viernes 10, julio 2020

Autor:

En el primer año del gobierno de López Obrador, la Semarnat liberó más de 30 accesos a playas de Nayarit y Quintana Roo; el objetivo: recuperar el libre tránsito por las ZFMT. Pero con la pandemia, el proyecto se ha detenido. Expertos aseguran que las medidas no son suficientes para revertir los daños causados a la población por la privatización de las zonas costeras

Con la nueva normalidad, en Quintana Roo algunos hoteles han “abierto” sus playas a la población local a cambio de un pago de hasta 1 mil 500 pesos, segñun denuncias de ciudadanos en redes sociales. Éste es el recordatorio de que, en México, por años decenas de playas han sido privatizadas al margen de la ley.

Por ello, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dictara el mandato para “respetar las garantías constitucionales de acceder, transitar y disfrutar de las playas del territorio nacional”, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) logró liberar 30 accesos a playas en Nayarit y derribó construcciones que no permitían el paso a la zona costera en Quintana Roo.

En las zonas recuperadas se incluye La Lancha, Nayarit, cuya comunidad está en lucha por abrir sus accesos desde 2015. No obstante, con la pandemia de Covid-19 el proyecto para liberar playas privatizadas se ha detenido.

Más aún, expertos consultados por Contralínea consideran que, incluso, la recuperación de los accesos es insuficiente para revertir los daños causados a la población durante años.

El proceso de liberación

El año pasado, la Semarnat arrancó con el llamado Movimiento Nacional para la Recuperación de Nuestras Playas, que busca evitar que particulares impidan el ingreso a las zonas, con base en el artículo 7 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Éste establece que las playas de todo el territorio mexicano pueden disfrutarse y gozarse sin más limitación que respetar las áreas, horarios y condiciones en que no podrán entrar vehículos o practicar actividades que pongan en peligro la integridad de los usuarios, en conformidad con los programas de control.

Sin embargo, en México el respeto a las playas no se cumple y se ha detectado a través de la iniciativa de “Mapeo de acceso a playas públicas” –instrumentada en febrero de 2019 por la Secretaría de Turismo– que 12 playas con grandes consorcios hoteleros ubicadas en Baja California –municipio de Ensenada–, Baja California Sur –Loreto, Los Cabos, La Paz–, Nayarit –Bahía de Banderas–, Tabasco –Paraíso–, Veracruz –Tuxpan–, Jalisco –Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta– y en Quintana Roo –Solidaridad, Tulum– han privatizado gran parte de las costas mexicanas.

Contradicciones

A pesar del esfuerza por liberar los accesos, durante 2019 la Semarnat otorgó 98 nuevas concesiones en los 17 estados costeros, donde destacan nuevamente Nayarit (Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Acaponeta) y Quintana Roo (Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P Blanco y Solidaridad.

Además, renovó 68 concesiones con la opción de modificar las condiciones actuales de ésta y dio cinco permisos para construcción de obras, incluyendo aquellas que modifiquen la morfología costera en Ahome, Sinaloa; Progreso, Yucatán; Paraíso, Tabasco; y Tulúm, Quintana Roo.

De un total de 965 solicitudes realizadas por personas físicas y morales de enero a diciembre de 2019, la Semarnat negó el 82.3 por ciento y reportó que durante los meses de junio y julio no hubo ninguna petición para concesión, prórroga o permiso; de igual modo, durante marzo sólo se recibieron solicitudes para tres concesiones y una prórroga, sin aprobarse.

Lagunas legales

Desde no delimitar el número de metros otorgados por concesión ni la distancia entre uno y otro acceso a las playas, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados al Mar presenta lagunas que permiten que no sea respetado por los concesionarios.

En ese contexto, la doctora María del Carmen Carmona Lara –académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– indica que el problema radica en que, al no existir un concepto legal y constitucional de playa, la Ley Federal de Bienes y Servicios sólo contempla una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa como la Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat) como territorio sujeto a concesión, por lo que se vuelve común que las cadenas hoteleras y los desarrollos inmobiliarios ofrezcan a los inquilinos playas privadas cerrando así los accesos a las comunidades cercanas al mar.

Además, agrega que la ley data de una norma aplicada en la época colonial, donde lo que ahora es la Zofemat se relacionaba con la soberanía de la nación cuando había una restricción para la inversión extranjera en la costa, para evitar ataques de barcos con balas de cañón e invasiones extranjeras.

Por su parte, el artículo “particularidades de la Zona Federal Marítimo Terrestre” –del abogado Luigi Lacobi Pontones Brito– indica que estas irregularidades dan pie a que, por ejemplo, “en muchas ocasiones los propietarios de los terrenos colindantes impidan el acceso a la Zofemat, ya sea por la situación geográfica o por la extensión de superficie que les fue concesionada”. Además, explica que “la delimitación de la Zofemat constituye entre las propias dependencias públicas conflictos legales y de competencias”.

En este contexto, el artículo 17 del Reglamento refiere que los propietarios de los terrenos deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a los bienes de propiedad nacional por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Aun así, la doctora Carmona Lara –especialista en derecho de los recursos naturales– agrega que ni el municipio ni el estado pueden intervenir en los 20 metros concesionados en ninguno de los 17 estados costeros.

Por su parte, la antropóloga Ana María Salazar Peralta –integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM– indica que en México no se respetan los accesos a las playas. Con los gobiernos anteriores, observa, hubo una liberalización de las regulaciones del turismo en contextos o enclaves turísticos como Cancún, la Rivera Nayarit y la zona de fronteras en Baja California, donde se pueden observar “procesos de liberalización tanto ambientales como culturales”.

La maestra en antropología cultural agrega: “hay un desorden provocado por el tipo de enclaves turísticos y el tipo de ambición de los desarrolladores. Por un lado, pero también por la corrupción de los funcionarios públicos que en vez de proteger lo que es lo propio se hacen de la vista gorda y dejan que destruyan cosas muy importantes”.

Relación de la población con las playas

Para la investigadora Salazar Peralta –quien estudia el turismo en las costas del Sur de Nayarit y su impacto en la población original–, el tema del ocio “es un derecho importante, ya que es la forma de producción social de las poblaciones trabajadoras”.

Agrega que la movilización de jubilados a ciudades costeras ha impulsado que estas zonas se abran a un turismo que deja de ser sólo de sol y playa o turismo masivo, para transformarse en turismo residencial, lo que ha provocado respuestas no solamente en el mercado sino también en las dinámicas socioculturales en los diferentes sitios.

La investigadora explica que estos factores trastocan la conservación de bienes naturales y culturales, porque a mayor expansión del emplazamiento turístico hay más implicaciones socio-territoriales con consecuencias importantes de carga al sistema. Ello, porque “se utiliza una extensión mayor de terreno y mayor cantidad de agua”.

Playa La Lancha

La maestra cita el caso de la playa La Lancha, ubicada en Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit, conocida principalmente como un lugar ideal para los surfistas, era visitada por familias locales y turistas, y que fue privatizada –utilizando vallas de contención y puertas de hierro– por el grupo DINE desde 2015.

Éste evidencia la importancia de las playas para la población, indica, pues ante el cierre del acceso a la playa virgen y la presencia de construcciones que no contaban con permiso ni estudios de impacto ambiental la población se movilizó para exigir a las autoridades de la Semarnat, Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Turismo (Sectur) que no fuera cerrada, ya que –aunque la empresa contaba con una concesión– la playa seguía perteneciendo a terreno federal.

La maestra Salazar Peralta explica que el problema se suscitó debido a que “Grupo DINE hizo todas sus negociaciones al margen de la sociedad”, lo que provocó que la gente no tuviera acceso para hacer uso social de la playa. También señala que no permitían el acceso a la zona localizada junto a los hoteles Four Seasons y el St. Regis “para que los mexicanos no ‘afeen’ las playas que ocupan los extranjeros”.

De igual modo, la expansión del turismo se asocia a la inmobiliaria, con la construcción no sólo de hoteles sino también de residencias, que van afectando lugares como los sistemas lagunares.

Dentro de sus estudios, la antropóloga ha detectado que en los casos de Nayarit y Jalisco hay una enorme franja de sistemas lagunares de gran importancia, que cuenta con la presencia de esteros y marismas que están siendo afectados por la mancha urbana que va avanzando sobre esos territorios.

Asimismo, explica que los emplazamientos turísticos no sólo afectan al privatizar las playas, sino que también tienden a poner un valor asociado con la patrimonialización de los recursos y bienes culturales que está dirigida por los inversionistas.

En este contexto surge la idea de la autentificación de su cultura y ya no solamente es un tema de despojo territorial, sino también se habla de patrimonializar el recurso cultural convirtiéndolo en una mercancía “que cualquier persona puede comprar, con lo que pierde el significado profundo que tiene para los productores del lugar. Ello, porque al salir de la comunidad de origen se vuelve ahistórico”.

La investigadora del IIA agrega como ejemplo al grupo Vidanta – desarrollador de resorts en América Latina– como una de las corporaciones encargadas de la construcción del Cirque Du Soleil en Nayarit, el cual inició una serie de desmantelamientos de varios espacios naturales para apropiarse de una parte del río Ameca, y crear un parque temático.

De acuerdo con información de la organización Gente Nayarit, esto ha generado invasión al hábitat de cocodrilos y saqueo de materiales pétreos del río, así como desvío de su cauce y crear chapoteaderos para huéspedes de Vidanta y gente con membresías, con lo cual se teme que el desarrollo de las áreas turísticas circundantes haya alterado el flujo del río y podría aumentar el riesgo de inundaciones en el área de la costa del Pacífico.

“El tema con estos lugares es que hay una enorme riqueza […] y toda ésta se va a terminar por la intervención de los inversionistas, que verdaderamente tienen una enorme compulsión por hacerse de los recursos naturales”, observa la investigadora.

Y agrega que “las playas no son privadas: todas son públicas, incluso la playa frente a un gran hotel es pública. Ningún lugar del mundo cierra las playas como aquí en México: es especial la corrupción en torno al tema del manejo de las playas privadas y eso tiene que ver con la enorme corrupción que se ha vivido”, advierte la maestra Salazar Peralta.

Desigualdad entre pobladores y turistas

El cerrar los accesos a las playas ha generado una desigualdad entre pobladores y turistas y entre los mismos turistas. Al respecto, la antropóloga Salazar Peralta menciona que esto se da “precisamente porque todo queda inclusivo”.

Explica que la idea de all inclusive impide que se abran cadenas de valor con la comunidad más cercana a donde está el emplazamiento turístico; es decir que los turistas salgan y consuman algo o visiten los poblados durante fiestas o celebraciones tradicionales.

“Los visitantes llegan y los suben a un vehículo donde los traen de un lado a otro en unas condiciones muy limitadas, y todo se consume dentro de los hoteles donde tienen un control de todos los consumos.”.

También señala que esto provoca que no se dé ningún contacto físico ni de ningún orden con las poblaciones locales. Esto afecta porque a los pobladores les “han vendido la idea” de que cuando lleguen los turistas van a tener todos los beneficios de vender cualquier tipo de servicios.

Aclara que en ocasiones los trabajadores del hotel no tienen derecho a hablar con los turistas. “La segregación es horrible y no es solamente económica, sino también étnica y por supuesto es un racismo espantoso dentro de las propias instalaciones hoteleras”.

Asimismo, una de las tendencias inmediatas en este contexto es sustituir la forma de vida tradicional por otra remunerada en cualquier área, aún sin contar con la capacitación adecuada, por lo que una parte de los trabajadores del turismo cuenta con trabajos con salarios precarios y horarios quebrados.

“Tú no le puedes dar salarios millonarios a alguien que ignora la gestión turística, entonces o tienes que estudiar una licenciatura en turismo, lo que además es muy vergonzoso porque muchos de los chicos egresados de esos programas resulta que no son más que los que trabajan detrás del mostrador del hotel y en realidad no tiene un papel ejecutivo importante en esas empresas”, expresa Salazar Peralta.

Como ejemplo indica el caso de Nayarit, que en el pasado era un pueblo agricultor y minero y ahora se conoce por ser uno de los destinos turísticos de lujo en el país, más visitado por extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá que del propio México.

Gobierno apuesta por la “donación” de entradas a la playa

En entrevista con Contralínea, Rodrigo Hernández Aguilar –director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros– asegura que, aunque las playas son territorio federal, muchas veces los terrenos para llegar a ellas son propiedad privada; es decir, están concesionados, “por lo que se está trabajando en convenios para permitir el paso por la propiedad para ingresar a las playas”.

Asimismo, indica que anteriormente en las playas se construía sin una planeación por lo que éstas se saturaron; sin embargo, ahora la instrucción para los alcaldes y los gobiernos de los 17 estados costeros es generar en los planes de desarrollo urbano, en cada cierto espacio –que se determinará entre gobierno y concesionado–, las entradas de las playas antes de que construyan. Esto quedará pactado en un convenio de colaboración administrativa firmado por la Semarnat para, al final, obtener el mapa y el croquis que se va a publicar posteriormente en internet.

“Ese espacio de entrada a playas –aproximadamente cada 400 metros– se tiene que pedir como un área de donación con vocación de acceso a la zona federal. Ésa es la manera jurídica de hacerlo y tenemos que decretarlo. Estamos trabajando con los municipios para que se decreten en los planes de desarrollo urbano y en los órganos de ordenamiento ecológico territorial”.

El funcionario explica que esas acciones se deben instrumentar para el antes y, en el caso de construcciones ya realizadas, se tendrá que “cabildear con los hoteles para ver dónde necesitamos los accesos a playas”.

Y agrega que “ese cabildear lo estamos llevando de la mano con autoridades locales y, en algunos casos, tenemos tanto éxito que hasta estacionamiento y baño nos están poniendo”, sin precisar en qué casos ha ocurrido eso.

Según el director general, algunas cadenas hoteleras han empezado a cooperar en los convenios “sin ningún problema”. En caso de que las empresas no accedan a cooperar, Hernández Aguilar explica que se va a empezar a litigar contra ellos.

“Nos vamos a ir a juicio, les vamos a ganar y lo van a terminar abriendo; pero queremos que entiendan que, si aceptan, ellos también van a tener la cooperación del gobierno para otras cosas”, asegura.

Actualmente, dice, ya cuentan con ofertas formales para firmar convenios que permitirán el acceso a las playas en lugares donde nunca había podido acceder la gente. Ese el caso de grupo Vidanta, que abrirá accesos en los desarrollos que tienen en Puerto Peñasco, Sonora; Nayarit; y Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur.

 

Leave a Reply