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El Estado mexicano tiene un alto índice de violaciones a los derechos humanos. En 2017 el Índice Global contra la Impunidad destaca que, en América Latina los derechos humanos se encuentran en condiciones de mal desempeño.

En un ranking de 69 países, y en una clasificación de cero a 100 –donde cero es una nula impunidad y 100 la máxima impunidad–, el Estado mexicano se encontraba en la clasificación 100.

En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en una encuesta a más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas y de las cuales, el 64 por ciento de los internos dijo haber sufrido violencia física en su captura, incluyendo descargas eléctricas, asfixia o estrangulamiento.

Entre los años 2013 y2018, 2 mil 751 personas en prisión perdieron la vida en cárceles federales y estatales, según datos recabados por el Comité contra la Tortura de la Organización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), datos publicados en el portal electrónico de Human Rights Watch.

En Guerrero, estado del suroeste mexicano, epicentro de movimientos sociales, campesinos y populares, ha padecido desde por lo menos medio siglo la incansable estrategia de la contrainsurgencia.

Un sinfín de desaparecidos pueblan playeras, carteles y mantas con los rostros de las víctimas de un Estado criminal; asesinatos extrajudiciales a líderes campesinos, estudiantiles y sociales pueblan su historia.

A esta estrategia de control y neutralización, se suman también los casos de presos políticos como parte de esta estrategia de control y neutralización de los movimientos sociales.

En Guerrero, 41 presos políticos viven en las mazmorras de un sistema penitenciario que devela las prácticas de un sistema judicial poco confiable.

Gonzalo Molina (promotor de la Policía Comunitaria y expreso político) y Hoguer Morales Miranda (Coordinador del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos FNLP) forman parte del Comité de Apoyo, un comité que surge en respuesta por el encarcelamiento injustificado de los presos políticos del Estado,  donde algunos se encuentran recluidos en cárceles estatales y federales.

Dentro de los casos de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, resalta el nombre de José Guadalupe Hernández Arizmendi, originario del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande) quien fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) la corporación policiaca en turno, aunque por el modus operandi de la acción podría decirse que se trató de un levantón.

Su detención fue en 2003 en el marco de detenciones irregulares a luchadores sociales en la región de la Costa Chica de Guerrero. Morales Miranda comenta que la primera estrategia en la detención de Hernández Arizmendi fue acusarlo de pertenecer a la guerrilla, pero al no poderle comprobar nada, le fabrican el delito de secuestro.

Esto llevó a Hernández Arizmendi a pisar el penal del Altiplano conocido por ser la prisión de máxima seguridad en el país. Después de su estancia ahí, fue trasladado al penal de Durango; después a Miahuatlan, Oaxaca, y actualmente se encuentra en la prisión de Comitán, Chiapas.

José Guadalupe es considerado como preso de alta peligrosidad a sus 75 años de edad como si se tratara de una broma de mal gusto, esto sucede en nuestro sistema penitenciario.

Tras 11 años de no recibir sentencia, en 2014 la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR) sentenció a 34 años de prisión a Hernández Arizmendi bajo una investigación que, según la Procuraduría, reveló que el imputado pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que dentro de esta organización político-militar realizaba actividades delictivas como secuestro, robo y homicidio en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Pero la defensa apeló dicha sentencia y consiguió revocarla, hoy en día a 17 años de su aprensión su caso se encuentra sin resolver.

Esto es paradigmático ya que un año antes de la detención de Hernández Arizmendi en Puebla, México, la misma corporación AFI detuvo a Benjamín Arellano Félix, capo del Cartel de Tijuana, organización conocida por su capacidad de fuego y violencia contra sus adversarios en la década de 1990 y principios de 2000, el capo sentenciado a 22 años de prisión por el Estado mexicano, 12 años menos que un campesino (Hernández Arizmendi) de la Costa Chica de Guerrero.

El comité de Apoyo asegura que no pueden sentenciar a José Guadalupe Hernández porque no hay pruebas de los delitos de los que se le acusan y esto incurre en una reclusión injusta.

En 2003 Hernández participaba en el Frente Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y esta detención tiene un aspecto político contra la organización, comentan sus compañeros.

Morales Miranda asegura que este caso y el de los otros presos políticos son procesos viciados ya que los ministerios públicos y los tribunales no han sido capaces de resolver.

Michel Foucault, filosofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés observa a que las prisiones cumplen una función de un objetivo mayor que el de simplemente encarcelar a delincuentes. El objetivo de estas es esclavizar a todo lo que pasa por ellas a una vida de disciplina impuesta por el gobierno.

Partiendo de esta tesis podemos entender la estrategia de mantener en prisión actores sociales (presos políticos) para disciplinar o romper al sujeto.

Como el caso de José Guadalupe Hernández Arizmendi existen casos que implican violaciones al debido proceso, tortura, fabricación de delitos entre otras violaciones a los derechos humanos.

Gonzalo Molina acuña que un preso político no se puede comparar con presos que han hecho daño al pueblo, que han robado al erario público y pasan su encarcelamiento en prisión domiciliaria.

Como el Caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien, dicho por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, no pisaría la cárcel a cambio de destapar una red de corrupción en el caso Odebrecht.

El Comité de Apoyo considera que no es posible que existan presos políticos en un país donde el gobierno federal se jacta de ser de izquierda. Al parecer existe voluntad política en este nivel, pero no es suficiente.

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en 2018 declaró que en la entidad no había presos políticos: “Díganme, ¿a quién se persigue por sus ideas?, ¿quién está en prisión por alguna circunstancia de ideas? Si alguno de ustedes lo tiene, me dice. Todos los que están en la cárcel tienen procesos, acusaciones y una serie de señalamientos. Yo no veo presos políticos en Guerrero. Si hubiera presos políticos estaríamos en otra circunstancia de convulsión”.

La convulsión existente y permanente en el estado desmiente las declaraciones del señor gobernador guerrerense.

Molina y Morales demandan la liberación inmediata de cada uno de los presos políticos, “porque nunca debieron pisar la cárcel”, asevera Gonzalo Molina que conoce las complicaciones que ser preso político conlleva.

Las prisiones fungen como campos para romper lazos familiares y de amistad de los presos políticos y de conciencia; donde se busca que el sujeto se neutralice o rompa y con ello la imagen que representa para las masas sea destruida.  Por ello es una estrategia eficaz y segura de la contrainsurgencia y su continuidad existe aún en un gobierno que se autodenomina de Izquierda.

Amílcar Juárez*

*Sociólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero

 

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