viernes 10, julio 2020

Autor:

Ciudad de México, a 3 de junio de 2020.

Sr. Miguel Badillo Cruz

Director de Contralínea

Presente

Sr. Director:

Respecto de las notas y entrevista publicadas en el portal de Contralínea en días recientes, aduciendo presuntas irregularidades administrativas en la gestión inmediata anterior de la CNDH, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

  1. Difundir o formular públicamente imputaciones sin sustento que pretendan responsabilizar a personas de presuntas irregularidades administrativas o inclusive conductas de carácter ilícito, viola el derecho de presunción de inocencia y atenta contra el derecho a la honra y reputación, cuestiones que van en contra de la propia naturaleza del Ombudsperson, del respeto a la legalidad, así como del manejo veraz, objetivo e imparcial de la información. Este tipo de señalamientos, requiere que se hayan agotado los procesos correspondientes y exista una determinación firme de autoridad competente en tal sentido. La legalidad de un acto o de la conducta de una persona, no puede sustentarse en inferencias, presunciones u opiniones que dejen de lado normas y hechos objetivos.

  2. Entre otras cuestiones, las notas y entrevista publicadas en su portal, presentan información parcial, sesgada o notoriamente falsa. Se pretende señalar, sin fundamentos, que durante los cinco años de la pasada administración en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presupuesto público asignado se manejó indebidamente y que existieron irregularidades o se desviaron recursos. Por ejemplo, se plantea como conducta irregular el pago de salarios y prestaciones a los servidores públicos, cuyos montos y términos estaban establecidos por ley, desde administraciones anteriores.

  3. Las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la gestión del Mtro. Luis Raúl González Pérez, son públicas y constan en los informes anuales, gacetas, informes de gestión y comunicados oficiales que obran en la página web de la CNDH, así como en las recomendaciones específicas y generales, los informes especiales, las acciones de inconstitucionalidad y demás documentos vinculados a la atención de violaciones a derechos humanos, documentación que también esta? disponible para consulta pública como información objetiva y verificable, y que se omitió considerar en las notas y en la entrevista publicadas en Contralínea para sostener, sin fundamento, que la CNDH no cumplió, ni ejerció sus funciones en la administración pasada.

  4. Las publicaciones de Contralínea omiten señalar que durante los cinco años de la anterior administración, la gestión de la CNDH fue objeto de 167 auditorías, tanto del Órgano Interno de Control, como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de despachos de Contadores Públicos (en términos de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación). A la fecha de conclusión de la administración del maestro González Pérez no se encontraba vigente observación alguna de los órganos fiscalizadores respecto del ejercicio presupuestal en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios e inserciones, ni sobre ningún otro tema parte del Informe de Resultados. Toda esta información es del conocimiento de las actuales autoridades de la CNDH y ha estado a disposición del público para su consulta, ingresando a la página electrónica oficial de la CNDH.

  5. Cuando se alude a las supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas en la CNDH, las notas no mencionan que la gran mayoría (cuando menos el 70%), se realizaron mediante mecanismos de licitación y concurso, por lo que las adjudicaciones directas, que se pretenden señalar en las notas como la vía principal de contratación, no fue la práctica dominante ni recurrente en la administración pasada, además de que todos los casos en que se aplico? esta opción estuvieron apegados a la norma, justificando su necesidad y procedencia, hay constancia y registro de ello en cada caso.

  6. Todo el presupuesto de la CNDH se ejerció conforme a las normativas aplicables, destinándose estrictamente al ejercicio de las funciones de la institución, bajo criterios de eficacia, eficiencia y oportunidad, existiendo inclusive un programa de austeridad y disciplina presupuestal con resultados obtenidos que se publicaron cada año. Más que despilfarros y gastos innecesarios, la CNDH fomentó y obtuvo economías en su ejercicio presupuestal, habiéndose devuelto los recursos correspondientes a la Tesorería de la Federación.

  7. Otro ejemplo de falsedades en las notas y en la entrevista publicadas en su portal, es afirmar que durante la administración pasada se adquirieron vehículos blindados o que los viajes realizados no hubiesen tenido relación con el ejercicio de las funciones institucionales. Los vehículos blindados fueron adquiridos por administraciones anteriores; y cada uno de los viajes fueron sustentados, y los respectivos viáticos sujetos a estrictos mecanismos de validación y de reembolso conforme a las normas. El entonces Presidente de la CNDH realizó los reembolsos de los viáticos no ejercidos, por lo que es falso que se pretenda señalar que tales rubros constituían ingresos adicionales, no sujetos a justificación por parte del personal. El objetivo, alcance y propósito de los viajes, en particular de los realizados por el anterior Ombudsperson ha sido público en todo momento y consta en los informes anuales y en las gacetas, así como en el Informe de Gestión a los que me he referido previamente.

  8. En cuanto a la presunta venta de diplomas o constancias de capacitación de la CNDH por internet, es, por supuesto, un hecho que debe ser investigado, siendo pertinente comentar que de la información referida en las publicaciones, no existe elemento objetivo para vincular con tal actividad irregular a algún servidor público de la administración de la CNDH que concluyó en noviembre de 2019, además el diploma, cuya fotografía aparece como prueba, está fechado el 10 de abril de 2020.

  9. Por último, llama la atención que se mencione como otra irregularidad la supuesta operación ilegal de áreas jurídicamente inexistentes en la CNDH, como sería la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, cuando esta área fue establecida por el propio Consejo Consultivo de la CNDH, quedando su creación y funciones formalizadas en el Reglamento Interno que aprobó ese órgano colegiado hace casi 30 años.

  10. El apego a la legalidad y a la prevención de los abusos de poder, directos o indirectos por parte de las autoridades, fueron la pauta que rigió el periodo de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH. Pretender descalificar la misma, así como la conducta de quienes laboramos en ella, sin elementos válidos, veraces, objetivos y concretos, violenta los derechos de las personas al afectar su reputación, estima y buen nombre, y vulnera la imagen y concepto que de los mismos tienen las demás personas y sus allegados.

Por lo anterior, solicito a usted sean publicadas estas consideraciones para conocimiento de sus audiencias.

Atentamente

Jesús Ramírez López

Respuesta del reportero

Señor director:

En relación con la carta del exdirector general de Comunicación de la CNDH Jesús Ramírez López, me permito comentar lo siguiente.

El exfuncionario ignora que todo servidor público está sujeto al escrutinio de la sociedad y, particularmente, del periodismo. Sorprende que quien se desempeñó en una institución de defensa de los derechos humanos emita juicios contra la libertad de prensa y proponga una mordaza si las irregularidades detectadas por el periodismo de investigación no cuentan con la sentencia firme de un juez. Más allá de la confusión de Ramírez López, tal propósito sería digno de regímenes autoritarios y opacos; no de una sociedad democrática donde prevalezcan los derechos humanos.

Destaco que al exservidor público se le solicitó una entrevista antes de que se publicara el reportaje, del cual han visto la luz las primeras dos partes. Incluso se le informó claramente que se publicarían los contratos asignados de manera directa que fueron solicitados por la dirección a su cargo de 2016 a 2019.

El exfuncionario no concedió la entrevista, sino que envió un escrito cuyas partes sustanciales se publicaron oportunamente en la primera parte del propio reportaje. No omito decir que Contralínea también solicitó entrevista con el expresidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez y con su primer encargado de comunicación Néstor Martínez Cristo. Hoy funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos rechazaron hablar con este medio de comunicación.

Jesús Ramírez López se queja de que en el trabajo periodístico se haya presentado como “conducta irregular” el pago de salarios y prestaciones. Hubiera aprovechado para explicar al menos un aspecto de lo que el reportaje señala: mientras ya fungía como titular de Comunicación con un sueldo de más de 167 mil pesos mensuales, obtuvo un contrato de “prestación de servicios profesionales” para recibir adicionalmente de la institución 45 mil 900 pesos cada mes.

También el exfuncionario confunde lo revelado por el reportaje con lo declarado por la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en una entrevista a propósito de los hallazgos de Contralínea. La investigación periodística no señala si fueron “muchos” o “pocos” los contratos adjudicados de manera directa por la institución. Con precisión señala que fueron 1 mil 128 contratos de este tipo por 322 millones de pesos y que se pagaron desde gorras y camisetas hasta “asesorías” de periodistas por 450 mil y más de 800 mil pesos para dar “seguimiento a entrevistas”. Este medio de comunicación cuenta con copia de todos ellos.

Las irregularidades señaladas por Rosario Piedra Ibarra, en la entrevista citada, son parte de lo que encontró la nueva Presidencia de la CNDH que motivaron el inicio de auditorías. La actual servidora pública se hace cargo de sus declaraciones.

Contralínea cuenta con los documentos que sustentan cada línea del reportaje que está en curso de publicación y de los cuales Ramírez López prefirió no hablar ni en entrevista ni en la misiva enviada.

Atentamente,

Zósimo Camacho