Autor:

La iniciativa de reforma a la Ley de Salud de Nuevo León utiliza lenguaje y discursos estigmatizantes y criminaliza la labor de los colectivos feministas, advirtieron Artículo 19; Equis Justicia para las Mujeres, AC; y Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC.

Al manifestar su preocupación, señalaron que dicha iniciativa –presentada el pasado 12 de agosto por el diputado Juan Carlos Leal Segovia– pretende adicionar al artículo 4, fracción XXVII, la leyenda: la ley “protegerá” a la madre y a su hijo de la “promoción y publicidad de abortos clandestinos”  que realizan grupos y colectivos feministas.

Con lo anterior, las organizaciones consideraron que la narrativa estigmatiza y criminaliza a quienes defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para interrumpir el embarazo y, en sí, a quienes luchan por los derechos humanos de las mujeres. Y ello contraviene la obligación del Estado a no generar discursos de esta naturaleza.

Por ello añadieron que la iniciativa es violatoria a los derechos humanos, pues “la censura previa está prohibida por el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

En suma, la criminalización en la que se basa la propuesta como mecanismo de disuasión, vulnera el acceso y ejercicio pleno del derecho a la información y a la libertad de expresión en relación con el derecho a la salud, aseveraron las organizaciones.

Al respecto, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos”.

También recordaron que la CIDH menciona que la falta de participación equitativa impide el desarrollo de las sociedades democráticas; en ese sentido, se deben de garantizar la información y el acceso a ella.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Congreso de Nuevo León para dialogar y permitir la participación de los interesados, a fin de no aprobar reformas contrarias a los derechos humanos.