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Segunda parte. Para los millones de mexicanos que carecen de seguridad social y no gozan de una bonanza y estabilidad económicas, enfermar de Covid-19 es jugar a los volados con la muerte; un cálculo conservador realizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) establece que un paciente internado por coronavirus en un hospital privado genera gastos de aproximadamente 410 mil pesos.

¿Cuántos mexicanos están en posibilidades de solventar un costo de salud de tal magnitud? De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo entre un 5 y un 10 por ciento de la población en general cuenta con los suficientes recursos para hacer frente a una enfermedad de esta naturaleza o a un accidente. Tan solo los exámenes para detectar el amenazante virus van de los 1 mil 300 pesos en empresas Salud Digna y los 7 mil 299 pesos en centros hospitalarios como Médica Sur.

Se entiende el porqué no únicamente los nosocomios encargados de brindar atención médica a los trabajadores del apartado “A” (IMSS) y a los del apartado “B” (ISSSTE) –burócratas– han sido superados con creces por la pandemia, sino sobre todo los destinados a dar servicio a los que carecen de un empleo seguro y estable. Los de la Secretaría de Salud.

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que nuevamente han sido las clases bajas las más golpeadas, pero también las clases medias que saldrán seriamente lastimadas en su nivel de vida de esta debacle económica donde, en contraste, las grandes corporaciones, sobre todo de la rama farmacéutica, de entretenimiento e internet, no sólo consolidarán su estabilidad financiera, sino además obtendrán millonarias ganancias.

Una vez que aminore la curva de los contagios que ha colocado a México entre los primeros países del mundo con mayor número de decesos –sobre todo gente humilde–, el tema sanitario deberá ceder su espacio al laboral ante el ineludible corte de caja para saber cuántos fueron los trabajadores no sólo de la salud sino de otros sectores que enfermaron o perecieron durante la emergencia sanitaria.

En la confusión de los semáforos sanitarios, por ejemplo, infinidad de empresas han comenzado a retornar sus actividades en el color naranja. Instituciones como el IMSS están pidiendo como uno de los requisitos para volver al trabajo, que los empleados contesten una serie de cuestionarios sobre el tema de la Covid-19. El trámite es en línea, pero aquel que no acredite el “curso” estará impedido a ser autorizado para retornar a sus labores.

El problema es que quienes diseñaron tal estrategia no van al fondo del problema; es decir, supervisar que sean los patrones y no los trabajadores los que cumplan con los protocolos sanitarios y la obligación de dar a sus empleados los equipos necesarios para su seguridad personal. Al preguntar a sus afiliados qué tanto saben o desconocen sobre la pandemia, el Seguro Social no va a llegar a ningún lugar si no atiende las causas de los contagios en los centros de trabajo y exime de sus responsabilidades a los empresarios.

Por ejemplo, la falta de insumos básicos para los miles y miles de trabajadores del sector salud en el país ha sido la causa directa en la muerte de cientos de enfermeras, médicos y otros trabajadores de los hospitales. Y el contagio de otros tantos miles más. La pandemia sorprendió a las desarticuladas instituciones públicas, incapaces de atender la avalancha de enfermos y proteger a su propio personal.

Ante los hechos puede afirmarse que el debilitamiento del modelo neoliberal todavía está lejos de consumarse, pues como establece el estudio elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, el llamado Estado Moderno “exige el sacrificio de la clase trabajadora desde un discurso en aras del progreso y del desarrollo de toda la sociedad; sin embargo, la voz de los trabajadores de la salud se hace escuchar al exigir condiciones de trabajo dignas, en tanto el gobierno trata de atizar y reducir el encono social a un mísero bono del 20 por ciento y un seguro de vida por su trabajo”.

Lamentable que México no sólo esté encabezando la lista de naciones con mayores estragos en su población a causa del coronavirus, sino también entre su personal de la salud; de acuerdo con el análisis del CAM, del 3 al 28 de junio el número de trabajadores del sector salud contagiados pasó de 20 mil 270 a 46 mil 013 casos. Un incremento del 127 por ciento en solo 25 días.

Desde que inició la pandemia y se decretó la jornada de la sana distancia, las redes sociales han dado cuenta de innumerables denuncias de médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y trabajadoras sociales, exigiendo de las autoridades los equipos necesarios para desempeñar su labor atendiendo su seguridad personal, que además está establecida como parte de la función que deben desempeñar las comisiones de Seguridad e Higiene de sus sindicatos.

Se estima que hasta mediados de julio pasado habían fallecido un promedio de 700 empleados del sector salud en el país, pero la cifra puede ser mayor, sobre todo si se considera que en las últimas semanas el número de contagios se ha disparado de manera exponencial, lo mismo que los decesos, pese a que las autoridades siguen sosteniendo lo contrario.

El anuncio oficial de entregar un bono de un 20 por ciento extra a su salario para médicos y enfermeras de instituciones como el IMSS se ha considerado un distractor para que las autoridades responsables traten de evadir su responsabilidad en el caso. Por ejemplo, un médico familiar con un sueldo mensual promedio de 10 mil 459 pesos apenas percibiría un ingreso extra por este bono de 2 mil 91 pesos.

La pandemia ha sacado a flote el abandono salarial en que se ha tenido a los miles de empleados de este sector. De hecho, en noviembre de 2019 el gobierno federal anunció un incremento salarial a las fuerzas armadas por encima de la inflación para 2020.

Se justificó entonces esta sustancial mejora salarial: “Los salarios de los marinos, los soldados, están bien ganados. Es decir, merecen un incremento porque se han portado muy bien, sobre todo ahora que tienen como tarea, entre otras, la tarea principal de garantizar la seguridad pública”.

Los expertos de la UNAM concluyen por ello: “En este país el costo de enfermarse tiene una semántica distinta, como si se tratara de un objeto, al salir a trabajar estaremos comprando el virus que no podremos pagar. No será algo que se pueda decidir no adquirir”. (Continuará)

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas