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La Secretaría de la Función Pública destituyó de su cargo e inhabilitó a un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 6, “Miguel Othón de Mendizábal”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por agredir sexualmente a una alumna. Ésta, indicó la institución, “es la máxima sanción administrativa permitida por la norma”.

El exprofesor del Cecyt 6 ya fue privado de su libertad, como resultado de la denuncia penal en su contra. “Ésta es la primera vez que el Órgano Interno de Control en el IPN sanciona una agresión sexual por ir en contra de los valores y principios establecidos por el Código de Ética de las Personas Públicas del gobierno federal, lo que sienta un precedente para este tipo de casos, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no especifica esta conducta como una falta sancionable”.

En un comunicado, la SFP indicó que el OIC “atendió de manera inmediata la denuncia presentada por la víctima en 2019, en la que acusó a un profesor de haberla atacado sexualmente dentro del plantel escolar”, en apego a la norma y con una perspectiva de atención a la comunidad politécnica.

“Durante la investigación, en la que en todo momento se garantizaron los derechos constitucionales tanto de la denunciante como del acusado, se realizaron diversas diligencias, entre las que destacan recabar las declaraciones de la propia víctima y de otros estudiantes del mismo plantel”, agregó el boletín.

Asimismo, indicó que “como parte de los trabajos de coordinación con todas las autoridades competentes, se valoró e integró un dictamen psicológico emitido por peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”.

Al respecto, la secretaria Irma Eréndira Sandoval aseguró que “el compromiso de este gobierno con las mujeres trasciende las palabras y se manifiesta en acciones y políticas públicas concretas. El acoso y el hostigamiento sexuales son inaceptables en la administración pública federal”.

Aunado a ello, la Función Pública emitió un nuevo “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, que entró en vigor en febrero de 2020, “y establece procedimientos de investigación y de sanción que posibilitan un efectivo acompañamiento para las víctimas y el acceso a la justicia”.

Además, en marzo pasado se integró al Código de Ética federal una reforma para prohibir el acoso sexual, hostigamiento sexual y cualquier conducta que implique una violación a los derechos humanos. “Estas medidas tienen por objetivo generar ambientes seguros en toda la administración pública federal. En el caso del IPN, que cuenta con 89 unidades académicas, y una población que incluye a cerca de 76 mil alumnas, posibilita tener mecanismos efectivos para la protección de la comunidad estudiantil”.

Finalmente se indicó que “el OIC en el IPN mantiene abiertos diversos expedientes de investigación por abuso, acoso y hostigamiento sexuales que conducirá, y en su caso sancionará, conforme a derecho corresponda como parte del compromiso para erradicar esos flagelos de la vida politécnica”.