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Bajo presión de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el 30 de junio pasado el general Audomaro Martínez Zapata –titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– citó en su oficina a seis altos funcionarios de esa institución para “solicitarles” su renuncia porque habían reprobado el examen de control de confianza.

Cinco de los cesados habían llegado al CNI por invitación del general Audomaro para incorporarse a ese órgano de seguridad nacional a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el presidente decidió desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por los vicios y corruptelas que allí se cometían y crear un nuevo órgano de inteligencia que realmente sirva al Estado y no a los intereses políticos de funcionarios ambiciosos.

Un sexto funcionario que tampoco pasó el examen de control de confianza, Gustavo Rómulo Salas Chávez, permanece en el cargo de director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) por la simple razón de ser recomendado y protegido de Durazo.

Por cierto, este mismo director del Cenfi es quien está acusado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (folio 5740412020) por una trabajadora del Centro Nacional de Inteligencia (omitimos su nombre para su protección) por violencia psicológica, hostigamiento, agresiones verbales, insultos con groserías, ofensas y actitudes déspotas.

Este caso de Salas Chávez debería ser investigado por la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, quien se ha pronunciado en diversos foros por la defensa de las mujeres, y ordenar al Órgano Interno de Control (OIC) del CNI que abra un expediente para que la Secretaría de Seguridad Pública explique porque mantiene en el cargo a un funcionario acusado de violencia de género y quien también reprobó el examen de control de confianza.

La mujer que presentó su queja en contra de Salas Chávez tiene más de 12 años de haber ingresado al CNI y debido a las agresiones en su contra ha sufrido desmayos y ha tenido que ser atendida por el área psicológica del Centro.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede permitir violaciones a los derechos humanos de servidoras públicas por burócratas que abusan del poder.

Otro problema que en más de año y medio no se ha podido resolver en el CNI por los órganos de control es el nepotismo qué existe desde hace varios sexenios, en donde directivos contrataron a más de 100 familiares en gobiernos anteriores, por lo qué hay una investigación al respecto.

Paralelo al cese de varios directivos del CNI por no acreditar el examen de control de confianza, por instrucciones de Durazo también se abrió una investigación en su contra por la supuesta “filtración de información”, pues ha molestado al secretario de Seguridad que se dé a conocer las pugnas internas de esa dependencia y el CNI por controlar la seguridad nacional del país, lo cual parecería hasta natural porque en gobiernos del PAN y el PRI simplemente esa área tan relevante se descuidó totalmente y eso permitió el crecimiento de la violencia, la expansión del crimen organizado, la aparición de nuevas bandas criminales y el aumento del flujo de dinero sucio en los circuitos financieros del país.

En la reunión con los seis directivos del CNI, el general Audomaro Martínez Zapata les externó que había mucha presión para retirarlos del cargo porque no habían pasado el examen de control de confianza, y allí todos aceptaron y firmaron su renuncia, además de entregar los gafetes que les impedía volver a ingresar a esas instalaciones de seguridad nacional.

No obstante, uno de ellos –Salas Chávez– consiguió que el secretario general del CNI, el sonorense Francisco Acuña Méndez, lo mantenga en funciones hasta la fecha, por lo cual la renuncia firmada ante el general Martínez Zapata no se ha hecho efectiva.

Luego de la formalidad de las actas de entrega-recepción, los cinco exfuncionarios del CNI fueron sometidos a un examen psicológico en el cual, entre otras cosas, les preguntaron si se iban resentidos con el Centro.

Nos enteramos que el examen de control que reprobaron los funcionarios, les fue aplicado hace año y medio de forma parcial en tres etapas: los seis directivos –incluido Salas Chávez– cumplieron sólo con una o dos etapas, porque el área encargada de esa actividad nunca concluyó el trámite. En todos los casos la tercera fase –que consiste en una visita domiciliaria para corroborar que su nivel de vida sea acorde con sus ingresos– jamás se les realizó.

En la primera etapa de dicho examen, los seis fueron sometidos a alrededor de 500 preguntas, además de aplicarles el polígrafo. El tiempo que duró ese proceso osciló entre 9 y 11 horas ininterrumpidas, sin probar alimento alguno.

Durante esas largas entrevistas, los seis funcionarios fueron cuestionados sobre aspectos de su vida privada –incluidos conflictos familiares de los cuales el Centro ya tenía conocimiento– y profesional.

Las investigaciones por “filtrar” información

Después de esa reunión en la que el general les pidió renunciar a sus cargos, cinco de ellos fueron advertidos vía telefónica que tenían 24 horas para regresar la información confidencial que presuntamente habían extraído del Centro, y que a partir de ese momento se les iniciaba una denuncia penal por supuesta “filtración de información”.

Los más de 3 mil 500 trabajadores con cuenta el CNI, todos al ingresar (algunos con más de 30 años de trabajo) tuvieron que firmar una carta de confidencialidad, en la cual se establecía que cualquier sustracción de información sería considerada un delito grave de carácter penal.

Lo extraño de la acusación penal por la supuesta sustracción de información confidencial, es que sólo se hizo en contra de cinco directivos cesados, pero en la denuncia no se incluyó al funcionario cercano a Durazo.

Estos señalamientos de “filtración de información” se dieron a pesar de que el control al interior del CNI es muy estricto: los funcionarios que allí laboran tienen impedido llevar dispositivos móviles, incluida cualquier unidad de almacenamiento informático; las computadoras a las que tienen acceso son propiedad de la institución y no cuentan con acceso a internet, mientras que las USB que les proporcionan –también propiedad del Centro– tienen una capacidad muy limitada.

Además, los gafetes de seguridad sólo les dan acceso a sus lugares de trabajo; es decir, estos funcionarios no pueden entrar a otras áreas de las mismas instalaciones y cada computadora está asignado a un solo funcionario, por consecuencia se tiene el control de todo lo que hace con la información que trabaja y, por supuesto, no puede hacer copias ni hacer transferencias o envíos informativos fuera del Centro.

Hasta el momento hay un clima de incertidumbre interna en ese órgano de seguridad nacional, pues la salida de los cinco funcionarios cercanos al general Audomaro impactó a todo el equipo, porque cuando tomó las riendas del CNI sólo ingresó a 10 personas de su confianza, de las cuales ya sólo quedan cinco, y el resto de trabajadores, más de 3 mil servidores públicos son herencia del antiguo y corrupto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y otro grupo son imposiciones del secretario Alfonso Durazo.

El Centro

Los conflictos al interior del Centro Nacional de Inteligencia parecen no acabar, en parte por su propia estructura anquilosada y heredada de regímenes corruptos del PRI y del PAN. Por ello, tras la salida de sus cinco aliados, el general Audomaro Martínez relevó a la directora de Control de Confianza, pues ya había cumplido 20 años al frente de esas labores.

Y es que en este año y medio al frente del CNI, el general encontró que hay al menos un centenar de familiares incrustados en la estructura de la institución, vil nepotismo que está prohibido por la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, hechos que la directora de Control de Confianza y los anteriores directores del OIC jamás reportaron como anómalos.