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Antes de solicitar apoyo a la federación para salir de la crisis económica que atraviesa Nuevo León, el Bronco aseguró que no es pedinche. No obstante la difícil situación generada por la pandemia, el gobierno de Jaime Rodríguez debe aclarar el destino de 614 millones de pesos que recibió en 2018 del Fondo Metropolitano que supuestamente se debió invertir en el desarrollo de la entidad. Para la ASF, el monto debe resarcirse a la Hacienda Pública

En Nuevo León, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió cuentas pendientes en la Cuenta Pública 2018 del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, alias Bronco, por 614 millones 650 mil 939 pesos; monto del cual debe aclarar su destino y devolverlo a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El monto más grande que conforma el total corresponde al ciento por ciento de los recursos del Fondo Metropolitano para el ejercicio de 2018, mismos que estaban orientados a promover el desarrollo local y que quedaron a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General. Cabe recordar que durante la primera mitad de ese año, Rodríguez Calderón obtuvo una licencia del cargo de gobernador para aventurarse a contender en las elecciones federales.

De los 583 millones 105 mil 100 pesos que recibió el gobierno estatal, este sólo comprometió 196 millones 190 mil pesos y los 386 millones 914 mil restantes “quedaron pendientes de reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

La ASF documentó en el informe de auditoría 2018-A-19000-19-1103-2019 que los recursos que sí se comprometieron, no se devengaron ni pagaron al 31 de marzo de 2019, por lo que también deben ser devueltos a la cuenta bancaria de la Tesofe.

Además, el informe advierte que los rendimientos financieros generados suman un total de 3 millones 520 mil 256 pesos, mismos que tampoco se reintegraron. Todo lo anterior genera un total de 586 millones 625 mil 309 pesos pendientes de aclarar.

En lo que respecta a los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), por un total de 123 millones de pesos transferidos al gobierno de Nuevo León, la ASF presume un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28 millones 25 mil 630 pesos compuestos por irregularidades que en su mayoría tienen que ver con una mala administración de los recursos y los intereses generados.

Dos municipios, Cadereyta Jiménez y Cerralvo, abrieron dos cuentas bancarias cada quién para la recepción de los recursos. Mientras una cuenta producía intereses, la otra no era productiva. La ASF evidenció que mediante este esquema se dejaron de recibir 304 mil 497 pesos y 120 mil 531 pesos respectivamente.

El municipio de Cadereyta Jiménez también realizó una transferencia de recursos a otra cuenta bancaria por 900 mil pesos, mismos que devolvió a la cuenta bancaria original “pero sin sus intereses correspondientes por 9 mil 653 pesos”, detalla la auditoría 2018-A-19000-19-1118-2019.

Por su parte, el municipio de Cerralvo no reintegró, por lo menos hasta octubre de 2019, los intereses no ejercidos y los pagos que no se realizaron conforme a la normativa por un monto total de 4 millones 176 mil 575 pesos.

El municipio de Santa Catarina también cometió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12 millones 737 mil 249 pesos por realizar pagos después de los plazos establecidos en la normativa.

Respecto a la inspección de las obras contratadas, la ASF encontró que el municipio de Cerralvo pagó 1 millón 546 mil 212 pesos por obras no ejecutadas como parte de la “rehabilitación de la Unidad Deportiva Bicentenario”. En esta obra también se evidenció que el municipio “no aplicó penas convencionales por atraso injustificado en la terminación de los trabajos por causas imputables al contratista”. El monto de las penas no cobradas asciende a 293 mil 235 pesos.

En el municipio de San Nicolás de los Garza, el informe de auditoría detalla que se realizaron pagos en exceso en tres obras por un total de 7 millones 494 mil 165 pesos. Este municipio tampoco aplicó penas por atraso injustificado del contratista, mismos que alcanzan un monto de 1 millón 343 mil 510 pesos.

Pendientes de una administración deficiente

El diputado de Morena en el Congreso de Nuevo León, Armando Torres, explica en entrevista que “el Fondo [Metropolitano] y el programa [PDR] tienen como finalidad promover el desarrollo urbano enfocado al transporte, a la movilidad y al territorio. Estos recursos solicitados por nuestro Estado, que no fueron gastados, dejan mucho que desear. Esta auditoría me parece importante y que se aclare lo que se tenga que aclarar”.

“Aquí hay un desfase y es increíble que el gobierno del estado de Nuevo León no lo sepa. O hay dolo o hay ignorancia en esto. Yo soy de la idea de que transcurra la investigación, siempre voy a estar aplaudiendo lo que hace la Auditoría Superior de Nuevo León y también la Federal”, añade el también integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

También detalla que los recursos del Fondo Metropolitano se destinaron al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey pero no se logran avances. “La obra está parada. Lo que se puede ver a simple vista es un desconocimiento de los procesos, no se ponen las pilas, no se ve la capacidad de un gobierno. Te dan la lana y no la aprovechas”, comenta.

El diputado Armando Torres entiende que las deficiencias en la administración estatal tienen un costo de oportunidad para temas pendientes como en lo que respecta al transporte público: “Es un transporte tan precario, tan obsoleto, que no garantiza ni la seguridad ni la movilidad de las personas. Desde hace mucho lo vengo diciendo y tengo propuestas de construir ciclovías alternativas, mismas que en el tiempo de [pandemia por] Covid son urgentes. El transporte está hacinado, la gente está expuesta a los contagios, y habría otra forma de transportarse como es lo no motorizado”.

La diputada local Ivonne Bustos también recuerda en entrevista que “el Fondo Metropolitano fue creado para ordenar y concentrar los esfuerzos de las ciudades que colindan y albergan en zona urbana al 90 por ciento de la población de Nuevo León”.

“Se requiere, por el mismo crecimiento que ha tenido la zona conurbada, que haya políticas públicas homologadas entre los municipios con la rectoría del gobierno del estado. (…) Pero llevamos prácticamente un año y medio de retraso: en 2018 se debió haber hecho este proyecto Metropolitano. No se llevó a efecto toda vez que como era periodo electoral, pidió el gobierno del estado que se retrasara la presentación del proyecto y, luego entonces su implementación hasta que los alcaldes electos tomaran protesta”, explica.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México señala que “el costo de oportunidad va a ser muy alto porque estamos dejando de tener beneficios que demanda la sociedad de manera urgente en el tema ambiental, de movilidad y la sostenibilidad que va de la mano con el desarrollo urbano”.

Ivonne Bustos comenta que la mala planificación urbana en Nuevo León se “paga caro” cuando ocurren fenómenos naturales como el reciente huracán Hanna. “Las zonas afectadas de Monterrey son las de nuevos desarrollos en el sur de la ciudad, donde se ha permitido que se hagan rellenos de cañadas y se han desviado los cauces del río. En fin, se han cometido delitos ambientales importantes que pagan una factura muy alta”, señala.

“Hemos estado creciendo de manera indiscriminada los últimos 15 años y eso implica mucho más gasto para las ciudades porque hay que generar toda la infraestructura necesaria para poder brindar los servicios a la población. Otro reto es crear la ley para una adecuada confinación de residuos sólidos. Si bien Nuevo León fue líder al tener la primera planta administradora de residuos sólidos, Simeprode; ya hace muchos años que no ha sido prioridad para los gobiernos estatales. El relleno Simeprode está por caducar, le quedan 5 años de vida y no tenemos una alternativa”, comenta.

Para la legisladora, los temas pendientes de la administración de Nuevo León en relación con las zonas urbanas imposibilitan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. “Tal vez las elecciones del próximo año sean un buen momento para retomar con las nuevas administraciones, tanto del estado como municipales, estos temas de una vez por todas”, concluye.

Contralínea solicitó dos entrevistas que no se han concretado: con el titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, Carlos Alberto Garza Ibarra, y con el titular de la Contraloría Interna, Gerardo Guajardo Cantú. A la fecha, no se ha recibido respuesta de Comunicación Social del Estado de Nuevo León.