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En tiempos de incertidumbre por la pandemia de Covid-19, la tendencia del crimen organizado y violencia en México desbordan las cifras de ilícitos graves de 2019, asegura un informe de la Universidad de San Diego

La pandemia de Covid-19 no ha disminuido la tasa de violencia en México, sino que claramente está teniendo una serie de efectos sobre los crímenes, un aumento de la inactividad, el aislamiento y la ansiedad, así como mayor demanda de proveedores de drogas mexicanos, por el incremento en el consumo de drogas en Estados Unidos, advierte el informe Crimen organizado y violencia en México 2020, del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego.

El análisis describe el curso de los principales delitos violentos durante el primer semestre de 2020: homicidio doloso, lesiones, extorsión, secuestro, feminicidio. De la autoría de Laura Y Calderón, Kimberly Heinle, Rita E Kuckertz, Octavio Rodríguez Ferreira y David A Shirk, refiere que el crimen y violencia en el país de enero a mayo de 2020, revelan tendencias preocupantes durante un año marcado por la pandemia y protestas públicas que exigen igualdad de acceso a la justicia, “en un país en camino de ver otro año récord de homicidios, en comparación con 2019”.

El documento detalla los “niveles de violencia sin precedentes” que México enfrenta actualmente y parece probable que enfrente en el futuro. Y señala que el gobierno mexicano parece no tener una estrategia clara para mejorar la situación de seguridad pública del país.

“De hecho, hasta ahora, los esfuerzos del presidente [Andrés Manuel] López Obrador para abordar el crimen organizado han sido mixtos, en el mejor de los casos, y según la mayoría de las cuentas se ha quedado corto. Parece estar convencido de que para abordar el problema los déficits socioeconómicos subyacentes son la clave que abrirá la puerta a un mejor futuro”, indica el informe.

“La cadena de suministro combinada con interrupciones, mayor escrutinio policial y aumentos repentinos del mercado han llevado a un aumento de la competencia violenta entre los traficantes por mantener o expandir su cuota de mercado en tiempos de incertidumbre”, destaca.

Homicidios dolosos, lastre histórico

Para 2019, hubo 29 mil 406 homicidios dolosos, lo que resultó en 34 mil 588 víctimas individuales (un promedio de 2 mil 884 víctimas por mes), un nuevo récord de asesinatos en México, superando los 28 mil 816 homicidios y 33 mil 742 víctimas individuales en 2018, refiere el texto.

De enero a mayo de 2020, se registraron 12 mil 184 homicidios dolosos, un promedio de 2 mil 436.8 por mes o 80.7 por día. “Si esta tasa mensual continúa, México esperaría ver un total anual de 29 mil 565 homicidios intencionales este año 2020, que es apenas superior a los 29 mil 421 registrados en 2019”, acota.

Explica que, en medio de la pandemia en curso, de enero a mayo de 2020 el número de homicidios ha promediado 2 mil 926 por mes. Las áreas de concentración o “puntos calientes” incluyen Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco y León, han experimentado niveles elevados de actividad delictiva organizada.

En términos de tasa de homicidios, los “puntos calientes” incluyen tres grandes grupos de violencia: la región fronteriza del noreste con Texas (incluyendo algunos municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); la región costera del Pacífico Jalisco-Colima-Michoacán, y el Triángulo Dorado (Chihuahua-Durango-Sinaloa, con extensión a algunos municipios de Sonora).

Tres estados vieron a más de 1 mil personas asesinadas en los primeros cinco meses de 2020: Guanajuato (1 mil 405 homicidios), Estado de México (1 mil 59) y Baja California (1 mil 42). Completando los cinco primeros estados estaban Chihuahua y Michoacán con 972 y 854 homicidios, respetivamente.

Los estados con menos homicidios fueron Yucatán (16 homicidios), Baja California Sur (20), Campeche (30), Aguascalientes (35) y Tlaxcala (12). En medio del brote de Covid-19, vale la pena tener en cuenta que existen otras amenazas urgentes a la seguridad humana. Sin embargo, parte de la razón por la que el homicidio es una preocupación tan enorme es que se ha convertido en la principal causa de muerte prematura en México, advierte en entrevista el doctor en ciencias políticas en la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales.

De hecho, dice, es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 39 años, la gran mayoría de las víctimas de la violencia son de escasos recursos socioeconómicos, y enfrentan importantes déficits educativos y oportunidades de empleo inadecuadas.

“En otras palabras, los jóvenes tienen más probabilidades de sufrir una muerte violenta, lo cual tiene desastrosas consecuencias humanas, sociales y económicas en México, ya que la pérdida de vidas devasta familias, destroza comunidades y destruye permanentemente la capacidad productiva”, subraya el catedrático.

Lesiones intencionales

De enero a mayo de 2020, se registraron 58 mil 897 casos de lesiones intencionales, un promedio de 11 mil 779.4 por mes o 390 por día. A esta tasa, México esperaría ver 141 mil 353 casos de lesiones dolosas durante un período de 12 meses, lo que sería más de 22 mil casos menos que el total reportado en 2019, asienta el informe.

Casi un tercio de todas las lesiones intencionales en los primeros cinco meses de 2020 ocurrieron en Estado de México, que registró 17 mil 876 casos o el 30 por ciento de todos los casos. Esto coincide de manera uniforme con la tendencia de 2019 cuando esa entidad también representó el 30 por ciento de   lesiones a nivel nacional.

Le siguen los estados de Guanajuato (4 mil 716 casos de lesiones registradas de enero a mayo de 2020), Michoacán (2 mil 719), Veracruz 2 mil 693) y Baja California (2 mil 189) de enero a mayo de 2020. Mientras tanto, Campeche registró el menor número de dicho delito con 32 casos, seguido de Nayarit (57), Tlaxcala (100), Yucatán (107) y Chiapas (83).

El documento de la Universidad de San Diego destaca que algunos de los casos de lesiones intencionales que ocurrieron en ese periodo fueron resultado de la pandemia de coronavirus. Los asaltantes, por ejemplo, atacaron a miembros del personal médico, por el supuesto riesgo de contagio que traen a sus comunidades.

“Enfermeras quemadas con lejía, clínicas incendiadas y profesionales médicos agredidos son actos que han hecho que los trabajadores de la salud tengan miedo de usar sus uniformes fuera de los hospitales”, apunta.

Los ataques dirigidos contra mujeres también aumentaron durante pandemia debido a la orden de “quedarse en casa”. La Secretaría de Gobernación estimó que la violencia contra las mujeres aumentó entre un 30 por ciento y el ciento por ciento sólo en las tres primeras semanas posteriores a la imposición de la orden de permanencia en el hogar.

Mientras que entre 2015 y 2019 los casos clasificados como feminicidios crecieron de 411 a 945, lo que representa un aumento de aproximado de 130 por ciento, de enero a junio de 2020 hubo 473 casos oficialmente reportados como feminicidios, lo cual indica que se ha potenciado al máximo este fenómeno, señala el informe.

Además, al observar el contexto legal del feminicidio, observa que los códigos penales pueden variar según el estado, lo que resulta en una falta de datos comparables y definiciones acordadas que hacer enjuiciar los casos es más difícil. Con frecuencia, para ambos sexos, las víctimas de la violencia son maltratadas y más discriminadas al intentar acceder al sistema de justicia.

Para las mujeres, la motivación para buscar recursos o asistencia legal disminuye significativamente, al ver que 77 por ciento de las mujeres mexicanas reportan “no sentirse seguras”, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2019).

De enero a mayo de 2020, se registraron 258 mil 470 casos de robo, un promedio de 51 mil 694 por mes. A esta tasa mensual, México espera ver 620 mil 328 casos en 2020, una disminución significativa de casi 138 mil a partir de 2019. Sin embargo, si esta trayectoria se mantiene, será el segundo año que los robos bajan desde que alcanzó su punto máximo en 2018 con 810 mil 602 robos.

La mayoría de robos ocurridos durante los primeros cinco meses de 2020 fue en el Estado de México, que registró 57 mil 278, o el 22 por ciento de todos los casos. Le siguió la Ciudad de México con el 13 por ciento de todos los casos (33 mil 597), Jalisco con 9 por ciento (22 mil 638), Guanajuato, con 6 por ciento (15 mil 204), y Baja California con 5 por ciento (12 mil 499 casos).

Los cinco estados con menos casos de robos fueron Yucatán (325), Nayarit (351), Campeche (401), Tlaxcala (935) y Chiapas (1 mil 588), cada uno de los cuales representó menos del 1 por ciento del total de casos en todo el país.

Por lo que hace al delito de secuestro, México registró 365 casos de enero a mayo de 2020, un promedio de 73 por mes o 2.4 por día. La inmensa mayoría de estos casos (88 por ciento) fueron secuestros por rescate (secuestro extorsivo). Los números están en una trayectoria descendente, pasando de 87 secuestros en todo el país en enero a 74 en marzo a 53 en mayo por un promedio de 17 a 18 secuestros por mes.

De tal suerte que, a una tasa de 73 casos por mes, México esperaría algo más de 200 casos de secuestro en 2020, una disminución dramática de los 1 mil 323 casos registrados en 2019, refiere el informe.

En los primeros cinco meses de 2020, Estado de México y Veracruz tuvieron el mayor número de casos de secuestro con 69 y 66, respectivamente, seguido de Morelos (32), Ciudad de México (29), Tabasco y Zacatecas (16). Mientras tanto, 14 estados registraron cinco o menos secuestros, cuatro de los cuales no reportaron ninguno (Baja California Sur, Campeche, Durango y Yucatán).

De enero a mayo de 2020, hubo 3 mil 347 casos de extorsión, un promedio de 669.4 por mes o 22.2 por día. A esa tasa mensual, México espera ver más de 8 mil 033 casos de extorsión en 2020 o poco menos de 500 casos menos que los 8 mil 500 registrados en 2019. El número de casos alcanzó un máximo de 721 en febrero y de manera constante disminuyó a 603 en mayo.

Asimismo, de las 3 mil 347 extorsiones durante los primeros cinco meses de 2020, Estado de México registró dramáticamente más casos que cualquier otra entidad, con el 33.8 por ciento de todos los casos (1 mil 131), una continuación de las tasas reportadas en 2019.

Veracruz tuvo el segundo total de casos más alto (330), seguido de Jalisco (304), Ciudad de México (182) y Nuevo León (165) para completar los cinco primeros lugares, que también son paralelos a las tendencias de 2019. Los estados con los casos más bajos de extorsión de enero a mayo de 2020 fueron Yucatán (0), Nayarit y Tlaxcala (1), Michoacán (5) y Campeche, Chihuahua y Guanajuato (7).

Delincuencia organizada y violencia

Parte del desafío que enfrentan hoy las autoridades mexicanas es la evolución significativa de la diversificación y proliferación del crimen organizado, aunque el narcotráfico sigue siendo una fuente de ingresos altamente lucrativa para las organizaciones criminales, sostiene el informe.

Según ese análisis, la omisión del presidente López Obrador en el control del tráfico ilícito de drogas, específicamente, llega en un momento en que el resurgimiento de la producción de opioides en México ha contribuido a una importante epidemia de salud pública relacionada con la adicción a los opioides y sobredosis en Estados Unidos.

Por otro lado, asienta que los esfuerzos antidrogas y los conflictos con organizaciones rivales han interrumpió las estructuras de liderazgo de algunos de los principales grupos del crimen organizado, ha contribuido a su fragmentación en operaciones más pequeñas y más centradas en regiones.

Como resultado, además del tráfico de drogas a pequeña escala, también están más inclinados a participar en delitos depredadores, como secuestro, extorsión, robo, que implican la extracción ilícita de ingresos de personas o empresas.

Sin embargo, comparado con las principales operaciones de tráfico de drogas, muchos de estos delitos tienen “barreras de entrada” relativamente bajas, que a menudo requieren menos protección estatal. Pero, debido a su naturaleza depredadora, la fragmentación del crimen organizado ha contribuido a una victimización más generalizada y la mayor indignación social.

Mientras que los grupos del crimen organizado no explican todos los delitos violentos en México, hay indicios claros de que han jugado un papel importante en las tendencias generales del crimen en los últimos años, como un fuerte aumento de violencia vinculado a la competencia entre organizaciones criminales involucradas en drogas y trata de personas.

Así, en la medida en que la lucha contra el crimen organizado no ha sido una prioridad, el presidente, Andrés Manuel López Obrador parece estar más preocupado por ganar control sobre las palancas de la economía mexicana; por lo tanto, sus esfuerzos para reprimir el robo de combustible y erradicar la corrupción en el sector energético son claves, indica el documento de la Universidad de San Diego.

“Sin duda, la idea de que los factores económicos son la raíz del crimen violento de México es una noción convincente, pero simplifica demasiado el desafío que tiene entre manos”, subraya.

De hecho, mientras que los déficits socioeconómicos de México son un importante contribuyente subyacente al “desgobierno” de la ley, los recientes aumentos de violencia son resultado de las complejas interacciones entre las organizaciones criminales, y las opciones y estrategias que los gobiernos pasados y actuales han empleado para combatirlos.

“Resulta preocupante la capacidad de organizaciones criminales para prosperar cuando depende fundamentalmente de la aquiescencia y protección e incluso la participación directa de funcionarios públicos corruptos, así como actores del sector privado, que comparten los beneficios de las actividades económicas ilícitas”, enfatiza el informe.

Esto es parte de la razón por la que el presidente considera que apuntar a los capos ha sido una estrategia poco eficaz para combatir el crimen organizado; por lo tanto, se basa necesariamente en frustrar a los actores criminales de todos los niveles: no solo los de arriba, y no solo los de la calle.

Sin embargo, cuestiona que, si bien la administración de López Obrador claramente se ha alejado de la estrategia de “guerra” en contra del crimen, no ha invertido adecuadamente en la infraestructura necesaria para promover una administración de justicia eficaz.

“Más bien, [el presidente] parece estar interesado en crear un aparato de seguridad pública centralizado y militarizado [la Guardia Nacional], mientras se desmantela el pasado para mejorar el sistema de justicia penal mexicano”, señala.

No obstante, sugiere que para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana, de manera más general, el gobierno mexicano debe hacer más que abordar los déficits socioeconómicos del país y reforzar su control sobre las agencias de seguridad.

También debe reducir la impunidad haciendo que los actores criminales violentos rindan cuentas, profesionalizar las agencias de policía civil, enjuiciamiento agresivo de funcionarios corruptos, y dirigirse a ilícitos en el sector empresarial y financiero (incluyendo lavado de dinero, fraude y otros esquemas financieros de cuello blanco que con frecuencia involucran al crimen organizado).

“La impunidad es lo opuesto a la rendición de cuentas y la solución al problema del estado de derecho en México, en todos los ámbitos, es aumentar la rendición de cuentas. En el tiempos peligrosos e inciertos que atraviesa el país, las políticas públicas dan pocos motivos para el optimismo frente a la inseguridad pública del país”, apunta.

En resumen, el estado de derecho en México sufre no solo por la generalización perpetración de delitos, sino también como resultado de la falta de aplicación efectiva de la ley, subraya el informe de la Universidad d San Diego.