Con toda su vida arruinada, Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex)– no tiene nada que perder cuando llegue a México –extraditado de España– e inicie formalmente el juicio en su contra, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, cohecho y asociación delictuosa.

En particular, por las imputaciones relacionadas con la presunta compra irregular de la empresa Agro Nitrogenados, eje central del proceso en su contra y la investigación más sólida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Pero también por la adquisición de otra planta chatarra –Fertinal–, la compra irregular de dos floteles al astillero español Hijos de J Barreras y, por supuesto, el caso de corrupción por sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht.

En todos ellos, el maestro en administración pública y desarrollo internacional por la Universidad de Harvard podría implicar al expresidente Enrique Peña y a los exsecretarios de Estado Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, así como a otros altos exfuncionarios de la administración pasada, que participaron directamente en las decisiones del Consejo de Administración de Pemex, y en la ejecución de las operaciones presuntamente irregulares.

Como testigo colaborador –calidad en la que vendrá extraditado, como parte de los acuerdos alcanzados con la FGR– el examigo del expresidente Peña entregará todos los documentos internos de la petrolera, pero también de las secretarías de Hacienda –en su calidad de órgano facilitador de recursos– y de Energía –en su calidad de cabeza de sector– que comprueban toda la cadena de implicados en las diversas adquisiciones y en las asignaciones de contratos a las filiales de Odebrecht, en particular a Braskem.

El economista ya no le debe nada a nadie, pues todos los que impulsaron esos negocios a costa del erario de Pemex, incluido Peña Nieto, le dieron la espalda cuando se convirtió –junto a Rosario Robles que está presa– en uno de los blancos principales del actual gobierno en su combate contra la corrupción. Y es que las pesquisas judiciales implicaron a su madre –detenida en Alemania, extraditada a México y actualmente en arraigo domiciliario por cuestiones de salud y de su edad–, su hermana y su esposa. También fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos públicos.

Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera –que encabeza Santiago Nieto– bloqueó las cuentas bancarias de 16 personas físicas y morales (ocho individuos –entre ellos Lozoya Austin– y ocho empresas) relacionadas con el caso Odebrecht.

En específico a Lozoya Austin se le congelaron montos por 97 millones 734 mil 199 dólares (en moneda nacional), 3 mil 756 dólares (en esa moneda estadunidense) y 820 dólares (en euros). Al resto de presuntos implicados se les bloquearon, en total, 12 millones 14 mil dólares (en moneda nacional) y 773 dólares (en esa moneda).

Caso Agro Nitrogenados

El 28 de mayo de 2019, un juez dictó la orden de aprehensión en su contra, derivada de la investigación que abrió la FGR por la compra irregular de Agro Nitrogenados. Al tiempo, se concedió también la detención de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.

La denuncia ante la FGR se presentó por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (confirmó él mismo el 27 de mayo de 2019 https://bit.ly/2QsRnOq), luego de que se comprobó al interior de Pemex que la adquisición fue irregular y ha costado más de 1 mil millones de dólares a las finanzas públicas.

Como Contralínea lo ha informado desde 2016, en esa operación se triangularon fondos públicos a través de una de las empresas offshore de Pemex: PMI Norteamérica (https://bit.ly/2EQ23SL).

Fue el 16 de enero de 2014, cuando PMI Norteamérica –empresa unimembre, que carece de personal y oficinas propias– firmó un acuerdo para comprar los activos existentes de Agro Nitrogenados, una subsidiaria de Minera del Norte, SA de CV.

El costo de la operación ascendió oficialmente a 275 millones de dólares, e incluyó la planta productora de fertilizantes localizada en Pajaritos, Veracruz. No obstante, para este proyecto Pemex consideró que la inversión inicial podría alcanzar los 475 millones de dólares, pues además de adquirir los activos existentes, era necesario rehabilitar y renovar la planta de urea.

La triangulación no acabó ahí: el 30 de mayo de 2014, la empresa Pro-Agroindustria, filial de PMI Comercio Internacional, adquirió de manera definitiva los activos de Agro Nitrogenados.

En el proceso de la compra irregular de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, una de las principales pruebas que presentará la defensa del exdirector general de Pemex es el acta de la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la petrolera.

Aquel 17 de diciembre de 2013, Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para ello se utilizaría el Grupo PMI.

Encabezada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la reunión se detalló la ruta que siguió la petrolera para llevar a cabo esa adquisición, por la cual fueron giradas las órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la petrolera y del empresario Alonso Ancira.

Abiertamente se le informó al Consejo de Administración que el esquema de la compra implicaría la triangulación de recursos públicos vía las compañías instrumentales que la petrolera posee tanto en México como en el extranjero, incluidos paraísos fiscales.

En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director general de Pemex destacó ante los consejeros “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, dado que por esta vía hubiera tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más pronto posible”.

La ruta para la compra de la planta chatarra fue expuesta explícitamente ante el Consejo, sin que éste se opusiera. Fue Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Lozoya, quien expuso la “estructura del negocio”: ésta, dijo, “se integraría a través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes”.

Torres abundó que a partir de la aprobación del Consejo de Administración el Grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria Petroquímica, aportaría los insumos “para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena”.

En esa misma exposición se descubre que la operación para beneficiar a Ancira inició mucho tiempo antes de que el Consejo de Administración firmara ese 17 de diciembre el acta que daba el visto bueno a la compra.

De hecho, Torres indicó que desde el 19 de julio de ese mismo año –2013– PMI Holdings [una de las 61 empresas instrumentales de Pemex que se encuentra radicada en Países Bajos] aprobó la compra y otorgó “suficiencia presupuestaria” para ello. El monto autorizado ascendía a 475 millones de dólares.

Ocho días antes de esa sesión extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó “el caso de negocio en los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, los cuales a su vez autorizaron a realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”, explicó.

Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin informó a los consejeros: de los 475 millones de dólares que la filial PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta, y los otros 200 millones para la rehabilitación de éstos y su modernización.

Queda claro con esto que tanto los servidores públicos de Pemex como los integrantes del Consejo de Administración tuvieron pleno conocimiento de que la planta no funcionaba y era una verdadera chatarra.

Edgar Torres señaló literalmente que “lo que se estaba buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran una sociedad e integraran la cadena de valor de amoniaco urea en beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel de desarrollo que se ubican en el Sur Sureste del país”.

Para entonces, Pemex ya conocía a profundidad la situación real de la planta. Y es que Torres informó al Consejo que se tenían tres estudios de empresas contratistas que habían hecho estimaciones respecto al costo potencial de la rehabilitación de la planta. Rehabilitación que sólo era necesaria ante una clara falta de operación.

Según el documento, en esa sesión participaron el entonces secretario de Energía y consejero presidente, Pedro Joaquín Coldwell, y los consejeros Enrique Ochoa Reza, que en aquel momento era subsecretario de Planeación y Transición Energética y después sería director general de la CFE; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

También los consejeros representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y José Pilar Córdova Hernández; y los llamados consejeros profesionales: José Fortunato Álvarez Enríquez, Héctor Moreira rodríguez, Jorge Borja Navarrete y Fluvio César Ruiz Alarcón. Veremos a quiénes de ellos empiezan a llamar a cuentas.

Al día siguiente de esa sesión extraordinaria, se constituyó el “instrumento” que no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro Agroindustria, con el objeto de materializar la compra de la planta chatarra y más adelante de Fertinal, el segundo asunto por el cual se persigue a Lozoya.