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Con la aprobación de reformas a seis ordenamientos, el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y portación de armas de fuego reservadas para las Fuerzas Armadas, indicó la nota legislativa número 89 del Instituto Belisario Domínguez.

Según los legisladores, esto se debe a que se ha dado una alta incidencia de conductas delictivas como el feminicidio, la desaparición forzada, la violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales y el enriquecimiento ilícito de servidores públicos.

El reporte del IBD indicó que con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud, se busca que la prisión preventiva constituya una medida cautelar para la preservación del proceso judicial, la seguridad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

También señaló que en el Código Nacional de Procedimientos Penales serán considerados como delitos ejercidos con violencia aquellos cometidos con armas de juguete o deportivas.

Asimismo, el Instituto -dependiente del Senado- indicó que, en contraparte, el juez no impondrá la pena en prisión cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato.
“Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia”, explicó la Nota.

Finalmente, la Nota Legión Secundaria de la Reforma Constitucional en Materia de Prisión Preventiva Oficiosa aseguró que la prisión preventiva no se encuentra prohibida por el derecho internacional de derechos humanos, sino acotada por los principios de necesidad y proporcionalidad, “por lo que no es una medida arbitraria, toda vez que su dictado tiene que darse necesariamente con base en el auto de vinculación a proceso, cuando ya el Ministerio Público ha aportado los elementos de convicción indispensables para acreditar la probable responsabilidad de la persona imputada”.