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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para que se abstenga de desaparecer el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), pues de lo contrario el Estado mexicano estaría dejando en desamparo y sin certezas firmes sobre los recursos para su debida atención a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y las desapariciones.

Sobre la reforma a la Ley General de Víctimas, presentada en el Congreso la semana pasada –que acarrearía la desaparición del FAARI, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)–, el Movimiento recordó que el Estado tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos.

Dijo que en todo momento las familias han llevado a cabo labores de búsqueda de personas desaparecidas, han participado activamente con propuestas de política pública acordes a la realidad nacional, y han trabajado arduamente para acceder a la verdad y a la justicia.

Como producto de estos esfuerzos colectivos, señaló, se han logrado conquistar derechos hoy establecidos en la ley, como los relacionados con los medios materiales suficientes para continuar con la búsqueda de las víctimas desaparecidas.

“La situación compleja que enfrentan las familias de personas desaparecidas, ahora agravada por la pandemia por la Covid-19, no es por elección, es producto del abandono y el incremento de la violencia, descuido de los anteriores gobiernos. Pedimos al gobierno en turno no repetir tales acciones y errores que violentan nuestros derechos”.

Por lo tanto, es necesario que los recursos del FAARI, no sólo no desaparezcan, sino que sean incrementados, y estén disponibles,  accesibles y debidamente etiquetados en el presupuesto público, para que familiares de personas víctimas continúen realizando tales trabajos.

“Como lo hemos dicho, hoy reiteramos que es fundamental no tocar y fortalecer el  Fondo ni el presupuesto asignado a la CEAV, siendo conscientes que es igualmente importante la efectiva transparencia y supervisión en las instituciones encargadas de la gestión de dichos fondos públicos destinados para todas las víctimas, con lo cual queremos enfatizar que es obligación del Estado garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y nuestro derecho a una buena gestión de estos recursos”.

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