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Existe un caso posiblemente peor que los fraudes de Fertinal y Agro Nitrogenados, ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón, que involucró no sólo a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también al Banco de México (Banxico) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): el extraño caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, al cual estas tres entidades debían dar puntual seguimiento.

En su conferencia de prensa del martes 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló un posible caso de corrupción por 9 mil millones de pesos en la compra de la planta de fertilizantes Fertinal. Por su monto, este caso sería de mayor gravedad que la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados y por la que tanto Alfonso Ancira como Emilo Lozoya enfrentan causas penales.

En 2008, el barril de petróleo alcanzó el precio más alto de su historia: poco más de 130 dólares por barril, lo cual dio lugar a un excedente de ingresos por la venta del petróleo, mismo que debía ir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Ese año, con el precio a más de 130 dólares, el Fondo alcanzó su máximo de 5 mil millones de dólares. Para darnos una idea sobre la magnitud de esta cifra, comparemos con el fondo chileno de estabilización, el cual concentra los recursos excedentes por la exportación de cobre. Ese mismo año, y por la venta de cobre –no de petróleo–, el fondo chileno tuvo un saldo de 20 mil millones de dólares. Una diferencia de 15 mil millones de dólares, es decir 300 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Esto equivale a más de 33 veces el monto de la compra de la planta de Fertinal.

¿Cómo fue que se evaporaron estos recursos? En principio habría que exigirles una explicación tanto a Felipe Calderón como a los funcionarios responsables en ese entonces: Guillermo Ortiz, gobernador de Banxico, Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y Jesús Reyes-Heroles, director general de Pemex.

También habría que seguir la pista del mercado negro, del que difícilmente estos funcionarios no estaban al tanto. De acuerdo con la periodista Ana Lilia Pérez, una parte del robo de combustible en Pemex se hacía vía marítima. Buques petroleros zarpaban sin facturar la carga, de manera que esas ventas no eran contabilizadas como parte de las exportaciones petroleras. Evidentemente esos recursos nunca llegaron al Fondo de Eestabilización de los Ingresos Petroleros.

Pemex tiene buques con capacidad de 320 mil barriles, con el barril a 130 dólares el cartel huachicolero se habría robado unos 40 millones de dólares por flete no facturado, alrededor de 830 millones de pesos al tipo de cambio actual. Es decir, bastaban 11 buques no facturados para superar el monto de los 9 mil millones de pesos del posible caso de corrupción de Fertinal.

En esta discusión es importante replantearnos el término huachicol, al que los grandes medios y la élite parasitaria que gobernó México han tratado de reducir a la simple ordeña de ductos realizada por grupos criminales y desviar así nuestra atención sobre la magnitud real del problema. La periodista Ana Lilia Pérez, experta en el tema, afirma que el 20 por ciento del robo de combustible de Pemex se realizaba en los ductos y el 80 por ciento restante se hacía desde adentro de Pemex. Lo anterior es consistente con análisis de OilPrice.com, quienes ubicaban a México dentro de los cinco principales abastecedores del mercado negro internacional (los otros cuatro son Nigeria, Irak, Rusia e Indonesia). Frente a estos hechos es de destacar el esfuerzo impulsado por el gobierno actual para recuperar la soberanía energética y el control sobre los ingresos petroleros. No es coincidencia que esa misma élite parasitaria que desangró a México se oponga a la refinería de Dos Bocas ni que haya formado un bloque compacto para criticar la exitosa defensa de la postura mexicana frente a la OPEP.

El régimen político anterior se cimentó sobre una economía política del huachicol, por medio de la cual se extrajeron y distribuyeron rentas derivadas del petróleo con el fin de apaciguar pugnas entre las facciones de la élite. Como claro ejemplo están a la vista los sobornos para la reforma energética o el mismo caso Lozoya, en donde bastó un solo funcionario de Pemex para acusar a tres expresidentes. De lo anterior se deduce que la transición política de México hacia un régimen más justo y democrático pasa necesariamente por acabar definitivamente con la economía política del huachicol.

Erick Limas*

**Doctor en economía por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. https://perifractal.wordpress.com/ Twitter: @perifractal