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Llaman a la administración federal, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales solicitando su actuar responsable y coordinado para articular las políticas públicas relacionadas con la desaparición forzada de personas.

Virginia Garay Cázares, integrante la Asociación Civil Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros de Nayarit, mencionó que desde el año pasado, el Ejecutivo Federal prometió invitar y reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas. Y aunque ya se mandó la solicitud de aceptación de la competencia al Senado, el periodo legislativo [que inicia en septiembre] sobrepasará el año en el que se prometió su cumplimiento. Por ello, llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a procesar la invitación lo más pronto posible.

Familiares de personas desaparecidas articulados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México junto con más de 72 colectivos exigieron que se procese la invitación del Comité de Desaparición Forzada para casos individuales, se respalde el Protocolo Homologado de Búsqueda de las Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB) y se conforme un Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

En el marco de la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recordaron que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al día de hoy, hay 75 mil 86 personas desaparecidas.

Ello, indica que hay un reconocimiento de las desapariciones de años anteriores y también, es indicador de que dicho delito sigue ocurriendo todos los días, señaló Grace Fernández, integrante del Colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame.

En cuanto al recién aprobado PHB, es urgente que se den las condiciones adecuadas para su implementación. Pues, el día de “ayer durante la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda tanto la Fiscalía General de la República como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se abstuvieron de votar el Protocolo Homologado”. Ello argumentando que es violatorio al artículo 21 constitucional, indicó Grace Fernández.

Aunque su aplicación podría ser un acierto para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, falta que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados asuman su responsabilidad,  lo reconozcan y articulen con el Protocolo de Investigación, aseveró José Ugalde del Colectivo Desaparecidos Justicia, AC, de Querétaro.

Por otra parte, Grace Fernández dijo que si bien es importante la persecución del delito, privilegiando siempre la búsqueda de las personas en vida; también es importante la identificación, en el caso de qué ya no se encuentren con vida.

Al respecto, Martín Villalobos Valencia de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos de la Ciudad de México, apuntó que el MEIF, desde su aprobación el 5 de diciembre del 2019, ha registrado 37 mil cuerpos semefos, morgues y fosas comunes.

Sin embargo, no se ha logrado concretar la conformación de su grupo coordinador. Por ello, Villalobos Valencia llamó conjuntamente a la administración federal a que genere las condiciones para que esto suceda, garantizando su independencia, autonomía, profesionalización [en cuando a la idoneidad de los perfiles que lo conformen] y los recursos necesarios para su funcionamiento.