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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si los servidores públicos como autoridades tienen libertad de expresión al decir algo en contra de un periodista o si lo dicho vulnera derechos humanos y si tienen efectos en la labor periodística.

Imagen de un mazo de juez y la balanza de la justicia

Lo anterior porque ayer la Primera Sala determinó conocer dos amparos directos que permitirán establecer parámetros que posibiliten a “juzgadores resolver asuntos en los que se vean involucradas expresiones o actos de comunicación de personas servidoras públicas, cuyo objeto sea la labor periodística o la manera en que la desarrollan quienes se dedican a ello”.

En un comunicado, el máximo tribunal indicó que “ambos asuntos emanan del caso donde un periodista demandó el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de daño moral en contra de un presidente municipal, quien, en uso de la libertad de expresión, supuestamente afectó su buena reputación, lo cual impactó en su derecho a la dignidad, dentro del marco de una rueda de prensa convocada por el citado servidor público. Al respecto, tanto el juez natural como la Sala de Apelación resolvieron negar la reclamación del periodista, sin condenarlo al pago de costas, razón por la cual, ambas partes en el juicio de origen promovieron juicio de amparo directo”.

Al respecto, la Primera Sala consideró que el tema es de interés y trascendencia, pues le permitirá determinar sobre lo siguiente:

“1) Si los actos de comunicación que realicen las autoridades estatales en funciones, son un ejercicio de libertad de expresión y, de serlo, cuáles son sus límites;

“2) Si las expresiones que realiza una autoridad estatal sobre sus gobernados se tratan de un discurso constitucionalmente protegido;

“3) Si cuando una autoridad estatal se pronuncia respecto de una persona, en específico, sobre la actividad periodística que realiza, puede generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión, y

“4) Si la actividad periodística conlleva, necesariamente y en todos los casos, una proyección de su persona como figura pública.”

Para la Primera Sala, la atracción de amparos directos implica la solución de cuestiones relevantes que, por su complejidad e importancia, impactarían directamente en materia de derechos humanos. En este caso, observó que serviría de “parámetro para plasmar doctrina en torno a si las personas servidoras públicas tienen libertad de expresión, al tenor de lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el efecto inhibitorio que se genera a la libertad de expresión cuando un servidor público se expresa contra un periodista”.

 

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