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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, tienen la obligación de coordinar y vigilar el cumplimiento de 11 medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encontraban, y se encuentran, detenidas en las estaciones migratorias del país en el contexto de la pandemia. De no cumplir con esa resolución judicial, en las próximas 24 horas “se les impondrá pena privativa de la libertad” al incurrir en una responsabilidad penal, advirtieron organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En un comunicado, indicaron que el pasado 3 de agosto la secretaria en funciones de jueza de Distrito, Vicenta Margarita González Vega, y el secretario Jair Sandoval Jiménez, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, resolvieron que las autoridades del INM incumplieron con las medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril –dentro del juicio de amparo  426/2020–, por lo que están obligados a cumplir con ello entre hoy y mañana.

Agregaron que “luego de casi 4 meses de emitida la suspensión de amparo y la nula y contradictoria información de las autoridades competentes sobre los protocolos que se aplican para prevenir la transmisión de Covid-19 dentro de las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como el número de personas detenidas en las mismas, la secretaria en funciones de jueza determinó que tanto el comisionado como el director general de Control y Verificación Migratoria del INM deberán de concentrar la supervisión del cumplimiento de la suspensión, no sólo a través de oficios informativos a todas las dependencias, sino que esta vez tendrán que agotar todas las medidas necesarias conforme a sus facultades, para contar con resultados sustentados con pruebas contundentes; de lo contrario, los titulares de ambos cargos serían denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial”.

Para las organizaciones, ello significa que “Francisco Garduño y Antonio López tienen 24 horas para requerir el cumplimiento a las dependencias correspondientes y 3 días posteriores para demostrar, con pruebas fehacientes, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el cumplimiento de la presente suspensión”.

Además, detallaron que por órdenes de la misma secretaria en funciones de jueza, la Secretaría de Gobernación debe informar, en el plazo de 24 horas, las acciones que llevó y lleva a cabo para cumplir con la estrategia, en apego a los programas sociales existentes, para que las personas migrantes o solicitantes de protección internacional puedan acceder a beneficios económicos que coadyuven en su sustento en el contexto de la crisis sanitaria por la Covid-19 establecidas en la resolución del pasado 17 de abril de 2020 dentro del amparo 426/2020.

Ello, luego de que, el 16 de abril pasado, más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado ante juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ante las omisiones del Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Salud, incluido el Consejo de Salubridad General, para salvaguardar la salud física y emocional, así como la integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias del INM ante la contingencia sanitaria.

Un día después, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, en funciones de juez, Arturo Israel Domínguez Adame, “resolvió un acuerdo sin precedentes a través de 11 medidas a favor de la salud y la vida de la personas migrantes en el país, identificando la situación de riesgo que enfrentan en la actual pandemia, ordenando al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias”.

Además, señalaron en el comunicado, la realización de inspecciones periódicas en dichos espacios para verificar que se cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos; así como el acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.

Algunas organizaciones que apoyaron el amparo son: Sin Fronteras, IAP; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC; Instituto para las Mujeres en la Migración, AC; Asylum Access México, AC; Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC; Espacio Migrante, AC; Alma Migrante, AC; Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; SMR, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados; Organización México Americana para el Desarrollo, AC; Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración; Casa Monarca: Ayuda Humanitaria al Migrante, ABP; Uno de Siete Migrando, AC; Instituto de Geografía para la Paz, AC; Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.