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En 18 años, la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) documentó 898 agresiones contra las reporteras y las periodistas en todo México, reveló la investigación para evidenciar las condiciones históricas que viven por ser mujeres y agravadas por los atentados a la libertad de expresión.

Durante la presentación de la Cartografía de agresiones contra mujeres periodistas en México, Adriana Ramírez Venegas –responsable del programa Libertad de Expresión y Género de Cimac– detalló que también fueron registrados 417 casos de violencia institucional y 19 feminicidios de periodistas.

La socióloga e historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México afirmó que la necesidad de elaborar la georeferencia de las agresiones sufridas por las comunicadoras es evidenciar las acciones y omisiones de los gobiernos municipales, estatales y federal cuando se ocasionó algún daño o perjuicio a la periodista, así como dar cuenta; así como analizar la información con perspectiva de género y de derechos humanos ante la falta de datos sobre el tema.

Ello, porque los ataques y agresiones tienen impactos diferenciados en las mujeres. Ante un Estado “feminicida” e impune como México, la cartografía también busca “abonar a la prevención”, dijo Lucía Lagunes Huerta, directora de la asociación. Otro objetivo es develar las entidades federativas donde se torna más peligroso ejercer la labor periodística, porque también es diferenciada la peligrosidad del ejercicio en zonas rurales. Al respecto, indicó que son: Ciudad de México en primer lugar, con 154 agresiones; Veracruz, con 100 casos; Puebla con 84; Coahuila, con 63; y Guerrero, con 52.

Respecto de la ausencia desagregada de datos sobre las agresiones a reporteras, Lagunes Huerta mencionó que se debe a que [ellas] se pierden en la generalidad “en las que solemos perdernos”, pues “detrás de la universalización se esconde la invisibilidad de las mujeres”.

Además de enfrentarse con condiciones de desigualdad históricas por el género, las periodistas se topan con la “enorme deuda con la democracia en México y con los periodistas”, ya que las autoridades no han “asumido la responsabilidad de garantizar el derecho humano a la libertad de expresión de las mujeres; tampoco abatir la impunidad; hacer la investigación y captura de los agresores”.