategias jurídicas para la atención del mercado ilícito de combustibles y coordinar las acciones para su aplicación, prevista en los artículos 146, fracción XII; y 150, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos vigente.

Por ello, la auditoría recomienda a la titular de la Dirección Jurídica instruir a la Subdirección Jurídica Contenciosa y a la Gerencia Jurídica Contenciosa Penal que “lleven a cabo las acciones necesarias para que exista definición basada en criterios claros respecto de la uniformidad de quién debe presentar las denuncias y/o querellas o, en su caso, se determine –si la Dirección Jurídica así lo estima pertinente– cuándo otras áreas administrativas de Petróleos Mexicanos, diferentes a esa Dirección, puedan recurrir directamente ante la autoridad judicial, a fin de salvaguardar con la debida oportunidad los intereses de Petróleos Mexicanos, cuando se detecten hechos que pudieran ser constitutivos de la comisión de delitos en materia de hidrocarburos”.

El informe señala que “fue hasta noviembre de 2018 cuando entraron en vigor las ‘Políticas y procedimientos para la atención de eventos relacionados con tomas clandestinas y mercado ilícito de combustibles en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales’, en las que se establecieron los protocolos para la actuación e investigación aplicables a las áreas que participan en los operativos institucionales, y cuyo apartado ‘III. 3. Procedimiento para la atención de eventos ordinarios relacionados por tomas clandestinas y mercado ilícito de combustibles’ especifica que la presentación de denuncias corresponde el área jurídica”.

Y añade: “no obstante, durante el ejercicio 2019, personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica continuó presentando denuncias ante el Ministerio Público, como se advierte en el expediente identificado con número NUAJ 96481, lo que podría implicar inobservancia a lo establecido en las referidas Políticas y denota la falta de coordinación entre las áreas”.

“Durante el ejercicio 2019, personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica continuó presentando denuncias ante el Ministerio Público, como se advierte en el expediente identificado con número NUAJ 96481, lo que podría implicar inobservancia a las normas y denota la falta de coordinación entre las áreas”.

El informe denominado “Auditoría a los mecanismos e instrumentos implementados para la representación de los intereses jurídicos de Petróleos Mexicanos, en controversias de carácter penal por la comisión de delitos en materia de hidrocarburos” –integrado por más de un centenar de fojas–, también refiere que, “como parte de los servicios incluidos en el PAT 2019, se auditó a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, por lo que a efecto de verificar la trazabilidad de la presentación de denuncias que esa área remitió a la Dirección Jurídica, mediante aviso de inicio y requerimiento de información –con número de oficio CA/COMAUD/AI/GAFI/751/20l9, del 22 de julio de 2019–, se requirió la relación de los oficios a través de los cuales dicha Subdirección hizo de su conocimiento hechos relacionados con delitos en la materia de hidrocarburos”.

Al respecto, agrega que el área auditada manifestó: “la Subdirección de Salvaguardia Estratégica solicita la intervención de la DJ [Dirección Jurídica] a través de diversos medios: i) oficio; ii) correo electrónico; iii) llamada telefónica; iv) WhatsApp; a través de los cuales hace del conocimiento reportes sobre hechos relacionados con posibles delitos en materia de hidrocarburos. Y la atención proporcionada se refleja en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal para la investigación correspondiente, mismas que se encuentran en el Sistema Institucional de Control de Asuntos Jurídicos (SICAJ)”.

Ante esa respuesta, la Auditoría Interna de Pemex señala que “no contó con elementos que acrediten la trazabilidad de los oficios que remitió la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, ni la atención y/o seguimiento brindado por la Dirección Jurídica, situación que pone de manifiesto la falta de coordinación entre ambas áreas para la atención de posibles denuncias en materia de hidrocarburos”.

Asimismo, determina que la causa raíz de esta problemática es la “falta de coordinación para la presentación de denuncias entre la Dirección Jurídica y otras áreas que intervienen en la estrategia integral para abatir el mercado ilícito de combustibles”.

Huachicol, delito de urgente atención

El informe de la auditoría hace “hincapié en que la función jurídica penal es un servicio de 24 horas los 365 días [del año], para la presentación de denuncias con y sin detenido en los diferentes ámbitos territoriales competencia de cada gerencia”. Y es que en cada rincón del país la Dirección jurídica es la que se tiene que hacer cargo. Para ello, los auditores le recuerdan que “la función jurídica institucional se traslada, de acuerdo con el ámbito de competencia territorial, a las gerencias jurídicas regionales (Norte, Noreste, Pacífico Bajío y Sureste)”.

Además, indican que “las actividades para el desarrollo de la función jurídica comprenden: el traslado a las oficinas de la autoridad para la atención personal del asunto (comisiones); integrar las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República; asistir a audiencias con un promedio de duración de 8 horas cada una. preparar las audiencias; atender consultas; preparar los juicios oportunamente; registrar la información en el Sistema Institucional de Control de Asuntos Jurídicos (SICAJ); atender la correspondencia que reciben a través del Sistema de Administración de Correspondencia (SAC); elaboración y archivo de expedientes físicos; estudio de cada asunto para aportar los datos de prueba procedentes; reuniones con las áreas operativas para que proporcionen la documentación requerida por la autoridad en los plazos que establezca y en los señalados en la normatividad interna en Pemex; además de considerar que algunos abogados son multimateria, es decir que tienen a su cargo la atención de asuntos penales, laborales, etcétera”.

Los auditores consideran que el robo de hidrocarburos en México “es un fenómeno extremadamente preocupante”, que las pérdidas por dicha actividad son considerables y que “el daño al erario y a la economía mexicana no tienen precedente en la era moderna”.

Asimismo, atribuyen este delito a las “organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo, el cual les reporta miles de millones de dólares al año”. Al respecto agregan que, “si bien, ya se conoce la jugosa rentabilidad que genera este negocio a las organizaciones criminales, los continuos golpes policiales y militares han provocado que éstas abran nuevas vías de financiación, tales como el robo de combustible, tráfico y trata de personas, y minería ilegal. Lo anterior, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación, lo cual a su vez les confiere mayor resistencia frente a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública”.

 

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