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La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no sólo es un crimen deleznable, sino fundamentalmente la muestra de una conducta delictiva integral, permanente y reiterada que refleja los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Al rendir su informe sobre el caso Ayotzinapa, a seis años de este crimen, explicó que “en este asunto ya no cabe duda que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos, una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.

El fiscal agregó que “los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en Iguala, por ser un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero y que es vital para los grupos que la comercian en el Valle de México y para quienes trasiegan la droga a Estados Unidos”.