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Las mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues a casi dos años de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en este caso la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía de aceptar la atracción del caso al fuero federal.

(De izquierda a derecha) Ivette Galván, abogada del Centro Prodh; Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh; Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual; Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual; y Stephanie Erin Brewer, área internacional del Centro Prodh.

Fue el pasado 8 de julio cuando las mujeres exigieron que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres”.

De acuerdo con un comunicado difundido ayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la sentencia de la Corte IDH se reconoce que “las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales”.

Para la Corte, “la violencia sexual sufrida por las 11 mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”.

El comunicado agregó que “desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Edomex su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, la Fiscalía de Edomex no contestó el requerimiento de la FGR durante casi ocho meses. Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la Fiscalía local contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. En otras palabras, la teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco”.

Para las organizaciones y las víctimas, la sentencia internacional contra el Estado mexicano “expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco”.

El pasado 3 de septiembre, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales –con sede en Toluca– admitió el juicio de amparo promovido por las mujeres. Las víctimas y las organizaciones señalaron que “dicha autoridad tendrá la oportunidad de hacer valer el derecho de las mujeres de acceder a la justicia confirmando que la investigación deberá unificarse en el fuero federal”.

Por ello, esperan que “el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de los hechos, tal como indica la sentencia de la Corte IDH” Y recordaron que el organismo internacional estableció que “en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género, continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables”.

 

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