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Esta mañana, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad –por acción y omisión– por la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, donde un grupo presuntamente paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles e hirió de gravedad a otras 26 personas.

“Hoy ofrezco disculpas por el doloroso suceso. El Estado mexicano fue ajeno a los derechos de la comunidad tzotzil; pretendió ocultar la tragedia, alterando las escenas del crimen y culpando a las propias víctimas. Asumimos la responsabilidad de los hechos que le arrebataron la vida a 45 personas”, expresó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante el acto de reconocimiento, realizado en la Secretaría de Gobernación,   el subsecretario celebró como un acto de justicia el ofrecer disculpas públicas a las víctimas directas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil “por el profundo agravio acontecido, [pues] nuestro propósito es sumar a la unidad y al reencuentro de la comunidad mediante la paz y el progreso”. Ello, luego de llegar a un acuerdo amistoso en el proceso internacional que se seguía por este crimen de Estado.

El gobierno federal –que encabeza Andrés Manuel López Obrador– dijo estar comprometido a seguir con las investigaciones, hacer la reparación integral del daño causado, emitir medidas de satisfacción y garantizar la no repetición de los hechos. Esto, mediante la firma del Acuerdo de Solución Amistosa, celebrado entre representantes del gobierno federal, el gobierno de Chiapas y las víctimas.

Expresidente Zedillo, responsable del crimen

“En nombre de las 162 víctimas aceptamos esta disculpa. A 22 años de la masacre llega la verdad. Caducó la mentira de Ernesto Zedillo [Ponce de León] que planteó la matanza como un conflicto comunitario por la tierra y la religión. Después de 22 años de lucha, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por su acción y omisión de la masacre”, expresó Fernando Luna Pérez, víctima de la masacre e integrante de la organización Las Abejas de Acteal.

Y agregó: “la firma de este acuerdo no significa que olvidaremos lo acontecido. Pero este nivel de responsabilidad no pudimos encontrarlo con administraciones pasadas. Ahora se reconoce que el Estado fue incapaz de brindar seguridad a los pobladores y que hubo acción directa por parte de las autoridades mexicanas. Esto es hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno”.

Asimismo, Ismael Brito Mazariegos –secretario general de gobierno de Chiapas–, aseguró que la resolución de este acuerdo abona a mejores circunstancias de vida personal y comunitaria de las víctimas, y consideró como inédita la voluntad del Poder Ejecutivo para “encauzar a la igualdad social y mitigar toda forma de vulneración contra las personas”.

Resoluciones amistosas

En el acto de disculpa pública al que fue obligado el Estado mexicano, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refirió que durante esta administración federal se han firmado varios acuerdos de este tipo: “hemos trabajado de cerca con las resoluciones amistosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han alcanzado 32 acuerdos y éste sería el 33”.

Agregó, “nos comprometemos a colaborar con la Secretaría de Gobierno y con Chiapas, para el cumplimiento total de este acuerdo y para con las víctimas, a quienes les expresamos nuestra más sincera empatía y reconocimiento amplio por la lucha que han llevado estos años”.

La representante de la SRE también informó que se creará una obra documental en la que se recopilará la historia de dicha masacre y la búsqueda de justicia de los sobrevivientes, con el fin de preservar la memoria de los hechos y el resultado de esta lucha.

Por último, el subsecretario de Derechos Humanos llamó a todas las víctimas de Acteal y a las comunidades indígenas de Chiapas a avanzar hacia el reencuentro. “Reconocemos su lucha. Reciban nuestro compromiso para cumplir con el acuerdo y con las responsabilidades que ahí establecemos. Nunca más otro Acteal. Queremos un México en paz, donde podamos vivir dignamente y tengamos oportunidad de prosperar”.

Al evento de reconocimiento también acudieron representantes de organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Graeme Clark, embajador de Canadá en México, y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Jesús Peña.

El 22 de diciembre de 1997 –durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo–, en Acteal, Chiapas, fueron ejecutados 45 indígenas tzotziles, entre ellos, cuatro mujeres embarazadas y 18 menores de edad, y fueron heridas 26 personas. Todos ellos, a manos de presuntos grupos paramilitares armados con equipo del Ejército Mexicano.