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Ante la aprobación de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal –derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)–, Artículo 19 señaló que violan la Constitución y atentan contra los derechos humanos de millones de personas usuarias de las tecnología en México.

Según la oficina para México y Centroamérica de esa organización, las plataformas en línea deberán remover contenidos por supuestas infracciones al derecho de autor sin necesidad de pruebas ni autorización judicial. Este mecanismo, indicó, es conocido como: “notificación y retirada”. Por ello, consideró que las reformas permiten que cualquier particular censure expresiones en línea, y con ello se viola el derecho a la libertad de expresión, establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales.

La organización advirtió que la libertad de expresión, y en particular la labor periodística, se encontrarán en riesgo de ser censurados bajo la supuesta vulneración a los derechos de autor, que es un procedimiento extrajudicial.

Artículo 19 criticó que las reformas aprobadas criminalizan la elusión de medidas tecnológicas de protección ­sin contemplar excepciones, existentes en Estados Unidos –permitidas por el T-MEC–  y que resultan fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos.

Además señaló que las sanciones por el uso de candados digitales para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico o eludir un candado digital podrán alcanzar multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión.

En un comunicado, consideró que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión “legalizan la censura en internet” y “configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión”. Por ello recomendó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que interponga acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y denunció la “sumisión” mostrada por el Congreso y la Secretaría de Economía –dependencia federal responsable de la negociación del T-MEC– ante los intereses privados, así como el abandono de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos.