viernes 10, julio 2020

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En el olvido y sin recursos es como operan los albergues para migrantes de las fronteras Norte y Sur de México, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19. Aunque éstos son la mejor y única opción de resguardo para la comunidad migrante, la desprotección y el desinterés por parte de los tres niveles de gobierno han dejado sin auxilio a 12 de los 16 refugios que Contralínea entrevistó

La pandemia de Covid-19 tomó por sorpresa a los migrantes en tránsito por México, y también a los albergues que les dan asilo en las fronteras Norte y Sur. Sin recursos ni asistencia gubernamental, enfrentan la pandemia de Covid-19 como pueden: a puertas cerradas, sólo con los refugiados que ayudaban previo a la declaratoria de la emergencia sanitaria.

Entre enero y abril, el gobierno federal emitió 6 mil 491 tarjetas de visitante por razones humanitarias para migrantes. Además, datos del Instituto Nacional de Migración (INM) apuntan que entre el 1 de enero y el 31 de mayo, los Grupos Beta han rescatado a 1 mil 29 migrantes de diferentes nacionalidades que estaban en situaciones de riesgo tras intentar atravesar cañadas, un manglares, montañas, ríos, el desierto o la selva, durante su ingreso, tránsito o salida por México.

En los primeros 5 meses de este año también recuperaron 17 cuerpos de personas de origen nacional y extranjero que murieron al intentar cruzar solas o en compañía de familiares o personas conocidas el cauce del Río Bravo –en la frontera Norte de México– para internarse a Estados Unidos.

En México –como en el mundo–, los albergues y las casas hogar brindan estancia provisional, comida y condiciones de higiene básicas para mujeres, hombres, niñas y niños que huyen de la violencia y pobreza extrema que azota sus países; en su mayoría, provenientes del Centro y Sur de América, África y Asia.

Hace poco más de 1 año, cuando las primeras caravanas de migrantes llegaron al país, los estados fronterizos se dieron cuenta de que no estaban listos para recibir a tantas personas. Esto, pese a la promesa realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –el 21 de octubre de 2018, en Chiapas-–acerca de que se daría asilo y trabajo a los migrantes centroamericanos que se quedaran en la República, así como seguridad de tránsito a quienes siguieran su camino hacia Estados Unidos.

Durante 2019 ingresaron al país alrededor de 39 millones de personas migrantes, de las cuales 179 mil 971 –el 3 por ciento– lo hicieron en condición irregular, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM). Desde entonces, el espacio para los migrantes se redujo.

Esta situación se agravó al acatar las medidas del gobierno federal para combatir la pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2, pues la mayor parte de los refugios tuvieron que cerrar sus puertas para proteger a las personas que allí se resguardan.

“A los migrantes, el gobierno amablemente los dejó ingresar a México y a nosotros nos tocó resguardarlos. El gobierno no quiere ayudarlos. Sería más fácil para nosotros desentendernos y mandarlos de nuevo a sus casas, pero ellos han decidido cruzar a Estados Unidos y, aquí, nos toca recibirlos y apoyarlos”, comenta Tomás Diosdado, responsable de la Casa de ayuda Alfa y Omega.

Ese albergue –ubicado en Mexicali, Baja California– tiene la capacidad de resguardar a más de 450 personas; sin embargo, con la llegada del virus “nos quedamos sólo con 88 migrantes. Cerramos para evitar que quienes ya estaban aquí pudieran terminar infectados”, explica Diosdado.

Éste, como muchos otros albergues, hace lo posible por llevar a cabo las medidas de higiene básicas: el lavado de manos y la desinfección constante de espacios comunes, además de instrumentar la sana distancia y reducir las salidas para comprar lo que se necesite.

Pero otros sitios no han corrido la misma suerte. A raíz de la contingencia sanitaria, el Centro de Día para Migrantes Jesús Torres Fraire –localizado en Torreón, Coahuila– dejó de funcionar como estancia provisional y ahora sólo funge como comedor. “Regularmente aquí comen, se bañan, descansan uno o dos días y siguen su camino, pero ahora sólo se bañan, almuerzan y se van”, indica el director Javier Rodríguez.

“Dentro de nuestras posibilidades, les ayudamos a cubrir sus necesidades, pues hasta el momento sólo contamos con lo básico: artículos de limpieza, desinfectantes, alcohol, antigripales y medicamentos”, agrega.

Al respecto, Ana Mercedes Saiz, directora general de la organización Sin Fronteras, IAP, afirma que aunque la pandemia fue una situación “inédita”,  los albergues son lugares que, al tener bastante experiencia en el trabajo con la población migrante, conocen bien la realidad de dicho sector y saben aplicar las medidas de protección necesarias.

Por la propia naturaleza del virus, Mercedes Saiz señala que lo que más preocupa a los albergues es tener la capacidad y los recursos para mantenerse aislados. Por ello, “se tiene responsabilizar el Estado de dotar de bienestar a las personas y de protegerlas durante la pandemia”.

Incertidumbre se exacerba en frontera Norte

El aislamiento es un asunto muy preocupante para los directores de 12 albergues ubicados en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, pues desde que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia ya concluida– no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones gubernamentales, exacerbando la incertidumbre de no contar con los insumos necesarios.

“Ha sido muy difícil para nosotros porque no recibimos apoyo de ningún gobierno. Nuestro único apoyo es Médicos Sin Fronteras. Sólo al principio, tuvimos la visita de la Secretaría de Salud estatal, pero vino sin medicamentos. Sentimos injusto que viniera sin ningún tipo de recurso”, explica Héctor Silva, director de Casa del Migrante Senda de Vida, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.

Silva quisiera contar con la ayuda del gobierno, pues la labor que se realiza en Senda de Vida también les corresponde a ellos. “Nos hemos sentido abandonados porque no nos han venido a dar instrucciones ni apoyo ni alimento. No hay nada para atender a los migrantes”, asegura.

En la misma situación se encuentra Casa del Migrante Amar, localizada también en Tamaulipas, donde sólo están recibiendo a personas que traslada el INM y que “ya pasaron por un filtro de salud”. Sin embargo, no cuentan con ayuda de dicho Instituto, cuando “es el que debería estar más interesado en atender esta situación”, expone José Luis Flores Amador, responsable de ese albergue.

Y es que, antes de la desaparición del director de Casa Amar, Aarón Méndez, ésta tenía apoyo del gobierno estatal. “Nos ayudaban con despensas y una aportación económica bimestral, con la que pagábamos la luz y el agua, pero llevamos más de 8 meses sin recibir nada, ni un kilo de frijol nos han dado.  Como no está el director, no puedo hacer nada legalmente. Dicen que hasta que no se cambien los papeles no nos ayudarán”.

Flores Amador explica que sólo la Secretaría de Salud local se presentó en abril para dar consultas y medicina, pero nada relacionado con Covid-19, por lo que, señala, es muy indignante ver cómo cuando al gobierno le conviene ayudar, actúa y cuando no, no lo hace.

Al respecto, Brenda Cárdenas Thomae, directora del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), informa a Contralínea que la medida instrumentada por dicha institución fue la de ofrecer una capacitación, mediante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de que el personal de los refugios supiera cuáles son los síntomas de Covid-19 y cómo atender la enfermedad.

Indica que en caso de que se detecte a un migrante con cualquier tipo de malestar, “de inmediato será atendido y canalizado para su atención médica”. No obstante, los responsables de los albergues Casa Amar y Senda de Vida aseguraron no haber recibido ningún tipo de capacitación por parte de dicho Instituto.

De hecho, el pasado 20 de abril, la Secretaría de Salud de Tamaulipas notificó que 15 migrantes habían dado positivo al virus SARS-CoV-2 mientras se encontraban alojados en el albergue Nazareth, de Nuevo Laredo. La institución dijo que el contagio se produjo tras la llegada de una personas deportada de Houston, Texas, que desconocía tener Covid-19.

Ante esto, el secretario general del Gobierno estatal, César Augusto Verastegui Osorio, exigió al Instituto Nacional de Migración que retirara de la entidad a los 750 migrantes en situación irregular que se encontraban en casas de ayuda, pues reconoció que éstas no cuentan con las instalaciones necesarias para atenderlos y, “en cambio, se corre el riesgo de la propagación del virus”.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, opina que aunque los albergues acatan las medidas básicas de seguridad y sanidad, los espacios que los conforman no son muy amplios y coincide en que existe un alto riesgo de que la población migrante pueda contraer cualquier tipo de enfermedad, no sólo Covid-19.

Advierte que en caso de que ellos necesiten atención médica, al estar ilegalmente en el país, ésta no se les podría brindar y la única opción que tendrían es acudir a hospitales civiles, donde también operan con lo básico: “tienen lo mínimo para atender a la población local, si agregas la población extranjera sería insuficiente. No cuentan con la capacidad para atender a todos”.

Sobre esto, la doctora en ciencia política Olivia Joanna Gall Sonabend asevera que las fronteras entre Estados-nación marcan los derechos de los seres humanos: “si estás en tu país, tienes derechos como ciudadano, pero si provienes de otro caes en una situación de desventaja. Si eres migrante, eres más vulnerables y si a eso le sumas la pandemia, eres doblemente vulnerable. Su único apoyo son los refugios”.

Así sucede con quienes se albergan en la Casa del Migrante de Saltillo, donde los tres niveles de gobierno se han mostrado indiferentes a la situación. Los directivos del albergue buscaron el apoyo de las autoridades y lo que obtuvieron fue la impartición de un taller-reunión sobre cómo actuar durante la pandemia, pero “el personal de Jurisdicción Sanitaria estaba más en blanco que nosotros”, evidencia José Luis Manzo, coordinador del refugio.

“También solicitamos una reunión con el secretario de Salud [Roberto Bernal Gómez], pero no se ha podido concertar. Ni siquiera hemos recibido lo básico del gobierno, como cubrebocas, gel antibacterial o sanitizante. Tenemos el apoyo de la ciudadanía, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de organizaciones como ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados]”, agrega.

Asimismo, indica que cuando Humberto Moreira Valdés fue gobernador de Coahuila (2005-2011), el albergue recibió “un recurso” durante dos meses, pero “como seguíamos haciendo denuncias públicas sobre violaciones a derechos cometidas contra migrantes, el entonces secretario de Gobierno [Óscar Pimentel González] habló y dijo que se nos iba a suspender porque no cerrábamos la boca. Desde entonces no recibimos más apoyo del estado”.

Sin embargo, es obligación del Estado incluir a los migrantes en la estrategia nacional de protección a la salud, así como asignarles apoyos, ya que “de lo contrario se vulnera su derecho a la salud, a la vida, a la dignidad y a la integridad”, afirma Ana Mercedes Saiz, también integrante del Consejo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Al igual que los refugios anteriores, las casas hogar de Sonora tampoco han tenido contacto con sus autoridades. La manera en la que se mantienen a flote es gracias a las donaciones de organizaciones civiles y personas que se suman a la ayuda de la población migrante.

El Centro de Atención al Migrante Exodus, de Agua Prieta, es muestra de ello: “lo que nos ha ayudado en esta contingencia es que a un lado del Centro está la Clínica de la Sagrada Familia, la cual es atendida por las hermanas religiosas y cualquier cosa que pase, ellas nos hacen el favor de atender a quien lo necesite”, comenta su coordinador, Adalberto Ramos.

Agrega que actualmente no hay una buena relación con el gobierno municipal; sin embargo, han establecido lazos con otras instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras; “aunque no gozamos de recursos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos; hacemos lo que podemos para ayudarles”.

Por su parte, el Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, ubicado en Altar, aplica sus propias medidas de protección y en caso de que alguna persona resulte infectada: “tenemos un dormitorio que usaríamos para aislarla. También tendríamos que dar aviso al centro de salud local”, aclara Sara, representante del centro.

Aunque tampoco han tenido contacto con ninguna institución oficial, Sara asegura que el trabajo del centro comunitario es reconocido por el gobierno municipal: “no han venido a decirnos que cerremos o algo así. Otros lugares ya cerraron, pero esta casa sigue en funcionamiento porque saben que es un lugar que se necesita para las personas que vienen de paso”.

Ante esto, Contralínea solicitó una entrevista con Amos Benjamín Moreno Galindo, titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes del gobierno de Sonora, para conocer las medidas que se han implementado en favor de la comunidad migrante, pero no se obtuvo respuesta.

La resistencia en los albergues de la frontera Sur

El reflejo de esta exclusión por parte del Estado mexicano se extiende también a la frontera Sur del país, específicamente a Chiapas, donde el apoyo para las casas hogar es nulo, coinciden directivos de cuatro albergues de la entidad.

“Es mentira que las autoridades tengan interés por apoyar al migrante, si así fuera pondrían un lugar en el que ellos lleguen y se les atienda, donde haya médicos que tomen sus síntomas, sobre todo durante la pandemia porque es algo a lo que todos estamos expuestos y no podemos tomarlo a la ligera”, expresa un representante del comedor Casa de Paso del Migrante, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Expone que nunca han recibido apoyo por parte del gobierno ni de la Secretaría de Salud. Incluso han tenido contacto por teléfono con el presidente municipal de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, pero tampoco les ofreció recursos. “Creo que la falta de ayuda se debe a que las autoridades creen que las personas migrantes no necesitan atención, pero es en situaciones como ésta cuando más se requiere de ellos”, añade.

Igual es la situación de la Casa del Migrante de Arriaga, la cual tuvo que suspender enteramente sus servicios: “cerramos por completo el albergue porque las personas que atendemos somos adultos mayores y corremos mucho riesgo. Desafortunadamente no contamos con ningún tipo de servicio médico y, por eso, estamos cuidándonos”, asevera Carlos López, responsable del refugio.

“No sólo esta casa se encuentra cerrada, sino todas las de la costa de Chiapas. No estamos recibiendo a nadie. Sólo damos el servicio de regreso asistido: quienes quieren volver a sus países, los canalizamos con el Grupo Beta y ellos los llevan al [Instituto Nacional de] Migración donde les ayudan a regresar a su hogar”, informa.

Por su parte, los albergues infantil La Esperanza, AC, en Tapachula, y Ejército de Salvación, en Tuxtla Gutiérrez, resistieron la Jornada Nacional de Sana Distancia gracias al apoyo de asociaciones como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Tenemos contacto con las organizaciones que nos traen a las personas, pero no con el sector de gobierno ni de salud. Sólo nos enteramos de que en marzo había integrantes de [la Secretaría de] Protección Civil que estaban dando unos víveres, pero no supimos más que eso, con nosotros no pasaron”, evidencia Ángel López, director del refugio Ejército de Salvación.

Contralínea contactó a Rolando Iván Rodríguez Ruiz, responsable del área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Chiapas, para conocer las medidas de protección implementadas por el gobierno estatal para ayudar a la comunidad migrante, pero no se dio respuesta.

Talleres y despensas, una ayuda “mínima” para los albergues

De los 16 representantes de refugios que Contralínea entrevistó, únicamente cuatro afirmaron haber recibido algún tipo de ayuda para atender casos sospechosos de Covid-19, entre las que destacan despensas y talleres:

“A principios de abril, el DIF municipal [Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia] nos marcó para ofrecernos y traernos despensas y la Secretaría de Salud de Chihuahua nos dio pláticas informativas, pero el que sí ha estado completamente ausente ha sido gobierno federal”, indica Jorge Alberto Pérez Cobos, director de Casa del Migrante Uno de Siete Migrando.

“El gobierno del estado manifestó que iba a apoyar a las casas para migrantes, aunque no nos queda claro cómo, pero ya sacó su comunicado. Generalmente, el gobierno estatal sí nos apoya, pero más el DIF municipal”, agrega Pérez Cobos.

Y es que, el pasado 3 de abril, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar: un proyecto presupuestal de 3 mil 200 millones de pesos, dirigido a ayudar a los sectores de la población “más vulnerables”.

En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que con dicho Plan se ayudaría a “la operación de albergues para migrantes”, pero no precisó qué tipo de apoyo se otorgaría ni de qué manera. El proyecto consta de 17 programas, sin embargo, en ninguno de ellos se especifica la atención a personas migrantes.

Ante esto, Contralínea se puso en contacto con el titular de la Coordinación de Comunicación social del Gobierno del estado de Chihuahua, Manuel del Castillo Escalante, para conocer los programas que están destinados a auxiliar a la comunidad migrante, pero tampoco dieron respuesta.

En Baja California, el Centro para Migrantes Carmen Serdán cuenta con oficinas móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Nacional de Migración, lo que facilita la relación directa con las autoridades de salud, explica el coordinador Carlos Alfredo Sánchez Espinosa.

“[Representantes del] IMSS vienen todos los días a hacer chequeos, la Dirección Municipal de Salud viene por la tarde y los sábados vienen [integrantes] de la Secretaría de Salud estatal. De hecho, estuvo aquí el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico (…). Por eso nos sentimos tranquilos; estamos preparados y en contacto con la Secretaría de Salud, por cualquier situación que pudiera presentarse”, afirma.

Por su parte, en Chihuahua, el Desayunador Madre Teresa de Calcuta y el Instituto Madre Asunta, en Baja California, son los únicos albergues que informan haber recibido algún tipo de atención por parte de la Secretaría de Salud local.

El director del Desayunador, Bernardo de la Torre, señala que la única forma en la que pudieron tener contacto con las autoridades locales fue porque ellos solicitaron a la Coordinación local de Protección Civil poner filtros para prevenir algún contagio, pues éste es de los pocos albergues de Chihuahua que sigue operando con normalidad.

“Nosotros aún recibimos migrantes, pero implementamos ciertos protocolos de admisión: las personas se sientan a un metro de distancia, se lavan las manos al llegar y al irse. Tenemos gel antibacterial, usamos cubrebocas, cofia y hasta guantes. También tenemos una alianza con el Centro de Salud de Ciudad Cuauhtémoc para llevar a cabo dicho control y hay veces en que Protección Civil nos canaliza algunas personas, pero ellas ya vienen checadas”, comenta.

Mientras que Salomé Limas, trabajadora social del Instituto Madre Asunta, expresa que sólo ha tenido contacto con la Jurisdicción Sanitaria de Tijuana. Al ser éste un albergue para mujeres y niños migrantes, lograron que a través de dicha instancia, los doctores acudan dos veces a la semana a revisar a quienes lo necesiten, para que las mujeres no corran algún riesgo de contagiarse.

En entrevista, Luis Javier Algorri Franco, subsecretario de Asuntos Migratorios de Baja California, explica que desde finales de febrero, el gobierno del estado capacitó a los responsables de 18 albergues en Mexicali y 12 más en Tijuana para que pudieran identificar los síntomas de Covid-19. Asimismo, dijo, se está aplicando un apoyo de despensas.

Isabel Sosa, directora de Economía Social de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California, afirma que gracias a las donaciones de empresas privadas, se repartirá producto agrícola para las asociaciones que más lo necesiten, entre ellas, los albergues para migrantes.

“Se giraron oficios a las empresas para hacer líneas de acción a favor de las asociaciones, en especial de asilos, casas hogares, casas de migrantes y centros de rehabilitación”, comenta. Por lo que la primera entrega de alimentos –brócoli, lechuga bola y lechuga romana, apio y espinacas– se distribuirá entre 11 casas de ayuda de Mexicali y Tijuana. “La Secretaría de Integración repartirá este apoyo a un total de 3 mil 192 beneficiados, cuidando las medidas de higiene y seguridad sanitaria”, agrega.

Respecto a la suficiencia de recursos de los albergues, Algorri Franco considera que éstos sí cuentan con lo básico para para afrontar la pandemia: “las necesidades de los albergues siempre son muchas, pero la alimentación es lo que más preocupa; muchos [refugios] recibían apoyos de organizaciones de Estados Unidos y ahora el cruce de la frontera es muy complicado”.

Asegura también que existe comunicación directa con los albergues, pues el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, siempre les ha brindado apoyo “e incluso estamos viendo una reforma a la ley para hacer efectivos los derechos que tienen aquí, en el estado”.

En contraste, Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana, expresa que, al igual que en otros refugios fronterizos, no ha tenido contacto ni ayuda de las autoridades gubernamentales: “ellos no tienen interés. No sé si piensen que estamos bien o sólo no quieren gastar dinero, pero esperamos que en unos años, cuando cambie el gobierno, podamos recibir más apoyo”.

Expone que los únicos grupos que les auxilian son ACNUR y la OIM. “Por parte de la municipalidad no hemos tenido más que unas bolsas de frijoles; no han hecho ningún contacto serio con nosotros”, opina.

Por ello, Murphy pide a los tres niveles de gobierno tomar en cuenta la situación de los albergues, ya que éstos son los que están realizando la labor humanitaria que “le toca hacer a las autoridades. Lo mínimo que podríamos recibir es lo que se requiere: que hagan su chamba, que muestren interés por los migrantes que todavía están aquí, que están vivos y son a quienes prometieron ayudar”.