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El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) y Artículo 19 presentaron una demanda de amparo contra el Congreso de Yucatán por la reforma al Código Penal de ese estado, publicada el pasado 13 de marzo, la cual introduce el delito de ciberacoso y permite la criminalización de la protesta.

En un comunicado, las organizaciones aseveraron que si bien la reforma busca atender una problemática seria en la sociedad, la redacción utilizada es genérica y amplia; tanto, que la reforma permite que se utilice el aparato de justicia penal para inhibir las críticas y exigencias en redes sociales e internet hacia servidores públicos.

Con esta reforma al Código Penal se establece de 3 a 6 años de prisión a quien “intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías”, informaron las organizaciones.

Al respecto de la redacción que permitirá censurar la organización de colectivos, organizaciones y movimientos sociales en redes sociales y en el espacio digital, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, señaló que “su redacción es tan amplia y ambigua que permite criminalizar diversas manifestaciones de la libertad de expresión como lo es el activismo y la protesta digital, los cuales adquieren una importancia aún mayor en tiempos de pandemia”.

Añadieron que la Relatoría Especial sobre los derechos de Reunión Pacífica y Asociación de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación y ha realizado llamados a los Estados por la aprobación de leyes que penalizan el uso de instrumentos digitales y que suelen enunciarse “en términos vagos y mal definidos, que permiten aplicarlas de manera arbitraria o discrecional y dan lugar a inseguridad jurídica”.

Finalmente, las organizaciones indicaron que la demanda de amparo fue admitida el pasado 28 de julio por el Juzgado Segundo de Distrito y posteriormente, será revisada y analizada para determinar su inconstitucionalidad.