Respuesta del reportero

Señor director:

En relación con la carta del exdirector general de Comunicación de la CNDH Jesús Ramírez López, me permito comentar lo siguiente.

El exfuncionario ignora que todo servidor público está sujeto al escrutinio de la sociedad y, particularmente, del periodismo. Sorprende que quien se desempeñó en una institución de defensa de los derechos humanos emita juicios contra la libertad de prensa y proponga una mordaza si las irregularidades detectadas por el periodismo de investigación no cuentan con la sentencia firme de un juez. Más allá de la confusión de Ramírez López, tal propósito sería digno de regímenes autoritarios y opacos; no de una sociedad democrática donde prevalezcan los derechos humanos.

Destaco que al exservidor público se le solicitó una entrevista antes de que se publicara el reportaje, del cual han visto la luz las primeras dos partes. Incluso se le informó claramente que se publicarían los contratos asignados de manera directa que fueron solicitados por la dirección a su cargo de 2016 a 2019.

El exfuncionario no concedió la entrevista, sino que envió un escrito cuyas partes sustanciales se publicaron oportunamente en la primera parte del propio reportaje. No omito decir que Contralínea también solicitó entrevista con el expresidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez y con su primer encargado de comunicación Néstor Martínez Cristo. Hoy funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos rechazaron hablar con este medio de comunicación.

Jesús Ramírez López se queja de que en el trabajo periodístico se haya presentado como “conducta irregular” el pago de salarios y prestaciones. Hubiera aprovechado para explicar al menos un aspecto de lo que el reportaje señala: mientras ya fungía como titular de Comunicación con un sueldo de más de 167 mil pesos mensuales, obtuvo un contrato de “prestación de servicios profesionales” para recibir adicionalmente de la institución 45 mil 900 pesos cada mes.

También el exfuncionario confunde lo revelado por el reportaje con lo declarado por la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en una entrevista a propósito de los hallazgos de Contralínea. La investigación periodística no señala si fueron “muchos” o “pocos” los contratos adjudicados de manera directa por la institución. Con precisión señala que fueron 1 mil 128 contratos de este tipo por 322 millones de pesos y que se pagaron desde gorras y camisetas hasta “asesorías” de periodistas por 450 mil y más de 800 mil pesos para dar “seguimiento a entrevistas”. Este medio de comunicación cuenta con copia de todos ellos.

Las irregularidades señaladas por Rosario Piedra Ibarra, en la entrevista citada, son parte de lo que encontró la nueva Presidencia de la CNDH que motivaron el inicio de auditorías. La actual servidora pública se hace cargo de sus declaraciones.

Contralínea cuenta con los documentos que sustentan cada línea del reportaje que está en curso de publicación y de los cuales Ramírez López prefirió no hablar ni en entrevista ni en la misiva enviada.

Atentamente,

Zósimo Camacho