Autor:

La Montaña baja de Guerrero, semilleros de sueños en Náhuatl, es la forma en que se piensa y habla en la región, habitada por hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos que son guardianes de la tradición milenaria del México profundo, entre cañadas y verdes arboledas.

Un camino serpenteado que desciende hacia un valle poblado por casas de adobe y chinamill (carrizos de la región) es Rincón de Chautla, comunidad de indígenas nahua que han sufrido el asedio indiscriminado por parte del grupo delictivo Los Ardillos y la “autodefensa” Por la Paz y la Justicia.

Este asedio comenzó en septiembre de 2014, el mismo mes y año que marcó al país y a una generación la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

En este mes la comunidad de Rincón de Chautla, en un acto para defender su territorio y seguridad, 16 comunidades se suman al proyecto comunitario de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), asentando su Casa de Justicia en la comunidad sede. Los 16 pueblos, además de pertenecer a la CRAC-PF son miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que tiene presencia en la Costa Chica y Montaña de Guerrero.

El Cipog-EZ es miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Consejo Indígena de Gobierno fundado en 2018.

La visión ajena a los intereses económicos del tráfico ilegal de enervantes, a la plantación de la amapola, a la minería y al libre tránsito del narcotráfico en la región de la montaña baja, ha desatado la guerra de exterminio contra estas comunidades.

El narcotráfico en la región

Desde 2013 comenzaron los enfrentamientos, asesinatos, y desapariciones en la región de la Montaña baja, concentradas principalmente en el corazón de ésta: en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). El objetivo: el control de la zona y el corredor de Quechultenango a la Montaña.

Esta disputa era entre el grupo delictivo de Los Rojos –que para esos años tenía el control de plaza en Chilapa, Tlapa, Chilpancingo y el corredor de la sierra en la región centro–, coordinados por Zenet Nava Sánchez, y Los Ardillos –que tenía  el control sobre la zona del municipio de Quechultenango– encabezados por los hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, hermanos del actual diputado del 24 Distrito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bernardo Ortega Jiménez.

Se trata de grupos antagónicos que tienen un origen común, el Cártel de los Beltrán Leyva que controló Guerrero y Morelos hasta 2009 (año en que fue ejecuando Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, en un operativo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, realizado por la Marina). A partir de este suceso, el cártel en Guerrero se fragmentaría en varios grupos delictivos, quienes emprendieron una guerra entre por el control de la entidad.

Es en el 2014 cuando la violencia se intensifica y las comunidades son orilladas a salvaguardar su vida, territorio y seguridad formando su Policía Comunitaria e incorporarse a la CRAC-PF. Ese mismo año, aparece en la escena de Guerrero la “autodefensa” Por la Paz y la Justicia cin un discurso oficial hacia afuera de la región de ser un movimiento social genuino.

La “autodefensa” Por la Paz y la Justicia

La organización conocida como “Paz y Justicia” evoca en la memoria al movimiento paramilitar chiapaneco responsable del asedio a comunidades simpatizantes al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el caso actual de Guerrero, el grupo Por la Paz y la Justicia está vinculado al grupo criminal Los Ardillos, quienes son los dueños de la región desde 2019, después de la detención de su rival, Zenet Nava Sanchez, y la desarticulación de Los Rojos en Guerrero con la muerte de Juan Castillo, el Teniente, y la detención de Santiago Mazari Miranda, el Carrete.

Esta vinculación es acuñada después de su interrupción violenta en Chilapa el 9 de mayo de 2015, cabecera en la que permanecieron hasta el 14 de ese mes en busca de integrantes de Los Rojos. Es en esta intervención cuando son desaparecidas 16 personas por la “autodefensa”.

A esto, le siguió una ocupación más a la cabecera municipal de Chilapa y al municipio vecino de Zitlala, ocurriendo desapariciones a su paso como lo ha declarado el colectivo Siempre Vivos, integrado por familias que han sufrido el desgarro de la desaparición forzada.

En 2019, con el control total de los Ardillos, se agudiza el ambiente de hostigamiento contra las comunidades pertenecientes a la CRAC-PF y comienzan los enfrentamientos.

El más intenso tuvo lugar en el crucero del Jagüey, donde murieron 10 integrantes de la “autodefensa” y donde testimonios de integrantes de la CRAC-PF coinciden que entre los agresores se encontraba Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos.

En enero de este año la barbarie volvió a surcarse ante las comunidades, con el asesinato de 10 músicos nahuas de la comunidad de Alcozacán que fueron emboscados y calcinados en una parte del camino que conduce a Mexcalzingo, zona en la que tiene presencia la autodefensa.

Ante las acusaciones de los pobladores contra el cártel de los Ardillos, el clero guerrerense termina por pronunciarse. El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, declaró que se había reunido con integrantes de Los Ardillos, quienes le dijeron que no habían sido ellos los responsables del asesinato de los indígenas integrantes del grupo Sensación Musical y que los asesinatos habían sido por un conflicto agrario entre comunidades. Además de declarar que las acusaciones del fiscal contra los Ardlillos “eran una imprudencia”.

A este mismo obispo franciscano de origen michoacano se le ha visto –en videos difundidos en las redes sociales– oficiando misas en Quechultenango en presencia de capos, de quienes ha recibido lujosos obsequios, como un anillo de diamantes, un báculo y un pectoral de plata.

El ataque a la comunidad de Tula

El sábado 11 de julio en el panteón de Tula, comunidad límite entre la seguridad comunitaria y la presencia del narcotráfico, se parapetaron aproximadamente 60 hombres armados, quienes accionaron sus armas contra las humildes viviendas del poblado. El objetivo, la toma de la comunidad como un avance en la estrategia del control del territorio. Se trataba de integrantes del grupo Por la Paz y la Justicia.

Al empezar el ataque, la Policía Comunitaria encargada de la seguridad en el poblado repelió la agresión, causando un enfrentamiento por dos horas y media, hasta que cayó la noche y con ella la zozobra por la integridad de todo un pueblo y los más vulnerables: ancianos y niños.

David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF, comentó que dieron aviso a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero nadie llegó. A las 7 de la mañana del día siguiente, las balas volaron otra vez entre los techos de las humildes casas.

Fue hasta las 11 de la mañana cuando elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar, realizaron la detención de algunos integrantes de Por la Paz y Justicia, pero tan sólo avanzaron una parte del trayecto cuando simpatizantes del grupo armado retuvieron y desarmaron a elementos castrenses, obligándolos a dejar en libertad a los detenidos.

Ese mismo día, a las 11:30 de la noche, fue quemada una camioneta que trasportaba a pobladores de Alcozacán quienes habían viajado por provisiones a la cabecera municipal y quienes estuvieron desaparecidos durante 12 horas.

Desde los crímenes ocurridos en enero, las comunidades han exigido justicia a los tres niveles de gobierno, así como la instalación de la Guardia Nacional en los lugares donde se ha posicionado el grupo delictivo Los Ardillos y Por la Paz y Justicia y desde donde han atacado a la población civil del territorio comunitario.

¿Por qué la indolencia de los tres niveles de gobierno?

Recordemos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó el hecho de que los niños portaran armas y entrenaran para ser policías comunitarios en caso de faltar los mayores. Condenó pero no ofreció solución.

A finales de la década de 1970 comenzó otra forma de acumulación capitalista. Investigadores e intelectuales, como Carlos Fazio, sostienen que esta fase se remite al origen de la acumulación primitiva u originaria descrita en El Capital, de Karl Marx, basada en la depredación, el robo, el fraude y la violencia.

David Harvey, geógrafo y sociólogo inglés y uno de los académicos más importantes en la geografía humana en el siglo XX, acuña el concepto “acumulación por desposesión” como la nueva forma del capital. Consiste en la mercantilización de territorios, incluyendo la tierra, los recursos minerales que se encuentren ella, la expulsión de campesinos de tierras comunales o ejidales, según corresponda, y la instauración del mercado.

La economía criminal es el lado subterráneo de la globalización y esta economía se ha instalado en el corazón de nuestro sistema económico y político.

Todo indica que esta acumulación por desposesión juega a favor de la nueva táctica de grupos criminales, como éste, por el control de rutas de trasiego y la riqueza mineral que atesora el subsuelo de la Montaña de Guerrero.

Amílcar Juárez*

*Sociólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero