Autor:

Las demandas judiciales contra periodistas y medios de comunicación han sido una práctica jurídica política utilizada en México durante los últimos 20 años –y agudizada en la última década–, que se ha utilizado como una forma de silenciar el derecho a libertad de expresión, señaló Daniel Elizondo de la Torre, integrante de Iniciativa Sinaloa, AC.

Durante la presentación del estudio “Demandas judiciales como esquema de intimidación y censura periodística en el combate a la corrupción”, el autor mencionó que una de las estrategias más utilizadas para silenciar e intimidar a defensores de derechos humanos y periodistas es el uso del sistema judicial.

Para Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, el uso indebido del derecho civil conformado en acoso judicial ha operado para silenciar las voces críticas que investigan principalmente los actos de corrupción en México. Las grandes corrupciones en este país, enfatizó durante la presentación, se han hecho públicas no por investigaciones de las autoridades, sino por investigaciones periodísticas.

Aunque en el derecho civil, continuó, las demandas por daño moral están establecidas en la legislación para la protección del derecho a la honra de las personas, “hay una clara identificación de quien está haciendo uso de estas acciones civiles contra la prensa, y mayormente lo están haciendo funcionarios públicos al momento de sentirse incomodos por la actividad de investigación de un periodista”.

Otro tema importante, señaló, son las cantidades estratosféricas por las que son demandados periodistas y medios de comunicación, que son exigidas como indemnización. La legislación civil no establece límites o topes en cuanto a la compensación económica, lo que hace posible que se generen demandas por cantidades exorbitantes, las cuales están fuera de  alcance para un periodista de este país.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionó,  no solamente las sanciones penales pueden tener efectos inhibidores e intimidantes para el ejercicio de la libertad de expresión, sino también las sanciones civiles porque tiene efectos que tocan no solamente la actividad de investigación o información, sino que también comprometen aspectos de la vida personal, familiar, económica, psicológica y emocional.

Es inadmisible que funcionarios hagan  un uso indebido del derecho para reprimir la libertad d expresión, pero es aún más inadmisible que los juzgadores que están resolviendo los casos, lo hagan de manera corrupta o en complicidad a favor de los funcionarios.

Por su parte, Daniel Elizondo señaló que con este tipo de prácticas inhibidoras del derecho a la libertad de expresión, quien sale perdiendo es la sociedad pues se le priva de su derecho a estar informada y  en una sociedad como la mexicana es de suma importancia que la población cuente con información veraz sobre asuntos públicos para que pueda exigir a sus autoridades mayores resultados.