viernes 10, julio 2020

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A pesar de que Yucatán ha sido entidad vanguardia en resoluciones judiciales que han protegido y reconocido derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTI), el estado no ha adoptado medidas legislativas y administrativas necesarias para que se garanticen sus derechos, aseveró Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, junto con la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, AC (Unasse).

En el marco del Día del Orgullo LGBTI, celebrado el día 28 de junio, Indignación y Unasse emitieron el informe Avances, retos y exigencias para el reconocimiento pleno de las personas LGBTI en Yucatán, en el señalaron que a nivel de políticas públicas existe una deuda histórica por parte del gobierno y sus instituciones por no reconocer los derechos para ese sector discriminado e invisibilizado.

En el trayecto de la lucha se ha logrado el reconocimiento, vía judicial, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de hombres, mujeres, niñas y niños gays, lesbianas y transgénero a quienes las autoridades les han negado el ejercicio de sus derechos, dictó el Informe.

Recordó que, en junio de 2013 comenzaron las resoluciones cuando se ganaba en Yucatán el primer amparo de una pareja del mismo sexo a quienes el registro civil negaba el derecho a contraer matrimonio. Asimismo, el 31 de octubre de 2013 el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado emitió una sentencia para reconocer el concubinato.

Dos años más tarde, el 8 de junio de 2015, el Juzgado Quinto de Distrito amparo a un matrimonio de dos mujeres, a quienes el registro civil les había negado la posibilidad de inscribir a su hijo como parte de su familia: este caso de reconocimiento de familia lesbomaternal fue el primer caso a nivel nacional, señaló el Informe.

Posteriormente, el 28 de junio de 2017, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito determinó conceder un amparo a 80 personas gays y lesbianas reconociendo que las leyes de Yucatán los discriminaban al no reconocer su derecho a contraer matrimonio.

Asimismo, el 21 de noviembre de 2018 se reconoció la familia homoparental y fue el primer caso a nivel nacional en donde un matrimonio de hombres que había recurrido a técnicas de reproducción asistida: fertilización in vitro y gestación subrogada, para lograr ser padres, se les reconocía la doble filiación, indicó el informe.

También se agrega un amparo para el reconocimiento del cambio administrativo de acta de nacimiento para una persona transgénero, el día 30 de abril de 2019 y; el amparo para el reconocimiento judicial del derecho de un niño transgénero al cambio legal de su acta de nacimiento emitido el 27 de septiembre de 2019. Este último caso fue el primero a nivel nacional, en donde a través de una sentencia se reconocía el derecho de la niñez trans a modificar sus documentos legales.

Pese a los avances, en Yucatán todavía no se ha discutido la iniciativa presentada para reformar la Ley del Registro Civil para permitir el cambio administrativo de las actas de nacimiento de las personas trans. Tampoco se ha tipificado en el código penal los crímenes de odio por la homofobia, lesbofobia y transfobia –a pesar de tener un alto índice de delitos– y, no se han establecido políticas públicas en el ámbito de la educación , la procuración y administración de justicia y la salud, aseveró el informe realizado por Indignación y la Unasse.

Finalmente apuntó que Indignación y la Unasse han sido ignorados por las autoridades ante sus peticiones planteadas a los candidatos de las elecciones de 2018, por lo que consideran evidente la falta de voluntad política para reconocer los derechos de un grupo históricamente discriminado y, muestran la clara homofobia y transfobia institucional existente.

 

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