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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que mañana 7 de junio se cumplen 22 años de la masacre de El Charco, Guerrero, sin que haya justicia para las víctimas.

En un comunicado, la organización señaló que elementos del Ejército Mexicano masacraron a 11 indígenas Na Savi de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, además de torturar y detener arbitrariamente a otros 27 y dejar cinco heridos.

Los hechos, rememoró, ocurrieron la madrugada del 7 de junio cuando militares llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado y, sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, dispararon contra los indígenas que se encontraban pernoctando ahí después de una reunión de autoridades comunitarias. En ésta, “analizaban y discutían como mejorar su alimentación y condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización. Estaba programado que el día 7, al finalizar los trabajos, los promotores de salud darían atención médica a los pobladores”.

Para Tlachinollan, el Ejército Mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. “En la represión un niño fue herido de gravedad y cinco fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte: estuvo detenida junto con los varones”.

El Centro de Derechos Humanos acusó que nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos. Y que el único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas a quienes les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de 2 años.

Hasta la fecha, señaló Tlachinollan, no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército Mexicano.

Y advirtió que a pesar de que el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el organismo ha emitido informe de admisibilidad, en México esas graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado.

Además resaltó que “la comunidad de El Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria”.

La impunidad en que se encuentran, indicó, “lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”.

La organización aseguró que la masacre de El Charco “es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejército Mexicano realiza tareas de seguridad pública”. Al respecto, indicó que esa institución “carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas”.

Por ello, consideró que las masivas violaciones a los derechos humanos acontecidas en Guerrero forman parte de “una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición. Graves violaciones como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos”.