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Amnistía Internacional impulsó una acción urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán a la Secretaría de Gobernación mexicana garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan teniendo los recursos necesarios para realizar su labor durante la pandemia.

Según la organización, ello se da por la falta de claridad sobre los recortes presupuestales a los programas, incluida la reducción de presupuesto para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (Cami).

La medida ­–apoyada por 163 organizaciones de la sociedad civil, como Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios (RNR) y Cami– está precedida de una carta abierta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 6 de mayo pasado. En ella, se pedía detallar que programas presupuestarios están incluidos en el decreto de austeridad, y si éstos cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la Covid-19.

Como resultado, se informó que Amnistía Internacional y otras organizaciones tuvieron una reunión con la secretaria Sánchez Cordero el 22 de mayo. Sin embargo, en el encuentro no hubo respuesta clara, a pesar de que se acordó hacer reuniones mensuales para dar seguimiento al tema.

Como contexto de la acción urgente “Protección de los derechos de las mujeres en peligro”, la organización indicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) registró 26 mil 171 llamadas de emergencia relacionadas con la violencia contra las mujeres durante marzo, cuando aparecieron los primeros casos de Covid-19 y comenzó en el país el llamamiento para que la gente se quedara en casa. Esto contrasta con las 21 mil 727 llamadas registradas en febrero. Durante abril y mayo, el número registrado de llamadas de emergencia fue de 21 mil 722 y 19 mil 975, respectivamente.

Agregó que el 23 de abril, el presidente anunció recortes a los presupuestos federales de 2020 para mitigar las consecuencias socioeconómicas creadas por la Covid-19. Los recortes ya están afectando a varios programas sociales, incluidos los que abordan la violencia de género en el país.