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La evolución del crimen organizado no sólo favorece la diversificación de las actividades ilícitas y su legitimación entre la ciudadanía, sino que evidencia debilidades estructurales del Estado que han afectado a las instituciones de seguridad del país, aseguran especialistas

En México se ha elegido mal la batalla contra las drogas, que está arruinando al país, observa Fernando León Vidal Romero, director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En entrevista, indica que “es una batalla perdida porque estás peleando contra un mercado negro de bienes que tienen demanda, genera mucho dinero, por lo que es muy atractivo este giro de negocios”.

El maestro en políticas públicas por el ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford considera que, desde el ángulo de afectación a las capacidades del Estado para establecer el orden, es erróneo el planteamiento de pelear contra el crimen organizado.

“Desde el Estado se tiene la decisión de combatir a organizaciones criminales, pero desgraciadamente los recursos no alcanzan para todo, por lo que tienes que elegir a qué sí le entras y a qué no le entras. Esto es igual en cualquier país”, subraya, e indica que el caso de la Guardia Nacional evidencia estas contradicciones.

“No sólo existe poca claridad respecto de las labores de la Guardia Nacional y su relación con las Fuerzas Armadas, sino que el discurso presidencial es errático al utilizar una estrategia disuasiva o reactiva y demandar, al mismo tiempo, el mínimo uso de la fuerza del Estado”

“Al hacerlo no sólo debilita la capacidad de respuesta y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, sino que favorecen expresiones criminales de alto impacto”, enfatiza el catedrático.

“Legitimidad” del narcotráfico

El interés de los cárteles del narcotráfico por infiltrarse en organizaciones sociales de todo tipo, tanto privadas como públicas, deriva de que su legitimidad tiene como función reducir sus costos, facilitar sus procesos y funcionar de forma más eficiente, indicaron expertos del CESIG en el foro virtual “Fuerzas Armadas y crimen organizado” organizado por el ITAM.

Un elemento que converge con las dos problemáticas anteriores es que existe una batalla simbólica entre las organizaciones criminales y el Estado, cuyo referente se encuentra en el aspecto jurídico y en la operatividad de las estrategias de seguridad, señalaron Vidal Romero y Jorge Tello Peón, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y codirector del CESIG.

Los investigadores coincidieron en que una de las principales preocupaciones en torno al crimen organizado y “el narco” no son sólo los esfuerzos de legitimación por parte de los grupos criminales, sino también por la convicción que se ha generado tanto en la clase política –en los tres niveles de gobierno–, como en la ciudadanía, de que es mejor “no meterse con el narco”.

“Para el gobierno y la población es preferible que los narcotraficantes o los grupos del crimen organizado continúen con sus actividades ilícitas a cambio de que ‘dejen en paz a la sociedad’ y en alguna medida al gobierno”

Indicaron que muestra de este reconocimiento implícito se encuentra en algunas entidades del país que han registrado una especie de pax narca en donde los índices delictivos que se observan son más bajos en comparación con el resto de las entidades federativas.

Otro problema identificado por los investigadores es la negociación de la legalidad que se da al interior de la actual administración. Se reinventan procedimientos, se modifican leyes, se irrumpen las instituciones, todo con la intención de hacer que las cosas funcionen de acuerdo con sus objetivos políticos y de coyuntura, los que no coinciden en todo momento con el Estado de derecho.

Cuando se negocia la legalidad ante la urgencia de los tiempos políticos, la relación entre el poder público y el poder criminal se fortalece y se abre la posibilidad de que exista un gobierno que opera en la ilegalidad, coincidieron Vidal y Tello Peón durante su participación en el foro virtual “Fuerzas Armadas y crimen organizado”.

Para ganar la batalla de la legalidad se requeriría entonces salvaguardar efectivamente, y sin excepciones, los derechos y las libertades de las personas y respetar los límites de la actuación del Estado. La legitimidad social demanda más allá que una modulación discursiva por parte del gobierno, apuntan los especialistas.

El problema para que esto ocurra, advierten, es que nos encontramos en saldo negativo cuando analizamos el aparato institucional de seguridad pública y procuración de justicia. Más aún, este saldo negativo se ha potenciado porque nos enfrentamos a un proceso de “colonización” de las Fuerzas Armadas.

Esto es, el gobierno no reconoce la legitimidad jurídica de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero las pone al mando de la Guardia Nacional, la instancia creada para estos propósitos e integrada mayoritariamente por militares.

Lo anterior es porque el narcotráfico no es solamente una de las actividades que realizan los grupos criminales sino porque, al agrupar tanta diversidad de actores y actividades bajo una misma categoría, resulta difícil identificar quiénes son los actores verdaderamente relevantes y cuáles son sus modelos de negocios y de operación.

Los investigadores apuntaron que resulta sorprendente que después de dos sexenios y medio, todavía exista la duda sobre si el Estado debe “meterse o no con el narco”. Esto es revelador acerca de la confusión que existe frente al problema y que se vincula precisamente con los vacíos conceptuales previamente referidos.

“Sigue sin existir un consenso sobre la naturaleza y evolución del crimen organizado en México y esto genera un problema en la definición de los objetivos de las estrategias de seguridad. Al no existir definiciones no hay claridad sobre los objetivos que se buscan alcanzar al combatir al crimen organizado, tampoco son claras las prioridades y las estrategias”.

Plantearon que, si los objetivos suelen agruparse en torno a la guerra contra el narcotráfico, pero es necesario definir si lo que quiere el gobierno es reducir la violencia, reducir los homicidios, generar paz y/o reconstruir tejido social y, en función de eso, planear sus estrategias y planes de acción.

“Para lograr lo anterior es también necesario conocer y definir las prioridades dentro de la gama de actividades delictivas y mercados ilegales que existen en torno a las actividades criminales de la delincuencia organizada para diseñar e implementar la política pública más adecuada”, sugirieron.

Los investigadores enfatizaron que esta definición de objetivos y estrategias está sujeta a los vaivenes políticos y, no se trata de un ejercicio académico sino de una decisión política. La responsabilidad recae precisamente en quiénes definen los vacíos conceptuales pues es en función de esas interpretaciones que la clase política decide o no implementar determinada estrategia. “Existe una relación activa entre el crimen organizado y el Estado mexicano; esta relación no es conveniente; y no hay negociación posible con el crimen organizado”.

Desde su punto de vista, ni los grupos criminales ni el Estado buscan ganar o perder todo, es decir, no se trata de una relación de suma cero. Es un arreglo social imperfecto que define a un Estado contra sus enemigos en donde los dos, tácitamente, rompen las reglas y violan el Estado de derecho, en mayor o menor grado.

En primer lugar, porque es ilegal y atenta contra los derechos humanos de la población civil, y porque todas las experiencias internacionales indican que cuando los gobiernos acceden a participar en un esquema de complicidad con las organizaciones criminales se colocan en una posición de desventaja ya que quedan en función de la negociación que los grupos criminales estén o no dispuestos a llevar a cabo.

Para el doctor en ciencias políticas en la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales las Fuerzas Armadas tienen una ventaja frente a los distintos grupos sociales. “Tienen muy claro lo que les corresponde hacer. Sus compromisos no están en discusión. Su doctrina está lo suficientemente sólida como para pasar cualquier tramo de crisis que venga. Solo los proyectos donde están ellos avanzan. Queda claro que hay una efectividad”, sostiene.

“Hay dificultades porque la orden en el tema de la seguridad era casi ´no los toquen a los delincuentes, no hay objetivos que perseguir. “Si tú te estás enfrentando a delincuencia organizada porque te atraviesas con ellos tienen que responder, pero no es porque hayan ido tras ellos; si hubieran ido tras ellos el punto de vista de Ovidio sería diferente, ya estaría en Estados Unidos”.

Vizarretea Rosales asegura que de la Guardia Nacional es difícil tener resultados, al considerar que la han distraído en algunos aspectos, como el número de elementos. El presidente dice que son 90 mil elementos, de la Guardia Nacional dicen que son 35 mil. Valorar como un fracaso la Guardia Nacional, yo siempre he creído que es un proyecto viable.

“En el círculo del presidente hay fuego amigo contra sus propuestas, es una lucha de aquellos que creen que hay que desaparecer a las Fuerzas Armadas, otros que creen que deben de estar supeditadas en términos estrictos a no sé qué órgano y otros que creen que deben de regresar completamente a los cuarteles”.

“Se les critica por haber violado derechos humanos, como se muestra en los últimos videos, pero ésa ha sido una defensa cotidiana de la delincuencia, organizada o no. Lo que yo estoy convencido es que el modelo que tienen las Fuerzas Armadas es de una gran capacidad en términos de su formación militar. Hay que cuidar que no sean los cárteles los que nos marquen la ruta”.

Los críticos de la militarización del país concluyen que este sexenio va a ser uno de los más violentos, y no se va a resolver el problema fundamental. Sin duda este es un problema que no se va a resolver en el corto plazo. Ya vamos para el año con el índice de homicidios más alto desde que se tiene registro, al menos, desde 1997.

Débil andamiaje de seguridad pública

Durante el foro del ITAM, Vidal y Tello Peón destacaron las insuficiencias y deficiencias que presenta el andamiaje institucional de seguridad pública, particularmente a nivel estatal y municipal, potenciado por la corrupción de las policías, jueces y ministerios públicos lo que en conjunto ha impedido la implementación de estrategias de seguridad que eviten la expansión del crimen organizado y que han favorecido una relación indeseable entre el Estado y la delincuencia organizada.

“Esta debilidad institucional también ha resultado en una arritmia sistemática en donde el Estado ha actuado intermitentemente –y no necesariamente efectivamente– ante las exigencias de seguridad que le impone el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Esta arritmia evidencia que el proceso de reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano son el elemento fallido de estos últimos 15 años”.

Plantean necesario analizar caso por caso las relaciones de la delincuencia organizada con las comunidades, agrupadas en categorías operables, para desarrollar estrategias diferenciadas. Identificar los objetivos que se quieren alcanzar en materia de seguridad e implementar políticas públicas orientadas a atender dichos objetivos.

Así como incrementar los costos de operación para la delincuencia organizada, por ejemplo, endureciendo las penas contra el lavado de dinero o el robo de hidrocarburos. Construir instituciones de seguridad civiles federales bien estructuradas en sus funciones y objetivos, que tengan la capacidad de responder y enfrentar, al mismo nivel, a las organizaciones criminales.

Finalmente, reconocen que las organizaciones del crimen organizado han generado un problema de seguridad nacional; sin embargo, enfatizan que ello no significa que las Fuerzas Armadas deben ser la institución encargada de la seguridad pública ni justifica asignarles atribuciones y tareas que son competencia de las instituciones policiales.

Si bien Vidal y Tello Peón reconocen que existe la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen ­–de forma temporal y limitada– en asuntos de seguridad pública, identificaron una serie de problemas que han impedido una respuesta eficaz por parte de las Fuerzas Armadas y de las instituciones policiales en la estrategia de seguridad pública: No ha existido un proceso de reconversión de los militares que forman parte de la Guardia Nacional, que realmente los habilite para realizar labores de policías.

La desarticulación de la Policía Federal y su poca –o nula– incorporación a la Guardia Nacional representa un problema estructural para las estrategias de seguridad pública, pues la mayor parte de los delitos que se cometen en el país son del fuero común que, por formación, no resuelven los elementos del Ejército.

Si bien los órganos militares cuentan con una capacidad muy importante de despliegue y acopio de información, el tema de análisis y dimensionamiento de esa información ha demostrado tener limitaciones, lo que impide la realización de operativos que permitan identificar, detectar y atacar objetivos estratégicos del crimen organizado.

No es claro si el debate que existía en el Ejército sobre los límites de su participación en la seguridad pública ha alcanzado un consenso interno. La implicación de eso es que, si sigue existiendo algún grupo que se resista a la participación, se disminuye la eficacia y compromiso de la institución castrense en su conjunto.

A pesar de llevar tres sexenios participando activamente en la lucha contra las organizaciones criminales, las estrategias del Ejército continúan siendo ortodoxas. Los operativos militares siguen estando fundados en el despliegue físico y en una estrategia disuasiva.

Existe comunicación deficiente entre los mandos militares y las autoridades civiles de los gobiernos estatales. Prevalece un profundo desconocimiento y/o confusión a nivel gubernamental sobre las Fuerzas Armadas y sus objetivos, así como de las instituciones policiales.

Los investigadores comparten la preocupación de que una institución de seguridad pública como la Guardia Nacional, habilitada como primer respondiente a la ciudadanía, esté integrada mayoritariamente por elementos militares toda vez que la formación de los cuerpos castrenses no tiene un enfoque de derechos humanos ni de proximidad con los ciudadanos.

“Esta preocupación se potencia al analizar el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 que no contempla una estrategia clara que pueda ser considerada como un posicionamiento gubernamental para que la Guardia Nacional tenga un mayor enfoque civil y de derechos humanos”, acotan.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional no debe ser el eje de la política de seguridad pública del país, sino que debe existir una reconstrucción de la institución policial.

El poder legislativo y judicial deben ser aliados y corresponsables en la construcción y seguimiento de la estrategia de seguridad pública. Se requiere el desarrollo de nuevas estrategias por parte del Ejército y Armada de México para combatir la inseguridad y desmantelar organizaciones criminales.

Debe existir una estrategia de largo plazo con acciones sostenidas transexenales que den continuidad al desarrollo de las instituciones policiales. La política de seguridad pública debe construir con un enfoque que parte de lo local pero que se coordina desde lo federal para contar así con un modelo más coherente, articulado y realista en su diseño e implementación.