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En la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump –el próximo 8 y 9 de julio– el tema de derechos humanos, específicamente en materia de migración, no se puede mirar desde un panorama optimista, ya que es un evento principalmente político y de promoción para la reelección del presidente de Estados Unidos, consideró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Agregó que a Trump no le interesan esos temas y todo lo condiciona a su agenda personal, mientras que el primer mandatario de México está prácticamente sometido a esa agenda, por lo que no se puede esperar de esa reunión más que una ilusión de políticas públicas de impacto significativo en el país.

Durante el conversatorio virtual “Derechos humanos, migración y relación bilateral en tiempos de Covid-19”, el experto en temas de América Latina mencionó que Trump mantiene su línea antiinmigrante y López Obrador, “ha dado todas las demostraciones de que está dispuesto a convertir a México en el muro” y a facilitar todo aquello que le solicite el actual gobernante estadunidense.

La protección de los derechos humanos, mencionó, es cada vez más precaria porque los mecanismos que están diseños para protegerlos están debilitados y  particularmente porque el gobierno del presidente Trump ha hecho todo por desmantelarlos.

Especialmente el asilo y el refugio, como instancias de protección, han sido constantemente golpeados por las autoridades norteamericanas quienes permiten la postulación de refugio por parte de las personas migrantes pero que posteriormente son obligados a permanecer en México  en donde el gobierno se ha comprometido a dar trabajo, seguridad, protección, salud; sin embargo, “sabemos que en los hechos eso no ocurre”.

Por su parte, Luciana Gandini –investigadora de la Universidad Nacional Autónoma México  UNAM– señaló que una característica de México durante al segunda década del siglo XXI ha sido la diversidad de población migrante en movilidad y refugiada que hay en el país.

Por una parte están las más de 30 mil personas, principalmente centroamericanas, que se encuentran en espera o “atrapados” en la frontera Norte debido a que se suspendió el proceso de asilo en el que se encontraban por la pandemia del coronavirus, o bien porque están en lista de espera, lo cual pone de manifiesto el tema de la externalización del derecho de asilo por parte de Estado Unidos y que pareciera que México está a asumiendo esa responsabilidad que le toca a Estados Unidos.

Otra población, informó, es el sector deportado que a pesar de que se suspendieron los flujos  esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos , la realidad es que no cesaron las deportaciones de Estados Unidos; es decir, las audiencias de personas que estaban en centros de detención se produjeron de manera virtual, sino que también se incrementaron la deportaciones exprés; es decir, deportaciones que no siguen el debido proceso y que violan el derecho del acceso al territorio, en promedio estas deportaciones son de 96 minutos desde que capturan a la persona  en la frontera y la deportan.

Un tercer sector es la población migrante y refugiada que está asentada en la Ciudad de México. Recordó que la capital tiene un programa de ciudad intercultural, el cual, dijo, ha facilitado en gran medida el asentamiento de las personas que a diferencia de las poblaciones migrantes que se encuentran en las fronteras que están en condiciones más precarizadas y en una situación más vulnerable, son poblaciones que ya tienen un tiempo establecidas y que han tenido apoyo de diferentes organizaciones; sin embargo esta población que comparativamente estaba mejor , en estos últimos tres meses de pandemia “lo perdió todo”; por lo cual, la integración de esta población que sigue siendo precaria es un tema que se debe atender.