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La Red Mexicana de Afectados por la Minería señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se une a los 10 tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral que dan curso a que las empresas puedan demandar al gobierno mexicano en tribunales supranacionales, pero no al revés. Asimismo, recordó que este país ha tenido en su contra 34 demandas de trasnacionales –21 concluidas y 13 pendientes– en el marco de los Tratados de Libre Comercio.

Ello a partir del recurso de resolución de controversias, que permite que las empresas demanden al gobierno mexicano en caso de que consideren afectadas sus inversiones, por las restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista de eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos.

En un comunicado, Rema apuntó que en el caso de T-MEC queda disponible este recurso para las empresas estadunidenses, mientras se lo quita a las empresas canadienses.  Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el amparo del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2018.

También mencionó que, hasta la fecha, se le ha ordenado a México pagar una suma de por lo menos 242.94 millones de dólares en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas; y, actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, una de ellas, de la empresa minera estadunidense Odyssey Mineral Exploration por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.

El T-MEC representa la continuidad y consolida una política de apertura comercial que, bajo el enfoque neoliberal, subordina las normas y políticas ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses, aseveró Rema.