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La impunidad de la mayoría de los crímenes cometidos en el pasado (y el día de hoy) por servidores públicos se finca en el pacto de silencio, es decir, en el acuerdo entre los perpetradores para protegerse entre ellos a cambio de ventajas económicas o de otra índole. Y este pacto de silencio es posible porque hay la posibilidad de destruir y traficar archivos de la administración pública.

La pandemia se convirtió en el pretexto fácil de varias dependencias de los tres niveles de gobierno, y de los tres Poderes, para no cumplir con las obligaciones que tienen frente a la sociedad. Una de ellas está relacionada con la organización, sistematización, preservación y custodia de los archivos que deben generar.

Para nada estamos ante un asunto menor. Estamos ante la posibilidad de evitar crímenes y de que, si se cometen, no queden en la impunidad: que los perpetradores sean identificados y sancionados. Y que no haya tráfico ilícito de los documentos que luego sirven para extorsionar o cometer más delitos. Por supuesto, no es ésa la única finalidad de la preservación de la memoria histórica pero el ejemplo nos sirve para destacar la importancia del tema.

La semana pasada conmemoramos dos hechos muy dolorosos, crímenes de lesa humanidad cometidos, principalmente, contra estudiantes de distintas generaciones en hechos con 46 años de distancia entre ellos: la masacre del 2 de Octubre de 1968, en la plaza de la Tres Culturas de la Ciudad de México; y la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La impunidad de ambos hechos está sustentada, claro, en la complicidad entre los perpetradores, funcionarios públicos, y en su pacto de silencio. Pero este pacto es posible porque no hubo registro documental de sus acciones. Y si lo hubo, fue fácilmente sustraído y eliminado.

“La impunidad se sustenta en el pacto de silencio, y éste en la posibilidad de destruir archivos”

¿Tendremos claro como sociedad que un destino muy distinto hubieran tenido los hechos del 2 de octubre y del 26 de septiembre si se hubieran preservado los documentos de comunicación entre las dependencias involucradas y las instrucciones que se giraron para tratar la inconformidad de los estudiantes?

En primer lugar, muchas de las órdenes que se dieron no hubieran podido efectuarse. En segundo lugar, aquellas que se giraron y se ejecutaron habrían tenido un respaldo documental que pudiera identificar a los responsables.

Hoy contamos, en el papel, con una nueva Ley General de Archivos que obliga a las dependencias a generar, preservar y custodiar sus archivos. Se trata, finalmente, de otra arista de la lucha contra la corrupción y en favor de la rendición de cuentas.

El asunto es que, al día de hoy, y luego de 2 años de un gobierno que ha prometido acabar con la corrupción y la impunidad, solamente 25 sujetos obligados del ámbito federal han concluido su inscripción ante el Registro Nacional de Archivos y 18 más han iniciado el proceso. Es decir, alrededor de 250 faltan por atender lo que dispone la ley, entre ellos secretarías de estado, institutos, universidades, comisiones, centros… Y el plazo legal vence el primer día de 2021.

Y si así está la Federación, los estados están peor. No sólo no han diseñado sistemas estatales, sino que la armonización que debieran tener ya con el nivel federal no se ve para cuando.

Lo sorprendente es que el plazo que tenían los congresos locales para armonizar sus leyes con la General de Archivos venció el pasado 15 de junio. Trece han cumplido y dos se encuentran en proceso de hacerlo. Los demás, 17, no han hecho nada. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación (AGN) y presidente del Consejo Nacional de Archivos (Conarch), prácticamente les suplicó a los sujetos obligados de los ámbitos federal y estatal que atiendan lo que dispone la ley y se inscriban en el Registro Nacional de Archivos. Lo anterior durante la Primera Sesión Ordinaria del Conarch, realizada de manera virtual el pasado 25 de septiembre.

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Por cierto, sigue cerrado el gobierno federal y todo indica que, por la pandemia, abrirá hasta el próximo año. ¿Abrirá sus puertas el AGN ya con la posibilidad de consultar todos los archivos de las policías políticas DFS, DIPS, Servicio Secreto, y sobre todo, de las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional y de Marina?

Sí. La batalla contra el pacto de silencio está en los archivos. Si decimos “Nunca más” a las masacres, fraudes y otros crímenes, debemos exigir que se generen y preserven los archivos, más allá de quién ocupe la Presidencia de la República.

Fragmentos

Que sí, que lo expresidentes sean juzgados y, junto con ellos, sus cómplices en el ámbito gubernamental y empresarial.