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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los legisladores Congreso de la Unión a que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, “ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste –sin las previsiones debidas– generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”.

En un comunicado, señaló que “a través de este mecanismo, los agraviados han encontrado una oportunidad para continuar ejerciendo su labor informativa y de defensa de derechos humanos en beneficio de la sociedad, por lo que no debe perderse de vista la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado”.

Y recordó los altos índices de violencia que padece México en contra de las personas defensoras, periodistas y comunicadores, “quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción”. También señaló que las agresiones ocurren “en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizado”.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben tener claro “que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la inexistencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos”.

Por ello, la CNDH demandó a las autoridades “la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”.