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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los artículos de la Constitución Política de Nuevo León que facultan al Congreso local para modificar el Presupuesto de Egresos enviado por el Poder Ejecutivo; otorgan un plazo de tres días para que dicho Poder haga observaciones a las modificaciones que el Congreso lleve a cabo; y permiten que las reformas a la Constitución estatal sean aprobadas en un mismo periodo de sesiones.

En sesión remota, el Pleno de la SCJN consideró que el Congreso del estado tiene la atribución para realizar las modificaciones del Presupuesto, dado que “no viola la división de poderes. Y es que la modifición se encuentra inmersa en su facultad para aprobar el presupuesto, la cual se rige por las disposiciones de la Constitución general, la Constitución local –en su artículo 63– y la Ley para la Administración Financiera Estatal”.

Asimismo, determinó que “el plazo de tres días otorgado al Poder Ejecutivo para hacer observaciones a las modificaciones que lleve a cabo el Congreso es razonable, atendiendo al conocimiento previo que tiene sobre el Presupuesto y al desarrollo del procedimiento presupuestario en un período tan corto antes de que inicie el ejercicio fiscal en que habrá de aplicar”.