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Ante la transición del paradigma de producción y distribución de energías fósiles a “energías limpias”, el Estado y las empresas han obviado abrir espacios informativos para que las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, conozcan la implicación de una transición energética donde esté presente el concepto ambiental, puedan expresar sus opiniones y sean tomados en cuenta como sujetos de derechos en la toma de decisiones, aseveró Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (Prodesc).

En el webinar internacional “Impactos de la transición energética: Una mirada desde la defensa integral” –organizado por Prodesc–, Guadalupe Ramírez, mujer indígena zapoteca integrante de la comunidad Unión Hidalgo, mencionó que en 2006 llegó la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) a rentar sus tierras, y en 2009 firmaron un contrato por 30 años; sin embargo, cuando recurrieron al apoyo legal, visualizaron que todas las cláusulas del contrato beneficiaban a la empresa y se firmaron bajo el régimen de propiedad privada cuando son tierras de régimen comunal –violando la Ley Agraria–; además, no se realizó ninguna consulta.

Asimismo, la defensora de la tierra y del territorio de la comunidad Unión Hidalgo aseveró que los firmantes inconformes solicitaron el apoyo de la autoridad de Oaxaca y no recibieron respuesta, por lo que el parque fue inaugurado en octubre de 2011 por el presidente Felipe Calderón. También indicó que el mismo año –con la asesoría de Prodesc– recuperaron su vida comunal, y en 2013 demandaron la nulidad de los contratos ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tehuantepec, pero hasta ahora no hay resolución.

En 2017, la comunidad tuvo conocimiento de un segundo parque eólico impulsado por la empresa Electricidad de Francia (EDF), quien antes de realizar una consulta ya había obtenido un permiso por parte de la Secretaría de Energía (Sener) en 2012.  En el mismo año se pretendió hacer una consulta y, en abril de 2018, ésta fue demandada por haber sido realizada en condiciones inadecuadas. En octubre se suspendió la consulta y la construcción del segundo parque eólico. Con ello, se ordenó a la Sener la planeación de una consulta previa, libre e informada, y en noviembre de 2018 se retomó la consulta con las mismas irregularidades, explicó Guadalupe Ramírez.

En este sentido, la activista concluyó su participación diciendo que su comunidad no está “en contra de un proyecto eólico: estamos en contra de las formas en las que se llevan a cabo estas consultas. Nuestra comunidad no está informada, no saben lo que es una consulta, no saben lo que es un protocolo. Entonces no podemos dar un consentimiento y esa es la inconformidad de los defensores y defensoras de la tierra y del territorio de nuestra comunidad”.

Al respecto, la directora ejecutiva de Prodesc mencionó que “las comunidades que están siendo afectadas lo que más están pidiendo es información adecuada y una participación en donde sea garantizada en igualdad de otros actores con mucho poder, como son las empresas y el propio Estado. […] Las comunidades no están en contra de las energías renovables, están en contra de corrupción y engaño en la que todas las industrias han basado su modelo de producción y de desarrollo”.

Adicionalmente, mencionó que con la falta de consultas previas e informadas a las comunidades indígenas se les considera como objetos, no como sujetos de derechos.

En cuanto a la violencia, Irene González de la Alianza contra la Pobreza Energética y Enginyeria Sense Fronteres, afirmó desde su conocimiento en el caso español que “el extractivismo ­–independientemente si es energía limpia o si es energía fósil– acaba generando un fuerte impacto en el territorio […]. Ese impacto tiene un fuerte componente de género [donde] sacan a la mujer de la esfera de la toma de decisiones y generan una división sexual de roles muy fuerte en las comunidades”.

Por lo anterior, Alejandra Ancheita consideró que “es necesario no sólo una transición energética, sino repensar un modelo económico en donde los derechos de las minorías sean derechos que se respeten y se aseguren en su progresividad”. Asimismo, mencionó que la ley debe de ser una herramienta para abrir espacios para las comunidades afectadas por la industria.

En el foro, la periodista Diana Manzo señaló que “el Istmo de Tehuantepec es una zona privilegiada para las energías alternativas”; pues, hasta ahora, hay 28 parques eólicos con alrededor 1 mil 500 turbinas. Asimismo particularizó el caso de la comunidad Unión Hidalgo, Oaxaca, donde apenas hay un parque eólico y un segundo parque se encuentra paralizado por la detención de la consulta a los pueblos indígenas.