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Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el pasado 1 de julio, se acrecentaron las amenazas por favorecer a las trasnacionales biotecnológicas. Por ello, 185 personas y 80 organizaciones y movimientos sociales solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un decreto para prohibir los organismos genéticamente modificados (OGM) en todo el territorio nacional.

En una carta exigieron que el primer mandatario reafirme su compromiso y constantes declaraciones de que no habrá transgénicos en México. Al respecto, indicaron que, hasta ahora, la amenaza de los OGM se encuentra detenida por la medida cautelar de suspensión de siembra de maíz transgénico otorgada por el Poder Judicial en septiembre de 2013; sin embargo, consideraron que se requiere la voluntad y acción política del Poder Ejecutivo para proteger el patrimonio biocultural conformado por la diversidad agrícola que es sostenida por familias campesinas.

El 30 de junio de 2019 firmaron una petición para proteger a productores del campo, a las semillas nativas y la diversidad agrícola y, durante el mes de julio del presente año, reiteraron la petición de decreto actualizada.

Entre los puntos se exigen establecer en un decreto presidencial están: la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM sea experimental, piloto o comercial en territorio mexicano; sólo se permitirá la importación de granos y semillas de países que no siembren OGM (sólo se autorizarán granos con certificado); instrumentar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes; y una publicación mensual por Sader-Senesica y Semarnat-INECC de los resultados de análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental.