jueves 2, julio 2020

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En desprotección y sin acceso a justicia es como enfrentan las mujeres indígenas el incremento de la violencia de género y familiar en el contexto de la pandemia por Covid-19: la posibilidad de buscar redes de apoyo y refugio se redujo ante el distanciamiento social. Ello, como consecuencia de la discriminación y racismo históricos sufridos por los pueblos, mismos que se han mostrado con mayor fuerza, denunció la Red de Abogadas Indígenas (RAI).

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh) revelaron que el 66 por ciento de mujeres indígenas sufrió, al menos, un hecho de violencia en su vida. Ellas reciben violencia no sólo de quienes viven en sus casas sino que los agresores son múltiples: el Estado, los militares, las trasnacionales e incluso las autoridades comunitarias juegan un papel importante en este ejercicio de violencia, enfatizó Fátima Gamboa, de la organización Equis Justicia para las Mujeres

Acceder a justicia se trunca por el simple hecho de ser mujeres, advirtió Yuteita Hoyos Ramos, abogada en la Red. Y es que, aunque el 22.9 por ciento de quienes pertenecen a una comunidad originaria indicó haber sufrido algún trato discriminatorio negándoles servicios, las mujeres “nos encontramos mucho más excluidas que la población indígena en general; estamos aún más rezagadas por el Estado”.

A la condición de género se suman la pobreza y marginación “a la que hemos sido sometidas históricamente la población indígena”, como consecuencia de prejuicios y concepciones sobre su origen étnico, sus rasgos culturales y el color de piel. La abogada Yuteita Hoyos indicó: “las mujeres habitamos alejadas de las cabeceras municipales donde se encuentra, por lo general, los juzgados, fiscalías y ministerios público”.

Además, la abogada de la Red precisó que en tiempos de pandemia, instituciones encargadas de garantizar justicia cerraron o hay rezago en la atención (como en las fiscalías), pues personal que corre riesgo acató la medida de aislamiento para prevenir contagiarse del nuevo coronavirus. Asimismo, añadió que en las fiscalías otro déficit en este tiempo es el de psicólogas.

En caso de lograr acceder a los servicio de justicia, las poblaciones se encuentran con más obstáculos: la falta de traductores e intérpretes; el pago de una multitud de traslados de hasta más de 8 horas; pagar copias con costos que podrían llegar a los 500 pesos, en algunos casos y, de nueva cuenta, la discriminación por parte de los funcionarios pese no existir datos al respecto, detalló Hoyos Ramos.

Lo que muestra “la carencia de una perspectiva intercultural y de género” y  de contemplar “un pluralismo jurídico, de un sistema donde coexisten diferentes sistemas normativos”, porque, para la RAI, las mujeres de los pueblos pueden y podrían acceder a justicia mediante los sistemas normativos internos de las comunidades, observó la abogada Yuteita Hoyos.

Sin embargo, aunque tales sistemas han sido reconocidos a nivel constitucional desde 2001, las autoridades municipales desconocen la autonomía y la libre determinación, autoridades que a su vez carecen de perspectiva de género en la atención de los servicios. Ante ello, desde la Red se ha puntualizado y exigido capacitar a los impartidores de justicia.

Ante el panorama enfrentado por las mujeres indígenas, Yuteita Hoyos Ramos recordó la importancia de no dejar sin recursos a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana: “juegan un papel muy importante en el acceso a la justicia. Ellas se han dirigido a autoridades estatales donde son respetados sus acuerdos”.

Las Casas resisten y continúan dando servicios a las mujeres violentadas con poco o nada de recursos ante del recorte presupuestal del 75 por ciento al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; corren el riesgo de cerrar, como ya lo hizo la Casa Ometepec, en Guerrero; seis resistirán un poco más y nueve ya no pueden sostenerse, denunciaron.