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Personas, organizaciones y pueblos llamaron a los miembros de la LXII legislatura del Congreso de Guerrero para que aprueben la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, presentada en diciembre pasado, con el fin de que se reconozcan de manera plena los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas y afroamericanos en la entidad.

Dicha propuesta de reforma constitucional integral, es resultado de un proceso participativo histórico realizada desde el Congreso, pueblos y organizaciones en sesiones de parlamento abierto. En la propuesta se expone la necesidad del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; el reconocimiento del pluralismo jurídico dentro de la sociedad pluricultural y democrática; el reconocimiento del sistema comunitario de seguridad y justicia de la CRAC-PC; la protección al territorio frente a empresas extractivas; la participación política de los pueblos, nombrando a sus representantes ante el Congreso y los ayuntamientos en asamblea; así como el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos, mencionaron los firmantes.

Asimismo, dijeron que las propuestas se han derivado de la ausencia de una perspectiva intercultural de las instituciones e igualmente, ha sido razón, por la cual los pueblos y comunidades han ejercido la práctica de sus derechos a la libre determinación y autonomía, un ejemplo; la policía comunitaria, también conocida como CRAC-PC, que lleva casi un cuarto de siglo fortaleciendo su sistema de seguridad y justicia comunitaria.

Sin embargo, apuntaron que la falta de legitimidad jurídica en el actuar de la policía comunitaria y  la criminalización de sus miembros, se acentuó con las reformas al artículo 14 de la Constitución y a la Ley 701; y, en  2018, colocaron a las instituciones comunitarias en una posición de subordinación a las instituciones estatales, lo cual violenta el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la autonomía.

Los peticionarios afirmaron que, en México, la reforma constitucional de 2001 representó un avance, pero no reconoció de manera plena el derecho a la libre determinación y autonomía y el 20 de abril pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inconstitucionalidad del proceso de reforma, por violación del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada. No obstante, hasta ahora, los marcos normativos federal y estatales siguen sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas.