viernes 3, julio 2020

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La continua agresión que sufren las personas defensoras del medio ambiente “se debe a una debilidad de los mecanismos de justicia y a una ambigüedad normativa”, advirtió Benjamín Berlanga, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (Ucpast) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al respecto, Aarón Mastache Mondragón –coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación– reconoció en videoconferencia que “uno de los grandes adeudos en este país es el tema de la justicia, al prevalecer un alto grado de impunidad, como lo revelan muchos de los casos registrados de periodistas y defensores de los derechos humanos y ambientales”.

Explicó que cuando se creó el Mecanismo, en 2012, tenía 48 beneficiarios y hoy atiende a 1 mil 206 personas, de las cuales 810 son defensoras de derechos humanos y ambientales y 396 periodistas. Destacó que la mayor parte de los protegidos se ubican en la Ciudad de México, donde se concentra el 14 por ciento, seguido de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Agregó que las principales causas de agresión son “la defensa de la tierra y del agua, recursos afectados por la sobreexplotación minera, forestal y de cambio de uso de suelo, entre otros. De ahí que cada vez más grupos comunitarios demandan protección”.

No obstante, advirtió que la labor del mecanismo ha sido “meramente reactiva”, ya que actúa cuando ya surgieron los problemas, situación por la cual aseveró que “urge atender los casos de forma preventiva desde la fuente de origen”.

Por otro lado, Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A C (Cemda), subrayó que en 2019 se registraron 39 ataques a defensores ambientales, de los cuales el 19.3 por ciento fueron amenazas, el 15.8 por ciento criminalización y el 21.1 por ciento se concretó en homicidio. En 40.5 por ciento de los casos, “se señaló al gobierno como perpetrador”.

Asimismo, indicó que Oaxaca, el Estado de México, Puebla y Morelos son los estados donde ocurre la mayor cifra de ataques, siendo los megaproyectos en desarrollo el detonante, con la minería como el sector más letal, seguido de los proyectos hidroeléctricos y de energía eólica. Situación que no ha cesado pese a la emergencia sanitaria que vive el país por la Covid-19.

Además, la experta en derechos humanos del Cemda alertó que la violencia contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio se ha recrudecido a nivel global desde 2018, cuando se perpetraron 164 asesinatos en todo el mundo.

De tal manera, enfatizó que una de las prioridades en la agenda política debe ser eliminar todas las formas de violencia contra estas personas, “ya que los defensores ambientales se encuentran en especial condición de riesgo”; así como urge crear una política integral de protección adecuada y efectiva para ellas, reconocer su labor, y “reconocer a pueblos y comunidades equiparables como sujetos de derecho”.

Por su parte, Benjamín Berlanga determinó que los pronunciamientos del sector ambiental deben continuar y hacerse cada vez más efectivos; “se requiere buscar la articulación del gobierno con las organizaciones sociales, además de una coordinación interinstitucional con las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales”.

Y aseveró que “se deben impulsar cambios en la legislación medioambiental para poder asegurar una protección más activa de los recursos naturales y del medio ambiente que juegue a favor de los defensores ambientales, que hoy ponen su cuerpo para defender la naturaleza, su vida y la vida de todos”.