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Uno de los programas estrella del gobierno federal presenta en Sinaloa efectos contrarios a los que busca. Un expediente consultado por Contralínea da cuenta de casos de deforestación y de supuestas prácticas clientelares a favor de políticos priístas y organizaciones contrarias a la “cuarta transformación” que rebasaron a Morena en ese estado

Un expediente abierto en las oficinas centrales de Sembrando Vida, en la Ciudad de México, da cuenta de la deforestación que está causando el programa federal en la región Norte de Sinaloa. Supuestamente, se estarían desmontando amplias zonas para justificar la incorporación de nuevas listas de beneficiarios.

La investigación inició con dos denuncias por escrito –presentadas de manera independiente– por funcionarios de dos instancias del gobierno federal: el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el expediente, al cual Contralínea tuvo acceso, se señala que en los ilícitos están involucrados supuestamente los operadores del propio programa en la región, quienes han hecho carrera en gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en connivencia con organizaciones como la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) –ambas confrontadas con el gobierno federal–.

En los documentos se acusa a las organizaciones de haber impuesto “facilitadores” y técnicos sociales del programa en la región y, con ellos, condicionar la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios. Supuestamente estas centrales campesinas afilian de manera obligatoria a los campesinos y les retienen el 20 por ciento del apoyo.

Las zonas deforestadas se encuentran dentro de la región que comprende los tres municipios más al norte de Sinaloa, en la sierra que comparte con los estados de Chihuahua y Sonora. Se trata de El Fuerte, Choix y Sinaloa.

Por su parte, la UNTA rechaza “categóricamente” las acusaciones. Asegura que se trata de una difamación para discriminar a sus militantes y reivindica el derecho de todos los productores a ser sujetos del apoyo independientemente de su filiación política.

Además, en esta semana la organización campesina interpondrá una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios del programa que han buscado excluir a campesinos de la parte alta de la sierra, entre ellos rarámuris en condiciones de marginación severa.

Según los documentos, del municipio de El Fuerte, las comunidades con monte deforestado son Tetaroba, Tetarobita, Bamicori, Capomos, Capomitos, El Realito, San Lázaro, Chinobampo, Bacapaco, El Chicural, Chino de los Gámez y Chino de los Vázquez.

Del ejido de Huites, dentro del municipio de Choix, están afectadas las comunidades Baymena, Agua Caliente Grande y las Cruces.

Con respecto del municipio de Sinaloa, se cita a la comunidad de Santa Magdalena, Las Tunas de Arriba y José María Tosibuena. En entrevista con funcionarios del INPI, algunos pobladores dijeron que por instrucciones de la UNTA ellos mismos habían deforestado para ser beneficiarios del programa Sembrando Vida.

En el expediente se agrega que los recursos se están entregando de manera discrecional, en sentido contrario a lo señalado constantemente por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: que ya no hay intermediarios y que los beneficiarios reciben el recurso directa e íntegramente.

Señala que los “facilitadores” y técnicos del programa en la región elaboran listas de beneficiarios en conjunto con la CNC y la UNTA. Así, a decir del documento, el criterio “ineludible” en el primer caso para aparecer en esas listas es su simpatía con el PRI. En el segundo, afiliarse a la organización. Ambas centrales pedirían una “comisión” del 20 por ciento del apoyo a cada beneficiario.

En la denuncia que inicia el documento, se señala por “omisiones” al coordinador territorial del programa en Sinaloa, José Ramón Castro Beltrán. Y al ingeniero Aureliano Urías Rodríguez, delegado regional de Programas de Desarrollo en los municipios de El Fuerte y Choix. Se le acusa de beneficiar a familiares en la operación y en la inclusión en las listas de beneficiarios.

También figura el nombre de Silverio Díaz Ramón, secretario estatal de la UNTA en Sinaloa y técnico social del programa. Se le señala de pedir supuestamente el 20 por ciento del apoyo a cada afiliado para su organización.

Y el de Jovita Juárez Castro, facilitadora del programa en el municipio de El Fuerte, a quien en el documento también se le señala de elaborar las listas de beneficiarios atendiendo a los criterios de simpatía política. Sus operadores técnicos sociales son Alan Edgardo Burboa y Marcela Michelle Lugo Álvarez.

Con la excepción de Castro Beltrán, coordinador territorial del Programa en Sinaloa, los otros cuatro pertenecen al PRI y se coordinan con funcionarios del municipio de El Fuerte: Nubia Ramos Carbajal, presidenta municipal; Leonel Vea Gámez, secretario municipal, y Sujey Guadalupe Ibarra Apodaca, dirigente del Comité Campesino Municipal 10 de la CNC.

Sólo en la comunidad de El Realito, los apoyos han sido en su mayoría para la familia de la activista priísta María Luisa Ruelas Vega. Como ejemplos se cita los casos de Guadalupe Germán Encinas, quien reside en Estados Unidos; Félix Soto Soto, quien murió hace tiempo, y el maestro Ramón Ruelas Vega, hermano de María Luisa.

Y en una “depuración” de la lista de beneficiarios, María Luisa incluye a su esposo, Luis Germán Beltrán; su hermano, José María Ruelas Vega; su sobrino, Diego Guadalupe Ruelas Ayala, y a su hijo, Luis Germán Beltrán Ruelas.

Otro de los ejemplos que citan los documentos de las listas de beneficiarios del programa Sembrando Vida, integradas bajo criterios familiares y de clientela política, es de la comunidad Bamicori, también del municipio de El Fuerte. Ahí aparece Conrado López Álvarez, empleado federal que trabaja en el Programa Entornos y Comunidades Saludables de la Secretaría de Salud; Ricardo Alberto López Gómez, empleado de una tienda Elektra, y Jesús Alexis López Cuevas, quien es hijo de Conrado y vive en Estados Unidos.

La mayor parte de quienes quedan fuera de las listas, y además ven sus montes talados, pertenecen a las comunidades yoremes (o mayos) de la región, que presentan altos niveles de pobreza.

En entrevista con Contralínea, Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA, rechaza las acusaciones. Reconoce que el dirigente estatal de su organización, Silverio Díaz Ramón, es técnico social del programa en la región pero, lejos de cometer irregularidades, es víctima de persecución por su militancia. Explica que, como ingeniero agrónomo, Díaz Ramón obtuvo el cargo en concurso abierto y ahora lo discriminan los funcionarios del programa federal. Lo peor, asegura, es que perjudican a los beneficiarios que más lo necesitan: los rarámuris de la parte alta de la sierra, enclavada en el llamado Triángulo Dorado.

“No se vale que desde la administración pública nos calumnien y nos difamen. Hay que denunciarles y garantizar que la gente que legítimamente tiene derecho y cumple [con los requisitos] pueda tener acceso a ese programa. No escondemos nada”, asegura López Ríos.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Silverio Díaz Ramón señala que se le “ataca” por pertenecer a una organización que es crítica al gobierno federal. “¿Para entrar [al programa Sembrando Vida] se pide religión, preferencia sexual o qué se pide? Porque yo entré [a las comunidades] como profesionista, a nombre del programa y a nombre de la Presidencia [de la República]. En ningún momento he ido con la representación de la UNTA. Y yo participé en el concurso [para ocupar el puesto de técnico social] porque era un concurso abierto. Lo gané de manera limpia, sin palomazo de nadie”.

Díaz Ramón acusa a la facilitadora Daniela Heredia de ser quien ha difundido las versiones en su contra. A su vez, él la acusa de dejar fuera del programa a los campesinos que más lo necesitan y que se encuentran en la parte más alejada de la sierra. Considera que la funcionaria no tiene vocación de servicio, pues no está dispuesta a internarse en la sierra, ya que tiene otros intereses en la ciudad.

“Ella manifestó que no quería trabajar en la parte alta porque estaba estudiando un doctorado con beca del Conacyt [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología] y se le complicaba ir y venir.”

Silverio Díaz Ramón es aún formalmente funcionario del programa Sembrando Vida, aunque sabe que ha quedado aislado. Con todo, dice que el propio coordinador de los programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, tuvo que intervenir en su favor para que se mantuviera en las listas de beneficiarios a los campesinos incorporados por él.

Díaz Ramón asegura que incluso Montes Salas habló con el coordinador del programa Sembrando Vida a nivel nacional, Javier May, quien es también subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. El objetivo fue respaldar el trabajo realizado por Díaz Ramón porque “estaba bien hecho”.

El superdelegado del gobierno federal en Sinaloa, Jaime Montes Salas, ha estado vinculado a la poderosa familia Labastida, cuya cabeza es Jaime Labastida Ochoa, exgobernador del estado, exsecretario de Gobernación y excandidato del PRI a la Presidencia de la República en el año 2000.

José Román Rubio López, regidor del municipio de Sinaloa y presidente de la Mesa de Derechos Indígenas, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamenta que la ejecución de políticas federales en el estado recaiga en políticos de extracción priísta o contrarios a las políticas diseñadas por el gobierno de la República.

Explica que aunque el programa ha sido bien recibido por la población, quienes se encargan de la operación no realizan un trabajo honesto pues no se identifican con esta política pública.

“Hay técnicos y dirigentes que no se identifican con la ‘cuarta transformación’. Es más, se mofan de ella. Hay técnicos de aquí del programa Sembrando Vida que se burlan de lo que es esta propuesta de la transformación a profundidad de todos los sectores de la sociedad y de las comunidades. Hay una inercia que todavía priva en algunas organizaciones de seguir haciendo lo mismo: de, bajo cierta influencia, acomodar y colocar a personas que tienen todo el derecho a un empleo, pero que no lo hacen con ética, profesionalismo, vocación.”

Considera que el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel, de extracción priísta, manipula los programas federales a través de las organizaciones sociales con presencia en el estado.

“Hemos platicado con campesinos de la mayoría de los ejidos donde ya está operando el programa. Tienen la idea de que este programa, bien conducido, bien operado, puede mejorar la situación de cada uno de los ejidos y de cada una de las familias. Solamente cuidar los detalles de personas que, si bien es cierto con base en una convocatoria quedaron incluidos, se conduzcan de la mejor manera.”

Contralínea buscó por semanas al titular del programa Sembrando Vida, Javier May, para que informara sobre las denuncias y los retos que enfrenta el programa. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta. También solicitó entrevista, a través de Cihuatl Zúñiga, con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; José Ramón Castro, coordinador de Sembrado Vida en Sinaloa, y Jaime Montes Salas, delegado del gobierno federal para los programas de desarrollo en Sinaloa. Ningún funcionario de la Secretaría aceptó hablar al respecto.

Bien aplicado, Sembrando Vida será un “importante avance para el país”: Anta Fonseca

“Es un riesgo y puede ser que esté ocurriendo”, reconoce el biólogo Salvador Anta Fonseca cuando se le cuestiona sobre las denuncias por deforestación en Sinaloa a causa una mala ejecución de Sembrando Vida. Sin embargo, señala que se trataría de casos aislados que no demeritarían las potencialidades del programa federal.

Integrante del Consejo Civil Mexicano para Agricultura Sostenible, el especialista Anta Fonseca dice que ha tenido la oportunidad de ver la base de datos de los beneficiarios de Sembrando Vida y, en general, el programa se aplica en sitios que habían perdido la vegetación. “Son sitios abiertos, potreros, terrenos subutilizados, en regiones como la Huasteca, Tabasco, Veracruz, que son lugares fuertemente deforestados. Y ahí es donde he visto la nube de puntos de beneficiarios”.

Advierte que México cuenta con mecanismos que aseguran que no se van a desmontar y deforestar regiones para implementar el programa. “La Conabio [Comisión Nacional de Biodiversidad] tiene un sistema de monitoreo ya establecido con la Sader [Secretaría de Desarrollo Rural] y con la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] en donde tiene prácticamente cartografiado todo el país. Y se puede identificar cada una de las iniciativas de nuevos proyectos para ver si no van a generar deforestación”.

Explicó que esta cartografía generada por las dependencias señaladas debe ser empleada y utilizada por la Secretaría de Bienestar, a cargo de la ejecución de Sembrando Vida, “para que verifiquen que no sea un factor de deforestación, como lo fue en una ocasión el Procampo”.

Por el contrario, con el uso de esta herramienta se pueden lograr beneficios adicionales del programa, como la generación de corredores biológicos.

Consultor en temas forestales, el biólogo dice que Sembrando Vida tiene retos importantes en frente. “Sembrar en un par de años 1 millón de hectáreas es un reto muy alto, muy fuerte, por la poca disponibilidad de la planta que se necesita”. En primer lugar se requiere de la disponibilidad de esa cantidad de plantas.

“Ante la poca disponibilidad, el Ejército Mexicano ha participado, tiene una gran experiencia de producción de plantas. Pero en el mediano plazo lo que se busca es que sean los propios viveros de los ejidos y las comunidades donde se genere la planta que se requiere. Esto implica una transición, tiempo, para que en muchos lujares se tengan los viveros suficientes.”

El segundo reto es contar con la adecuada y suficiente asistencia técnica. “El programa tiene una bondad las escuelas de campo, que son espacios de comunicación y de intercambio de saberes entre los técnicos y los productores. No siempre la asistencia técnica es la más adecuada. Siempre los productores también tienen una experiencia. La gran habilidad será cómo combinar estos asuntos”.

Un tercer problema a resolver, que observa el experto en política pública del sector agropecuario y vínculo con la biodiversidad, es que en general el programa se aplicará en lugares que ya están abiertos a la agricultura. Lo único que van a hacer es mejorar los sistemas de producción. “Y sí, puede tener el riesgo, si no se tiene cuidado en algunos lugares, de que se busque sustituir vegetación para luego sembrar nuevamente. Ese es un riesgo del que se debe tener mucho cuidado, pues podría ponerse a competir con la propia vegetación natural”

Otro reto, señala Ata Fonseca, es que se logren generar cadenas de valor para los productos que se están cultivando y sembrando. Será importante “consolidar la producción  en esas regiones, generar cadenas de valor a nivel regional y luego vincularlas a mercados más amplios, ya sean locales, regionales, estatales, nacionales. Es un reto organizar la producción para luego canalizarla a mercados adecuados”.

El último reto que observa el exgerente de Silvicultura Comunitaria de la Comisión Nacional Forestal y exdirector general de Corredores Biológicos de la Conabio es armonizar la estructura del programa con las estructuras organizativas de los ejidos y las comunidades agrarias.

“Hay que buscar cómo se amolda o cómo se vincula el programa a las comunidades para no generar contradicciones o confrontaciones. Además, hay que estar haciendo mucho monitoreo, supervisión para ir viendo cómo opera el programa año con año. Revisar lo que está haciéndose bien, identificar los problemas que se tienen y hacer los ajustes necesarios para que este programa pueda realmente lograr los objetivos que se han planteado.”

Salvador Anta concluye que se trata de un programa “que si se instrumenta de manera adecuada va a ser un avance muy interesante para el país. Sobre todo en las zonas que ya perdieron vegetación y que ahora pueden seguir siendo de producción agrícola”.