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A 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –de Ayotzinapa, Guerrero–, el comité de padres y madres de familia reafirmó la solicitud de que se esclarezca cabalmente la destrucción de los videos generados en el Palacio de Justicia del municipio de Iguala, lo cuales podrían dar cuenta del momento exacto en el que comenzó la agresión por parte de los cuerpos policiacos hacia los normalistas y el probable paradero de éstos.

Mediante un comunicado, el comité recordó que aquella noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes se encontraban abordo del  autobús 1531, que fue interceptado por la policía municipal de Iguala justo a la afueras del Palacio de Justicia. Los cuerpos policiacos intentaron bajar a los jóvenes y al no lograrlo cortaron ramas de los árboles y quebraron las ventanas, tirando bombas de gas lacrimógeno al interiory  obligando de esta forma a los estudiantes a descender del vehículo.

La policía golpeaba violentamente a los estudiantes cuando descendían del autobús y de inmediato los subían a las patrullas. También arribaron al lugar policías municipales de Huitzuco y, en sus patrullas, se llevaron a los estudiantes. También rememoraron que los testigos escucharon que cuando los policías federales preguntaban por “los chavos”, estos respondieron: “ya se los llevaron los de Huitzuco, allá el patrón sabrá qué hacer con ellos”. Otros datos de prueba corroboran la presencia de esta corporación policiaca en el lugar.

Las familias de los normalistas señalaron que la agresión a los estudiantes, la interacción de los diversos cuerpos policiacos en el lugar y el rumbo donde fueron llevados los jóvenes fue captado por seis cámaras de circuito cerrado que estaban en el palacio de justicia.

Según peritajes de expertos independientes, las cámaras tenían un radio de acción que les permitió ver toda la violencia desplegada contra los estudiantes y la identidad de los perpetradores; sin embargo, las familias señalaron que los videos del sistema de circuito cerrado no existen. Los trabajadores técnicos y autoridades del poder judicial declararon que habían intentado hacer un respaldo de los mismos pero los dispositivos estaban averiados.

A la fecha los videos continúan sin aparecer. Se desconoce si el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero inició acciones legales contra los servidores públicos implicados en la pérdida de los referidos videos, indicó el comité.

El año pasado, el Congreso de Guerrero conformó una comisión para que investigara estos hechos. Pero hasta ahora se desconocen los avances que tenga al respecto.

Por ello, el comité de madres y padres de familia demandaron el esclarecimiento del paradero de esta evidencia, o en su caso que se den a conocer qué acciones legales han emprendido las autoridades contra quienes manipularon y destruyeron tales pruebas.

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