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En vísperas de la celebración del 60 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, consumada por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, es importante comentar la iniciativa de ley presentada en San Lázaro por el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniel Gutiérrez Gutiérrez, que busca devolver al Estado el control y la soberanía de los recursos energéticos del país, para recobrar el sentido nacionalista que alentó a López Mateos como a  Lázaro Cárdenas del Río a devolver a la nación la propiedad del petróleo y la electricidad, riquezas entregadas en el porfiriato a empresas extranjeras, mismas a las que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto volvió a empoderar.

El legislador expone en su propuesta del pasado 14 de septiembre que la reforma de 2013 tuvo una “clara finalidad privatizadora”, y cuyas modificaciones constitucionales llevaron implícita la apertura al capital privado lo mismo a Pemex que a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el argumento de mejorar su competitividad y modernizarlas, situaciones que además de no concretarse pudieron “realizarse sin necesidad de efectuar los cambios constitucionales”, que como ha quedado al descubierto tuvieron un alto costo  por la corrupción que envolvió a quienes los aprobaron en el Congreso.

Daniel Gutiérrez sostiene que bajo la premisa de que el desarrollo económico nacional debe implicar un “profundo sentido social”, el Estado debe recuperar la exclusividad sobre los sectores esenciales como parte de una estrategia de crecimiento integral basada en una explotación de las riquezas naturales en favor de las mayorías.

Por ello, el morenista plantea la necesidad de hacer las modificaciones necesarias a los párrafos quinto del artículo 25 constitucional; al séptimo del artículo 27; al cuarto del artículo 28, derogando el octavo del artículo 27.

En el artículo 25 quedaría explícito el papel del Estado, al proponer: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control de los organismos y empresas del Estado para su manejo”.

Respecto al 27, plantea establecer: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado se haya otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales quye se requieran para dichos fines”.

Los cambios al párrafo cuarto del 28 constitucional, señalan en la iniciativa de Gutiérrez: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión…”

Esta iniciativa que sin duda es de gran calado por sus implicaciones hacia a una renacionalización del sector energético, debe ser además el punto de quiebre para poner al descubierto a la nación los torcidos fundamentos de la Reforma Energética del pasado sexenio, que nunca se sustentaron en la opinión de expertos ni en los sectores sociales involucrados; desde hace años, demandamos la realización de foros de cara al país, para que antes de entregar nuestra soberanía energética se midieran los alcances de tan antinacionalista acción.

En el contexto de la propuesta del diputado Gutiérrez, vale la pena retomar las “recomendaciones” que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hizo al gobierno de Enrique Peña Nieto para que diseñara una reforma a la medida de las multinacionales y contraria a los intereses de las mayorías.

En la exposición de motivos de su iniciativa ante el Congreso, el expresidente estableció: “La reconceptualización del papel del gobierno federal en las empresas productiva del Estado implica que aquel deje de ser su ‘administrador principal’ y se sume como propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los principios de gobierno corporativo de la OCDE y las directrices de ésta sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, recomienda que las funciones de propietario estén claramente definidas y delimitadas, de manera que el gobierno, como dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”.

Las “recomendaciones” de la OCDE fueron aplicadas al pie de la letra por Enrique Peña Nieto, con el visto bueno de la mayoría de los legisladores que nada chistaron de esta entrega del control de las entidades públicas al capital privado, y que como indica en su iniciativa el legislador de Morena tendió a la privatización de Pemex y la CFE.

En su exposición de motivos, Gutiérrez detalla el fracaso total de la reforma peñista: “A la distancia de 7 años, los resultados de la reforma energética privatizadora de 2013 han sido opuestos a los objetivos que se habían planteado.  La producción petrolera en 2018 cayó a 1,83 millones de barriles diarios; lo que significó la pérdida en términos reales de 700 mil barriles diarios de producción”.

Y Añade: “En 2019 la producción cayó a su nivel más bajo en los últimos 40 años. En marzo del 2012, la deuda de Pemex era de 56 mil millones de dólares y para 2018 se duplicó hasta llegar a 105 mil 329 millones de dólares, para colocar a la empresa al borde del colapso financiero”.

Como estable el legislador, tal sentido privatizador no salvó a Pemex del declive financiero, tampoco incrementó la plataforma de producción y muchos menos cumplió con las expectativas anunciadas en la reforma de 2013 de bajar el costo del gas, las gasolinas y la electricidad para apoyar a las familias mexicanas y, peor aún, anuló el sentido nacionalista que animó a los presidentes Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas para hacer del sector energético una palanca del crecimiento y desarrollo económicos.

Los legisladores de la 4T, que son mayoría en el Congreso, tienen en sus manos resarcir el grave daño ocasionado a la soberanía del país sobre sus riquezas naturales. Y no está de más recordarles algo del mensaje enviado al país por el presidente López Mateos, en el histórico 27 de septiembre de 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica:

“La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución. Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe ser punto de partida para más importantes realizaciones, y ahora invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización”.

Martín Esparza*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas