viernes 10, julio 2020

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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana resisten con poco, o nada, de presupuesto. Éstas acompañan a mujeres violentadas en sus hogares durante la pandemia del SARS-CoV-2 y que, además, viven alejadas de servicios centralizados. Se niegan a cerrar sus puertas y a retirar la ayuda a toda mujer que necesite asesorías, atención de partos en casa o traslados a hospitales

“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos

 de las mujeres indígenas que no son escuchadas

por hablar su lengua materna y portar

su vestimenta tradicionales […]”

Ángeles Arriaga

En total incertidumbre, sin dinero y con deudas, aún resisten las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). Como parte de las medidas extremas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su presupuesto no sólo fue recortado en 75 por ciento, si no que ni siquiera han recibido el 25 por ciento restante.

Las Casas no sólo se encargan de acompañar a mujeres violentadas en sus hogares –sobre todo ahora con la pandemia del SARS-CoV-2–, sino que además asisten en partos en casa y consiguen traslados a hospitales para aquellas que lo requieran. No obstante la importancia de sus labores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retiene los recursos etiquetados para el Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), donde figuran estos proyectos.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, la casa Ometepec, en Guerrero, cerró; nueve ya no pueden sostenerse; una cuenta con posibilidades de operar sin financiamiento; cinco resistirán 1 mes más; y otra “no puede esperar porque atienden muchos partos”.

Los casos de dos de las tres Cami ubicadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, es ejemplo de resistencia, pues aunque ya no pueden sostenerse no han parado el trabajo en lo que va de la pandemia. Eso ocurre con la Casa de la Mujer Indígena “Ikoods Monduy Moniú Andeown” situada en San Mateo del Mar, sitio azotado por el terremoto de 7.1 grados sucedido en 2017; mismo que derrumbó la infraestructura de la Casa la cual contaba con una farmacia, una sala de juntas y otra para atender partos.

Pasados casi 3 años del siniestro, las parteras de San Mateo no tienen un lugar donde atender a las pacientes embarazadas y en labor de parto. Pese las promesas estatales de reconstrucción, la ayuda nunca llegó. Nayma Villanueva Solís, partera y presidenta de “Ikoods Monduy Moniú Andeown” dice que la autoridad “nos subió hasta el cielo y se quedó nada más ahí hasta ahorita”. “Después del temblor se echó a perder todo: no tenemos Cami”.

Fue hasta este año que con recursos del Fondo de Desastres Naturales pudieron comprar un terreno y comenzar a fincar. Hoy, lo que será la Cami cuenta sólo con dos cuartos y una barda, “pero todavía no estamos realizando nuestro trabajo ahí; vamos a cuidarla, a hacer la guardia. Los trabajos que hacemos son dentro de nuestra casa”.

Desde sus hogares reciben llamadas y mensajes de mujeres violentadas, las asesoran y canalizan con las autoridades; les hablan sobre sus derechos como mujeres, incluso, las trasladan al refugio regional de mujeres “China Todo” en Juchitán para ser resguardadas de ser necesario: ahí les brindan apoyo psicológico y legal, pues es “grande”. Luego “estamos al pendiente sobre cómo va su caso, no las dejamos nada más así”, señala Nayma Villanueva.

Aunque han atendido a 212 mujeres durante la contingencia, entre las que piden auxilio por violencia de género en sus hogares, la presidenta de la casa refiere que es complicado que las mujeres denuncien, ni siquiera es algo que puedan hablar. Las compañeras se percatan de ello en el momento de realizar sobadas, limpias en todo el cuerpo: ven los moretones. Sin obligarlas, una vez ganada la confianza “les damos la orientación, le explicamos cuáles son sus derechos. Les decimos lo que tienen que hacer si ellas lo desean. Claro, no las podemos obligar”.

En la Casa de San Mateo hay 15 integrantes, entre ellas también aprendices. Pero únicamente 10 están en activo con el proyecto del INPI. Inmovilizar los resultados del proyecto para operar ha perjudicado la canalización de mujeres con embarazos de alto riesgo al Hospital General de Especializaciones en el puerto de Salina Cruz, lamenta Villanueva Solís. Y es que, ante el cierre del centro de salud de la cabecera municipal, contar con un sitio cercano donde trasladar y atender a las mujeres es imposible, así como la obtención de una ambulancia.

Nayma, quien practica la partería desde hace 10 años, narra que el centro de salud fue cerrado en febrero por “conflictos políticos” que atraviesa San Mateo [en el municipio la defensa del territorio ha durado 10 años en contra de la imposición de parque eólicos]. Por unos días lo reabrieron hasta que por llegada de la contingencia lo cerraron de nueva cuenta; ahora “el paso está cerrado”, apunta. Lo que la ha forzado –y más de sus compañeras– a hacer viajes de más de una hora en carros (taxis) que cobran hasta 300 pesos; la tarifa varía de la distancia y el horario en el que se agarre.

Como la labor de la partería no tiene horario, pueden salir a altas horas de la noche. Lo que implica gasten mucho más en taxis especiales. Al respecto, Nayma comenta: “San Mateo tiene horario para que entren los carros: a partir de las 8 de la noche ya no hay carros de Salina Cruz para acá”.

Ese trayecto lo califica como una forma de castigarse por el viacrucis que ello implica: “Se tiene que caminar, agarrar un carro, bajarse en Huazatlán del Río, de ahí tomar otro carro para llegar al Seguro de Salina Cruz; llegar al Seguro de Salina Cruz, agarrar otro carro para ir a donde se quiera ir. Entonces pues sí, está muy complicado”.

La labor de la Casa no termina ahí: en caso de que las mujeres no dispongan del dinero para el traslado, se les ayuda a costearlo. No obstante, sin el financiamiento del INPI, se dificulta y ahora lo hacen con lo que pueden apoyar. Dentro del proyecto se metió un recurso especial para las canalizaciones de las mujeres. Dicho dinero es utilizado tanto para los viajes como para la alimentación “por si tenemos que quedarnos ahí, porque a veces las pacientes no tienen familia quien las acompañe; a veces no está el marido, la suegra, la mamá o no pueden hablar en español (pocas personas lo hablan: hablamos huave), entonces nosotras las acompañamos hasta que salgan del hospital”.

Para hacer los traslados, las parteras tienen comunicación con la jurisdicción sanitaria. Hablan con la responsable, entonces se extiende una hoja de referencia para que las mujeres sean atendidas. Además de las complicaciones que pudieran tener, las miembros de la casa se han enfrentado al rechazo de quienes brindan los servicios sanitarios en el hospital de Salina Cruz.

Nayma Villanueva, recuerda el caso de una mujer que cumplió los 9 meses de embarazo, era tiempo de dar a luz. Sin embargo, la paciente no tuvo dolores, por lo que la condujo al Hospital; ahí la revisaron y “me dijeron que estaba bien, que podía aguantar otra semana más”. Ambas tuvieron que regresarse al advertirles no tener espacio para mujeres embarazadas por la contingencia.

A los pocos días, el corazón del bebé no latía bien y dejó de moverse. Fue hasta la semana 43 de embarazo que la canalizaron por segunda vez. La recibieron y al día siguiente “casi fue obligada” a tener a su bebé mediante cesárea. “Ella no se pudo quedar ahí porque están atendiendo puras de esas enfermedades”.

“Ahora sí busquen parteras. Atiéndanse y aliviarse con sus parteras. Pero antes decían que la partera no sabe nada, que es cochina, tantas cosas (…) Y ahora, no quieren atender ahí a la embarazada”. Vuelven a la comunidad sin ser revisadas.

Además, denuncia los malos tratos de quienes laboran en el hospital de Salina Cruz. Nayma, ha recibido insultos como “pinche bruja”, la acusan de ignorante; ella sólo reclama a los doctores que reciba a las mujeres. Para ella “si no exiges, si no gritas si no pides no te van a recibir”.

La atención se les niega aunque los servicios de salud sexual y reproductiva fueron considerados como esenciales en medio de la pandemia, según la guía para el manejo de Covid-19 en el embarazo, el paro y recién nacidos anunciada por Karla Berdichevsky Feldman, directora general del Centro de Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo el pasado 13 de abril.

“El trabajo de las parteras es de 24 horas, los 365 días del año. Para nosotras es muy complicado pero aquí seguimos en la lucha para que ojalá, ahora, se tome en cuenta nuestro trabajo para que nos den ese recurso, para que el gobierno lea y valore el trabajo de las parteras, de las comunidades, de todas las personas que seguimos en la lucha de los derechos de las mujeres indígenas”.

Preocupación y desesperación vivida en Casa Nääxwiin

La falta de recursos se vive con “mucha preocupación y desesperación” en la Casa de la Mujer Indígena “Nääxwiin”, ubicada en Matías Romero al norte del Istmo de Tehuantepec, porque “son recursos importantes que nosotras esperamos cada año para poder operar la casa de la mujer indígena”, dice a Contralínea Rubicela Cayetano Pesado, miembro de Nääxiin.

La preocupación por falta de dinero no comenzó desde el 30 de abril, fecha en la que los resultados de la convocatoria serían publicados. La angustia se a recrudeció pues vislumbran un escenario en el que las Casas pudieran cerrar sus puertas sin los montos etiquetados –que va entre los 700 mil hasta el millón de pesos–; viven en incertidumbre. De acuerdo con Rubi, como le dicen de cariño–, el monto sólo es para 8 meses; administran y prolongan lo más posible lo poco que queda y continuar con las atenciones hasta llegada la convocatoria siguiente.

“Nosotras quisiéramos que fueran de enero a diciembre, pero hay meses en los que no tenemos recursos”. Y es que apunta no hay ni es suficiente: “tenemos que pagar la luz, agua, los gastos básicos fijos; el personal”. Al gastarse la última gota de insumos, las integrantes de Nääxwin terminan por cooperar de su propio dinero, de las ganancias obtenidas del trabajo en el campo al que se dedican algunas, “la verdad es muy poco para todo lo que hacemos”.

Cada Casa de la Mujer Indígena pondera una atención a brindar dependiendo de las especialistas que tengan. En las 34 Casas existentes en México, no todas atienden partos como la de San Mateo del Mar, al no contar con parteras tradicionales. Sin embargo, el fin de asistir a mujeres violentadas, asesorarlas, contenerlas emocionalmente, dar talleres sobre derechos como mujeres, de salud sexual y reproductiva son servicios en los que coinciden.

Rubi, de 43 años, precisa el trabajo realizado en su Cami: “Nosotras trabajamos más el tema de la prevención y la atención a la violencia, esa es nuestra temática: la prevención de la violencia y educación sexual a adolescentes”.

En el trabajo de prevención, la Casa, en coordinación con maestros y autoridades realizan talleres para las mujeres, para que conozcan sus derechos, se informen; se trabaja en su autoestima y en saber identificar cuando viven violencia y acudan por ayuda. También, se les alienta a llevar lo aprendido a casa para trabajar con sus hijos en prevenir la violencia sexual y el noviazgo desde la niñez o la adolescencia.

La Cami en Matías Romero atiende de lunes a viernes a mujeres en situación de violencia. No sucumbe pese no ya no poder sostenerse: en lo que va del aislamiento, el número de auxilios han sido 26. Antes de la contingencia recibían de entre dos y cinco mujeres al día; ahora ven que aumentan.

El trabajo proactivo es vital, ya que también han atendido casos de abuso sexual o violación niñas, niños y adolescentes cometidos en el entorno familiar: ya sea por parte del padre, del tío o algún miembro de la familia. Durante la contingencia a la Casa de la Mujer Indígena no han llegado ninguno de estos casos porque son de los menos denunciados, apunta, dado que el tema de la sexualidad es todavía “tabú” en la comunidad.

A decir, de Rubicela Cayetano, las mujeres externan que conviven por más tiempo con sus parejas, sus maridos. Además de que la tensión se intensifica por los costos altos de la canasta básica, la pérdida de empleos -sobre todo las mujeres y los hombres del campo-, “entonces, ya no pueden salir libremente a vender sus productos: por eso la violencia aumenta”.

Sin dinero, la gestión con quienes piden asesorías ha tenido que ser vía remota porque las integrantes de la Casa pertenecen a distintas comunidades alejadas de Matías Romero y del centro donde laboran. En caso de urgencia, afirma darles acompañamiento físico cuando ellas así lo deciden, pero con la dificultad de movimiento.

A las mujeres cuando llegan se les escucha, se les da atención psicología y legal  –en caso de contar con ello–. No todas las Casas de la Mujer Indígena cuentan con la atención especializada en salud mental y legal. Rubicela Cayetano, apunta que el presupuesto para tales servicios los piden a la Secretaría de la Mujer. En Nääxwiin este año gozan con tal. Por ello, en una carta conjunta de la Red de Cami, se le exigió respuesta urgente a la Secretaría, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

Pese a ello, en Matías Romero, las compañeras promotoras no se detienen, puesto que están capacitadas para dar acompañamiento emocional: “Hacemos círculos de autoayuda para que entre mujeres se reconozcan, se valoren, tomen fuerza para seguir adelante con los procesos de denuncia, porque en los casos de violencia son muy tardados; para que no abandonen su caso se trabaja con ellas la parte del autoestima, del empoderamiento”.

Tratan de prevenir la violencia de género y que decrezca la tasa de feminicidios en la entidad; Oaxaca es uno de los estados declarado con Alerta de Violencia de Género. Rubicela Cayetano añade que son cinco las zonas donde los índices de violencia contra las mujeres tiene mayor concentración –una de ellas el Istmo de Tehuantepec.

En lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, se contabilizaron 423 feminicidios, de acuerdo con datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Tan sólo del 1 al 10 de abril hubo 36 mujeres asesinadas en el estado, con base en la organización Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Sin embargo, son pocas las acciones de las autoridades en la materia, manifiesta Cayetano Pesado.

La defensora por los derechos de la mujer –desde hace poco más de 24 años–,  denuncia la falta de capacitación de las autoridades, la falta de sensibilidad en atender cuando las mujeres van a denunciar. En la Casa de Matías Romero, las integrantes han tenido que capacitar a las autoridades comunitarias, ministerios públicos, como sucedió en 2016. Aunque ven mejora en la atención de los funcionarios, “lamentablemente como el personal se mueve, hay que volverlo a hacer: volver a iniciar. Pero para todo esto se requiere presupuesto”.

Mujeres indígenas, las más vulnerables

Las mujeres indígenas que habitan México son las que enfrentan mayor riesgo durante la pandemia, afirma en entrevista la coordinadora de la Red Nacional de las Cami, Nelsy Kú Chay, al tener menos posibilidades de acceder a tecnología, saber dónde y cómo denunciar para acceder a justicia. Más de 1 mil mujeres indígenas estarían en riesgo.

Las Casas son lo más cercano a algunas comunidades donde las autoridades, ni los servicios llegan. “¿A dónde más van a ir si, desconocen los lugares existentes que, además, están centralizados en las ciudades?”, cuestiona.

El gobierno federal, un par de semanas después de iniciada la medida de aislamiento, puso en marcha una línea telefónica para denunciar violencia en los hogares: la del 911. Sólo en marzo, el Secretariado Ejecutivo Nacional arrojó que en la línea hubo 22 mil 628 llamadas por violencia de pareja; 64 mil 858 por violencia familiar a nivel nacional. Pero en los datos oficiales están desdibujados los casos de las mujeres pertenecientes a comunidades originarias.

Pues, Kú Chay reitera la desventaja vivida en comunidades rurales como la de acceder a comunicación o tan sólo saber de la existencia del 911, “obviamente no lo van a marcar. Lo que harán es buscar su contacto, la persona de confianza, es ahí donde buscan el apoyo”.

Las Cami son, en muchos casos, la única vía de “platicar su problema” y de recibir orientación en su lengua materna. “No es lo mismo que llame a un 911 por el desconocimiento del número y sobre cómo plantear, en castellano, la denuncia”, advierte Nelsy Ku también coordinadora de la Casa “Toj Óola! Puksi’ik’al. Tu’ux yaan (Sanando el corazón)”, ubicada en San Antonio Sihó, Yucatán.

Lamenta, también, que los feminicidios de las mujeres indígenas tampoco sean contados. “Por eso existen las organizaciones como el Observatorio de Mérida, con el que también tenemos un vínculo de trabajo con las compañeras”, con el fin de visibilizar el aumento de feminicidios en la entidad.

El espíritu de las Cami es la interculturalidad, señala Nelsy Ku. Así ha sido desde hace 17 años que fue impulsado el proyecto como política pública por las mujeres organizadas de las mismas comunidades. Recuperan las prácticas perdidas o poco valoradas (medicina tradicional, limpias, partería) , mismas que son alternativas para entender la salud sexual y reproductiva, el embarazo y parto, afirma Nelsy Kú Chay.

La justicia es otro tema, dice la coordinadora nacional de la Red Cami, porque cuando “las compañeras” acompañan a una mujer a denunciar del Cuando acompañan a una mujer a denunciar a las entidades competentes, se enfrentan con discriminación por vestir con huipil, hablar maya y ser de tez morena. Sufren violencia institucional: “A las mujeres se les cuestiona el por qué van, fallaste y por eso tu marido te pegó o ni modo, aguantaste, tú te lo buscaste. Muchas veces las mujeres regresan más traumadas de lo que escuchan de parte de una funcionario”.

Ante la importante labor de acompañamiento, Kú Chay considera a la retención del financiamiento como “un retroceso” en la visibilización de sus derechos como mujeres indígenas: contar con una vida digna y sin violencia, pese estar enmarcados y enfatizados en leyes nacionales e internacionales.

“Desgraciadamente, esta problemática que estamos viviendo y que estamos a punto de que, prácticamente, los recursos se retiren a las Casas, sí es un riesgo que las Cami terminen por cerrar sus instalaciones y no seguir dando ese apoyo a las mujeres”.

Y es que “el riesgo se agrava en un momento en que no hay o hay menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas: cuándo es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad; menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia ya que muchos tribunales están cerrados”, advirtió la relatora de Naciones Unidas en marzo pasado.

Además de las adversidades por el presupuesto, compañeras defensoras miembros de las Casas han contraído Covid-19, lo que suma a las preocupaciones e incertidumbre enfrentadas, informó Nelsy Kú Chay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígenas en conferencia de prensa.

Discriminación y negación del gobierno federal

El recorte presupuestal del 70 por ciento al INPI y la retención del presupuesto destinado a las Cami, es “un tema de discriminación y de violencia institucional”, advierte la abogada Elvira Pablo, miembro de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI). Porque el Estado dentro de sus responsabilidades tienen el deber de garantizar y proteger los derechos humanos, precisa.

Para Pablo, es necesario que el gobierno no tome esas decisiones de manera unilateral, pues –señala– en los espacios de toma donde son decididos de recortes o asignaciones presupuestales –y donde es discutida la legislación– tiene que haber mujeres indígenas con poder de decisión; son ellas quienes conocen su territorio, sus problemáticas.

Sin embargo, al Estado “le falta de voluntad política”: no ha contemplado lo publicado por el Foro Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las consideraciones sobre pueblos indígenas y la pandemia de Covid-19, argumenta Elvira Pablo, también integrante de la Coordinadora Nacional de Mujer Indígenas.

En el documento, la ONU refiere “la participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la pandemia y el manejo de los efectos socioeconómicos por los cercamientos, el distanciamiento físico y otros esfuerzos […]”. Mucho menos ha reconocido “que las mujeres y niñas indígenas se verán afectadas de manera desproporcionada”.

Al contrario, el representante del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador ha negado la violencia por razones de género dirigida a mujeres y niñas, pese su aumento exponencial durante el aislamiento en casa, pues en México las familias son distintas en comparación con otros países; “aquí la familia está acostumbrada a estar junta, a convivir en armonía”.

Lo que “refleja falta de sensibilidad” y es, también, violencia política contra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando dijo que la violencia contra las mujeres durante la cuarentena incrementó un 120 por ciento, en consideración de Elvira Pablo.

Casi nulas, respuestas para liberación de recursos

Para exigir la pronta y urgente liberación de los recursos. Han sido enviadas una serie de cartas –la última enviada el 12 de mayo– dirigidas al presidente López Obrador, así como a Olga Sánchez Cordero; las respuestas a las exigencias por ser tomadas en cuenta han sido casi nulas por parte del gobierno federal.

De acuerdo con lo declarado por Nelsy Kú a este semanario, hasta ahora saben que en Secretaría de Gobernación y en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados analizan la solicitud.

“Incluso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está apoyando”, pues la resolución del pronunciamiento depende de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda”. Sólo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) respondió de manera formal en una carta dirigida a la coordinación nacional de las Cami.

La carta, fechada el 14 de mayo, indica: “el gobierno de México explora opciones viables, en congruencia con las acciones por el virus SARS-CoV-2, con la finalidad de mitigar la depresión y transmisión del Covid-19”. Además de asegurar que trabajan con coordinación con la Secretaría de Gobernación y el INPI “para apoyar la continuidad de operación de las Cami”.

El pasado 22 de mayo, la Red de Casas, en conjunto de la Red Nacional de Refugios, Amnistía Internacional y la organización Equis: Justicia para las Mujeres se reunió con la secretaria Olga Sánchez Cordero, Adelfo Regino del INPI e instancias como Inmujeres.

En tal reunión, la secretaria de Gobernación mostró preocupación por la situación de las casas y se les dijo estar en la búsqueda de alternativas de financiamiento como pedir ayuda internacional de la Unión Europea, pues el presupuesto fue suspendido y utilizado para la atención de la pandemia por SARS-CoV2. Pese a ello no se vislumbra la fecha para que los recursos sean liberados, “estamos al pendiente de esta respuesta”, dice la coordinadora de la Red, Nelsy Kú.

Ante la incertidumbre, la Red Nacional de Cami urgen la pronta publicación y entrega del presupuesto que “por derecho nos corresponde”; “no les estamos pidiendo ningún favor”, enfatiza Nelsy Kú Chay, continuarán dando servicios hasta que los pocos recursos se agoten porque se trata del compromiso, con las mujeres requeridas de apoyo. “Pero no va a ser por más tiempo, por más que queramos tener ese compromiso con las mujeres no vamos a poder sostener una Casa de la Mujer Indígena”