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Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República demandaron reformas al marco legal en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Esto, para que se les reconozca como sujetos de derecho.

A través de un comunicado, integrantes de los pueblos tzotzil, tzeltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñahñu, purépecha, na’savi, tepecano, wixarika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa –en articulación con organizaciones civiles– anunciaron la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). Ésta tendrá el objetivo manifestar que la nación pluricultural prevista en la Constitución “sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales”.

Alertaron que las reformas prometidas por el gobierno federal para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas están “congeladas, mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia. Es momento de poner alto a los atropellos en contra de las comunidades y de construir en serio una ‘nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación’”.

Por ello, exhortaron a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a “retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales, y garantizar activamente la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan”.

Además pidieron al primer mandatario, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión “impulsar la reforma constitucional a la que se habían comprometido, que busca reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos”.

Además, al Ejecutivo federal y al Congreso que “deroguen las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial; así como promover una nueva Ley de Aguas con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una ley de prohibición de la fracturación hidráulica (fracking)”.

Otra de sus solicitudes se dirigió a los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, para que aprueben “las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados”.

Finalmente a la Secretaría de Gobernación, a los órganos de seguridad, procuración y administración de justicia y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos les pidieron instrumentar “medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización”.