viernes 10, julio 2020

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En México, sólo el 19.45 por ciento de las solicitudes de asilo han sido aceptados; de las más de 149 mil personas que entre 2013 y lo que va de 2020 han buscado la protección de este país –tras escapar de la miseria o la violencia de sus países–, apenas 29 mil 132 obtuvieron refugio

Más de 149 mil personas han solicitado asilo en México entre 2013 y lo que va de 2020. Huyen de la pobreza extrema, la criminalidad, los conflictos políticos y la violencia de género en sus países de origen. La resolución de casos alcanza a  49 mil 286 personas, de los cuales, 29 mil 132 han sido positivos; es decir, sólo ha sido beneficiado el 19.45 por ciento de aquellos que escapan de condiciones de vida amenazantes.

En el marco del Día Mundial del Refugiado –declarado por Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde 2001–, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití encabezan la lista de expulsores de personas que buscan refugio y la sobrevivencia en México.

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dice en entrevista que desde 2013 hasta este año ha habido un cambio “radical” en las cifras que registra el organismo, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación.

La Comar da cuenta que en un periodo de 8 años fueron registradas 149 mil 722 personas; en 2013 hubo 1 mil 296 solicitantes; en 2014, hay un conteo de 2 mil 137; 2015, con 3 mil 424; para 2016, incrementó a 8 mil 796; hacia 2017, 14 mil 619, el año de transición de gobierno (2018) contó a 29 mil 630; durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2019) hubo 70 mil 609; y de enero a abril de este año ha habido 19 mil 211 personas que han recurrido este mecanismo de protección.

Ramírez Silva expone que hay razones multifactoriales para que las personas decidan huir de sus países de origen; del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, se debe, principalmente, a factores de carácter económico, social y político; también de violación a los derechos humanos y a la violencia generalizada, propiciada por bandas del crimen organizado, “muy acentuada, que ha llevado a que muchas de estas personas tienen que salir”.

Entre las causales que enfrentan, dice el funcionario, se encuentran: la extorsión, las amenazas de los grupos del crimen organizado, de pandillas criminales como la Mara Salvatrucha, “y a que los Estados no han tenido la capacidad para garantizar la protección a las personas”.

Haití, explica el coordinador general de la Comar, está relacionado con una situación de colapso económico, social y político que existe en la isla La Española, a donde pertenece el país afrocaribeño y donde prevalece “una situación prácticamente de ingobernabilidad, esto hizo que creciera de manera radical el número de personas que no pueden regresar a Haití”.

En el caso de Cuba, comenta Ramírez Silva, la salida responde a una “situación económica muy complicada”, derivada del embargo económico y financiero que ha impuesto Estados Unidos a la isla desde marzo de 1958, mismo que ha generado todavía más políticas restrictivas en años recientes. Mientras, de Venezuela, la solicitud de asilo se ha derivado de la conflictividad económica y política que se vive en aquella nación.

El caso de Ana

Defensora de los derechos sociales y culturales en Guatemala, Ana (a quien se le cambió el nombre para resguardar su identidad por cuestiones de seguridad) ostentó un cargo en el gobierno de su país, donde trabajó por resignificar los espacios y fortalecer la formación, promoción y difusión artística, principalmente local.

Sin embargo, por su ideología política fue amenazada y acosada por empresarios y funcionarios, “a quienes no les gustaba la forma en la que ella administraba los espacios y presupuestos destinados para el proyecto bajo su dirección”, indica la documentación del caso que lleva el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), AC, organización promovente de los derechos de las mujeres en la migración en México.

El año pasado, las amenazas y hostigamiento contra de Ana y su familia subieron de tono, por lo que se vio forzada a tomar la decisión de salir de su país para solicitar asilo en México, donde Imuni asesora y acompaña. Y es justo en 2019 cuando la cifra de solicitantes de protección se elevó exponencialmente, en comparación de años anteriores, al registrarse la petición de más de 70 mil 600 personas.

El caso de Ana se vincula a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que en su artículo 13 indica: “la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Mujeres y niños, los más vulnerables

Gretchen Kuhner, fundadora y directora general de Imumi, comenta que México tiene un marco normativo “muy generoso y amplio en cuanto a la protección de personas con necesidades de protección internacional”, ya que en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, por ejemplo, incluye la protección de personas por razones de violencia de género, “que es muy progresivo”.

También explica la abogada por la Universidad de Seattle y estudios en Políticas de Migración por la Universidad Nacional Autónoma de México, incluye la definición de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que contempla básicamente la violencia generalizada. Además, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, Adoptada en Ginebra, Suiza, y su protocolo de 1967, “es muy amplio el marco legal y eso pinta muy bien”.

Sin embargo, dice la directora general de Imumi, hay dos aspectos observables en la materia: falta de presupuesto y de voluntad política. Hay una Comar, dice, “que opera con un presupuesto mínimo, se trata de la instancia encargada de implementar la Ley, otorgar la protección, tomar decisiones, y llevar las adjudicaciones de las solicitudes de refugio en México, y cuando vemos el presupuesto designado para la deportación y detención de personas migrantes que pueden ser personas no refugiadas, que tienen necesidades de protección, vemos dónde está el peso de la política en México”.

El otro gran reto que tiene México, añade, es la voluntad política para fortalecer el sistema y el peso de las redes en Estados Unidos, pues la mayoría de las personas que están solicitando asilo en México, o que pasan por México, quieren llegar aquel país; entre el 80 y 90 por ciento de las personas, sobre todo de Centroamérica, que están buscando asilo en la región tienen familiares en Estados Unidos y todas sus redes sociales están allá”.

Respecto de los recursos económicos con el que opera la Comar, Ramírez Silva reconoce que “tradicionalmente”, el organismo ha operado con un presupuesto bastante bajo, 46 millones para el ejercicio de 2020, pero “este no es un asunto que haya nacido con este gobierno, lo heredamos de entrada”, indica.

El funcionario comenta que para realizar su trabajo se han reforzado con el apoyo económico y de personal de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur; así como con la asesoría, capacitación y personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, a cargo de Filippo Grandi.

“Este año 2020, a diferencia del año pasado, mejoró bastante el presupuesto, no voy a decir que es ideal, el que necesitamos, está todavía por debajo de la necesidad, pero sí es un presupuesto mucho mejor que el que tuvimos en 2019”, dice Ramírez Silva.

Mujeres y niños escapan de la violencia y el hambre

Olga (a quién también se le cambió el nombre por cuestiones de seguridad), fue víctima de violencia doméstica en Honduras, país del que salió el año pasado junto con su pareja, debido a que las condiciones de pobreza y violencia se incrementaron para ella y su familia.

Llegaron al sureste mexicano, donde solicitaron asilo ante la Comar, “pero días después fueron víctimas de secuestro por un grupo de delincuencia organizada, por lo que solicitan el traslado de su caso por motivos de seguridad a otro Estado de la República Mexicana. En su tránsito por el país, la situación de violencia que ejercía su pareja aumentó, por lo que decidió separarse y continuar con su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada sola”, dice la ficha del caso que lleva Imumi.

Las cifras de la Comar indican que, el año pasado, 30 mil 029 mujeres y niñas; es decir el 42.52 por ciento de las solicitantes de asilo; en tanto que para el periodo de enero a abril de este año se han contabilizado 7 mil 579.

Rita Marcela Robles Benítez, enlace para la incidencia en la Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., comenta que además de las condiciones de las que huyen las personas en su país de origen, en México se topan con otras condiciones adversas que el Estado mexicano debe atender prioritariamente.

Explica que en la frontera sur de México hay alrededor de 200 puntos de cruce, controlados y clandestinos por los que llega la gente y “el tema más importante está en la seguridad, los años más difíciles de las personas en su cruce fueron a mediados de la primera década de 2005, 2006, que cruza con la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Felipe Calderón.

“Desde la llamada lucha contra el narcotráfico y de grupos de delincuencia hacia el sur del país es importante, porque provocó una pulverización de grupos delincuenciales, la presencia del Cártel de Los Zetas fue terrible para las personas, y eso dejó un número de desaparecidos no cuantificable porque los registros de las familias que están buscando migrantes desaparecidos en México tiene vacíos, no todas las personas se han reportado o no todas las personas saben que su familiar no llegó a Estados Unidos”.

“Esto responde a la lejanía, a la falta de comunicación, de recursos y porque es normal que el que se fue ya no se comunique. Se atraviesan muchas cosas, pero el tema de seguridad es muy importante porque desde ahí se construye la trata de personas, el tráfico de personas, la desaparición, el trasiego de drogas y el reclutamiento para el crimen organizado. Lo vivimos también nosotros, pero en las personas que cruzan la frontera se agrava ante la imposibilidad de búsqueda o de denuncia inmediata”, señala.

A ello, dice la defensora de derechos humanos, se suma la violencia que prevalece en la verificación migratoria que hace el Instituto Nacional de Migración, que se acompaña de la policía estatal, del ejército o de la Guardia Nacional. “El tema de abuso de autoridad es una constante que prevalece en la detención. Lo otro es la violencia que se vive dentro de la estación migratoria”.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indica que en el país “estamos enfrentando una crisis humanitaria de niñez migrante-refugiado; que va en incremento”, por lo que es importante incrementar los recursos asignados a la Comar.

Uno de los retos de esta administración, indica el defensor de derechos humanos, es “priorizar el interés superior de la niñez, dando refugio y asilo a niños y niñas y sus familias, porque deportarlos es devolverlos a un riesgo de muerte. Vienen huyendo de la violencia; la gran mayoría son de Honduras, conocido como uno de los países con mayor alto índice de homicidios y de persecución”.

El informe #NiñezMigrante – Desafíos en la protección de derechos de niñez migrante en la frontera norte de México indica que éste es “un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. A lo largo de la última década, ha aumentado la participación de niñas, niños y adolescentes en los movimientos de personas. Muchas veces se desplazan solos, aunque cada vez más lo hacen en grupos familiares. Huyen de la violencia, la pobreza y los desastres causados por fenómenos naturales, y buscan una vida con mejores oportunidades, así como la reunificación familiar”.

Pérez García hace énfasis en que las olas de migrantes de Centroamérica que pretenden llegar a Estados Unidos se han venido agudizando desde la administración de Barack Obama, en el país del norte. Pero en años recientes, se han topado con la política del presidente Donald Trump que, “además de estimular la xenofobia ha impuesto a sangre y fuego el control migratorio. Lamentablemente el Estado mexicano ha sido muy dócil a las definiciones del señor Trump, de tal suerte que México pasó de ser un garante de ciertos derechos a convertirse en uno de los principales agresores y violentadores de derechos de niños, niñas y sus familias”, opina.

Señala que cuando los niños han sido detenidos con o sin sus familias “están siendo de alguna forma coaccionados a abandonar el proceso de derecho de asilo por el largo tiempo que tienen que esperar privados de libertad, más de tres a seis meses”.

Además, indica el directo ejecutivo de la Redim, un elemento “muy lamentable es bloquear la defensa; es decir que cuando las organizaciones sociales o la propia familia de la persona migrante o solicitante de asilo está buscando asesoría jurídica para facilitar su proceso o garantizar el otorgamiento del derecho de asilo, las autoridades les hostigan y los presionan para que puedan desistir de este intento, negando a las organizaciones el acceso”.

“Quédate en México”

Ana Mercedes Saiz Valenzuela, directora general en Sin Fronteras IAP, comenta que México “está enfrentando un reto que no es nuevo, ya se viene construyendo desde hace unos años, como un lugar al que las personas ven como una opción viable pedir asilo”.

Expone que ante el recrudecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, con el protocolo Quédate en México, que también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), México se ha visto “como una opción para pedir asilo, el problema en nuestro país es que quien se encarga de otorgar el asilo y la protección es la Comar, una institución pequeñísima, con un presupuesto reducido y con muy pocas oficinas a nivel nacional”.

La defensora de derechos humanos menciona que si bien la Comar ha contado con apoyo por de parte de ACNUR para el procesamiento de las solicitudes de asilo, “el rezago que presentan es bastante preocupante y grave. Nos preocupa ver cómo van a irlo resolviendo. Aunado a lo anterior, hay muchas personas que están siendo vulneradas en México, particularmente a partir de la pandemia por Covid-19, de distintas maneras: los albergues de la sociedad civil están al máximo de sus capacidades y muchos de ellos optaron por no recibir a más personas para proteger a las poblaciones que ya tienen alojadas.

“Estamos detectando que muchas personas que están cayendo en situación de calle; sobre todo en la frontera sur de México y también en la frontera norte, con las poblaciones de las que entran en el MPP”, comenta.

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comar, comenta que de 2013 a 2020 se han resuelto 49 mil 286 casos; han sido reconocidos positivos, 29 mil 132 solicitantes de asilo; se les ha otorgado protección complementaria a 6 mil 8 y han sido rechazados 14 mil 146 peticionarios de refugio en México.

La directora general en Sin Fronteras IAP puntualiza que un grupo que ha sido “terriblemente invisibilizado”, es el de “las migraciones por razones ambientales, de los que hay muchas en Centroamérica. Se trata de grupos que habitaban poblaciones que solían ser fértiles y perdieron el agua; o las personas afectadas también por megaproyectos”.

El panorama que nosotros prevemos es muy complicado, la situación en Centroamérica, lejos de ver que se vayan mejorando, empeora, y así como nosotros desde la sociedad civil hemos tratado de adaptar nuestras maneras de trabajar y ver cómo hemos podido llegar a esta población, quisiéramos ver un esfuerzo del gobierno para tratar de adecuarse, hay muchos elementos para poder ir aprovechando la oportunidad que nos pueda brindar la migración y si está bien gestionada”, expone.