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En el Senado de la República se discute incorporar un capítulo noveno al Código Penal Federal denominado “Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas”. En dicho apartado se contemplarán como ilícitos las terapias de conversión sexual, por lo cual “se impondrá de dos a seis años de prisión y una multa de 1 mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Un reporte del Instituto Belisario Domínguez indica que, según la iniciativa, “la pena aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad, o bien cuando los delitos contra la orientación sexual y la identidad de género sean cometidos por personas que tengan una relación laboral con las víctimas o ejerzan violencia física, psicológica o moral”.

Agrega que las las comisiones dictaminadoras argumentan que en México los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (ECOSIG) son prácticas que vulneran la dignidad, libertad y derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual (LGBTTII). Asimismo, las comisiones resaltaron que los intentos por convertir las preferencias e identidad sexuales atenta contra el derecho de las personas a no recibir tortura ni tratos crueles e inhumanos.

Es por eso que los senadores apuntaron en el proyecto que en caso de que quien realice los ECOSIG sean los padres o tutores, la amonestación o apercibimiento será dictaminado a consideración de un juez.

Asimismo destacaron que cuando los delitos sean cometidos por profesionales de la salud , la reforma a la Ley General de Salud establece que serán sancionados conforme a lo señalado por el Código Penal Federal. “Además serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.  En caso de reincidencia del personal de la salud, aplicará la prohibición definitiva del ejercicio profesional y la cancelación de la cédula profesional respectiva”, señaló la nota informativa del Instituto Belisario Domínguez.