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Artículo 19, oficina para México y Centroamérica, pidió a la policía de Benito Juárez, Quintana Roo, recordar que todos los ciudadanos cuentan con derechos y garantías judiciales en cualquier proceso de detención. Ello, a razón de la detención de Raúl Fernández de León, comunicador de Descontento Ciudadano, el pasado 26 de junio.

Como respuesta a una alerta emitida por esa organización, la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad se comunicó en un mensaje directo por redes sociales y presentó un escrito aclaratorio de los hechos. Éste fue recibido el pasado 28 de junio e hizo referencia a que los elementos de la policía no procedieron de forma contraria a sus funciones, debido a que aseguraron y remitieron ante el juez cívico por la comisión de una falta de carácter administrativo.

Sin embargo, la documentación expuesta en la alerta de Artículo 19 describió supuestos actos de violencia física y psicológica, amenazas a la integridad y a la vida, limitaciones a los derechos en el proceso y supuesta actuación de un elemento de la policía de Benito Juárez bajo la influencia de alcohol.

Artículo 19 resaltó que, en 2019, Quintana Roo presentó un total de 57 agresiones contra la prensa. Y se encuentra en el segundo lugar de los estados más violentos contra la prensa, dentro de los ataques documentados se encuentran supuestos casos de tortura por parte de elementos policiales, detenciones arbitrarias, amenazas, e inclusive un asesinato.

Por lo anterior, recordó a las autoridades estatales seguir con sus obligaciones en concordancia a las normas procesales para la detención de cualquier persona. Pues, las detenciones arbitrarias como cualquier otro acto que no esté permitido por las normas regulatorias en México, son contrarias a los derechos humanos.

En este sentido, invitó a las autoridades al estudio y la práctica de las normas procedimentales del Código Nacional de Procedimientos Penales, con énfasis en las obligaciones del primer respondiente, las normas sustantivas que implica los derechos de las víctimas y de imputados, y la obligación que genera el artículo 2, párrafo tercero de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.