Un total de 1 mil 659 agresiones fueron perpetradas en contra de personas defensoras de derechos humanos de manera particular y colectiva, así como familiares de quienes realizan la labor de defensoría –de junio de 2019 a mayo de 2020–, reportó la novena edición del informe Defender los derechos humanos en México. La impunidad no termina. Informe de junio de 2019 a mayo de 2020”.
Los actos que violaron los derechos humanos representaron un total de 107 eventos, mismos que afectaron a 25 comunidades, 17 organizaciones, 47 personas, 34 familias y 502 personas (indígenas y no indígenas) pertenecientes a comunidades y organizaciones, detalló Alejandro Cerezo Contreras, coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), AC. Durante la presentación del informe, aseguró que éstas van desde las detenciones arbitrarias, hostigamiento hasta ejecuciones extrajudiciales.
El documento –elaborado por ACUDDEH, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada– reveló que las violaciones de derechos humanos por parte de autoridades federales disminuyeron. A diferencia de sexenios pasados, quienes cometieron el mayor porcentaje de agresiones fueron actores estatales, con un 89 por ciento; mientras que los actores municipales le secundaron, con el 8 por ciento; y las autoridades federales sólo representaron el 3 por ciento.
Otro punto que destaca en el modo en el que se dieron dichas violaciones es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las corporaciones policiales son los principales en violentar derechos humanos, y en los anteriores mandatos eran grupos civiles o paramilitares. No obstante, Alejandro Cerezo subrayó la nula respuesta de las autoridades federales, pues “la Guardia Nacional no evita las violaciones a los derechos humanos en operativos conjuntos con fuerzas estatales”. Se mantiene presente, pero ausente.
Además, en su participación Clara Meyra, miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung-Oficina Regional México, explicó que el gobierno federal ha desdibujado la labor de las y los defensores de derechos humanos mediante el discurso del presidente de la República de posicionarlos en contra o a favor, y señalándolos como opositores y “conservadores de izquierda”.
Y es que, con base en la Organización de las Naciones Unidas, “el hecho de que un país se configure como federal no exime al Estado nación de su responsabilidad ante las violaciones de derechos humanos cometidas en las entidades federativas ni en los municipios”.
Por lo que, para Cerezo Contreras, “no basta con que disminuyan las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno federal si no se juzga a quienes violaciones de los derechos humanos a nivel estatal en el de en muchos casos hay delitos como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial que se persiguen desde el ámbito federal. No hay pretexto para no sancionar”.
